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Aborto Legal, seguro y gratuito: la lucha sigue tras el rechazo de su legalización por el Senado de Argentina

Nota informativa de Otros Mundos A.C. - A 9 de agosto 2018
 
El miércoles 8 de agosto 2018 fue un día histórico para los derechos de las mujeres en Argentina. El proyecto de ley que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E.) hasta la semana 14 de gestación se debatió en el Senado tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio. Desgraciadamente, a las 02:45 en la madrugada del jueves 9 de agosto, el texto fue rechazado, con 38 votos en contra y 31 a favor. Siendo 72 senadores en la Cámara Alta, se necesitaban 37 votos a favor (la mitad de los senadores + 1) para que la ley pasara.
 
El voto en la Cámara de Diputados no había sido fácil, pero se había logrado su aprobación con 129 votos a favor y 125 en contra, tras 23 horas de debate, gracias a la movilización de un millón de personas en la calle. Ayer también, las mujeres argentinas inundaron las calles afuera del Congreso para presionar a sus representantes, pero fue suficiente para luchar contra el conservadurismo de los senadores y las senadoras.
 
 
Intervención de la Senadora Norma Durango, del Partido Justicialista (PJ), a favor de la Ley:
 
 

Guatemala: Impacto del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres de la Costa Sur

Artículo de Awex Mejia Cipriano y Elias Raymundo Raymundo, publicado en el informe "Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central" de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) - Primera edición: marzo 2018

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

1. Introducción

Hoy día, los grandes productores de la caña de azúcar, que se aglutinan en la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), se vanaglorian de las 283,898.85 hectáreas que tienen sembradas con este cultivo, que a nivel de América Latina y El Caribe, Guatemala es el segundo productor y a nivel mundial es el cuarto país exportador y el tercer productor por hectárea; que el cultivo de azúcar crea 425,000 empleos de forma directa e indirecta, de los cuales 32,000 son de cortadores de caña, de representar el 3% del PIB nacional y el 15.36% de las exportaciones totales de Guatemala, y que, además, la industria de la caña de azúcar utiliza el bagazo de la caña para la producción del 25% de la energía eléctrica en la época de zafra en el Sistema Nacional Interconectado -SNI-, y que es uno de los principales fabricantes de alcohol originario en Centro América. (PNUD, 2016).

En cambio, ocultan que su riqueza se basa en la explotación de la tierra y de la mano de obra, en el acaparamiento de las tierras, en la extinción de la biodiversidad, y en la extracción desmedida del agua. No dicen que la mayoría de trabajadores en las grandes plantaciones de caña de azúcar no poseen contratos escritos de trabajo, lo que impide determinar con claridad la temporalidad del contrato, la naturaleza del trabajo o las condiciones de pago, además de no contar con prestaciones de ley; tampoco dicen que la jornada laboral de los trabajadores temporales es de doce horas o más, iniciando a las cuatro o cinco de la mañana, dependiendo de la distancia a la que se encuentren del área de corte, lo que incide en la hora de regreso al descanso; y que las condiciones de alimentación, higiene y espacios para descanso son precarias y no son adecuadas para la reproducción digna de la vida. (PNUD, 2016).

En general, el 90% de los jornaleros gana un salario mensual por debajo del salario mínimo, el salario más bajo es devengado por las mujeres. El 94.7% de la población que trabaja en agricultura no cuenta con seguro social y es común el trabajo infantil, no hay espacios para la organización de los trabajadores y existe la ausencia del Estado en la inspección laboral de las fincas. (PNUD, 2016). Mucho menos se hace algo por garantizar las condiciones de vida digna para las mujeres. Se ha reportado que les pagan menos que a los hombres aunque hagan el mismo trabajo, les tratan de una forma humillante, no tienen ni tiempo para comer, y no les dan trabajo si no se acuestan con el encargado. (Castro, N. 2017).

Tampoco dicen que las enormes extensiones de monocultivo de caña de azúcar requieren grandes cantidades de agua, para lo cual la extraen del subsuelo construyendo profundos pozos industriales que dejan secos los pozos artesanales de las comunidades campesinas. Seguir visibilizando y denunciando el impacto del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres en la costa sur, es el objetivo de CEIBA al realizar este trabajo, con la finalidad de seguir posicionando las acciones y principales demandas desde la perspectiva de las mujeres.

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El Ministerio Público de Honduras perpetúa la impunidad en el crimen de Berta Cáceres

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) - Tegucigalpa, Honduras, a 7 de agosto 2018

>> Video de la conferencia de prensa el 7 de agosto 2018 en Tegucigalpa <<

El COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo de abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), nos presentamos ante la opinión pública para alertar sobre el futuro del proceso judicial por el asesinato de nuestra compañera y coordinadora general, Berta Cáceres, y el intento de asesinato de nuestro compañero Gustavo Castro.

En pocos días nos vamos a presentar a una audiencia de proposición de pruebas sin tener la posibilidad de acceder a toda la evidencia recolectada desde hace más de 2 años en allanamientos y diligencias judiciales e investigativas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). En por lo menos 35 ocasiones la fiscalía del caso se ha negado a entregar información o lo ha hecho de forma parcial, segmentada o de manera irregular.

Hemos presentado solicitudes específicas de la información necesaria para asistir a un juicio con las garantías debidas y el Ministerio Público las ha ignorado, así como ha ignorado reiteradas órdenes judiciales por parte del Tribunal de Sentencia para entregar la información, como la que venció el viernes pasado, después del vencimiento del término de 5 días.

Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo.

Debemos denunciar que esta actitud de las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del asesinato de Berta Cáceres, a los autores intelectuales que aún no han sido procesados.

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[VIDEOS] Informe Río Sonora: La omisión que quitó vida a miles

Este reportaje fue realizado por la periodista Priscila Cárdenas, la fotografía, realización y edición del video es de Aarón Alcaraz, para Proyecto Puente y Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS - A 6 de agosto 2018 (Disponible en Proyecto Puente y Connectas)

El derrame tóxico en el Río Sonora, pudo haberse evitado. Así lo revela esta investigación que a cuatro años de la peor tragedia ambiental de México muestra cómo para sobrevivir los siete pueblos afectados solo consumen agua embotellada, mientras la siembra, que fuera una de sus actividades, quedó prácticamente aniquilada.

Omisiones de las autoridades tanto locales como federales, así como una multa ínfima, comparada contra el daño, han dejado bien librada a Buenavista del Cobre, responsable de desencadenar el desastre ambiental que aún no termina.

Un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora, puesto en los techos y patios de las casas de siete poblados, parece la huella que quedó de la tragedia ambiental que el 6 de agosto de 2014 contaminó con 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos el Río Sonora. Una tragedia que Buenavista del Cobre, la mina más grande de México y la tercera más importante del mundo, pudo haber evitado.

Óscar Encinas Gámez, de 64 años, uno de los afectados, dejó de sembrar maíz y alfalfa al saber que la toxicidad del agua, provocada por un derrame en la mina Buenavista del Cobre, duraría más de 90 años. Como él, un total de 22 mil personas se vieron afectadas de manera directa, por la omisión de autoridades federales y locales, al no haber realizado las inspecciones de rutina en la minera.
 
Así lo revela esta investigación de Priscila Cárdenas para Proyecto Puente y Aristegui Noticias con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS, que demuestra cómo ninguna autoridad supervisó a la minera perteneciente a Grupo México durante los últimos 14 años. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solo revisó las instalaciones cuando el desastre ya había ocurrido. Su anterior visita había sido diez años atrás.

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