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Impunidad del Gobierno hondureño en el asesinato de Berta Cáceres

Comunicado del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) - A 2 de septiembre 2018

El asesinato de Berta Cáceres es un ejemplo evidente de la persecución política, los ataques y estigmatizaciones a las que se someten los defensores-as del territorio y líderes-as sociales de las comunidades tanto como de la violación permanente de los Derechos Humanos de las poblaciones locales. Es un caso emblemático para toda la región latinoamericana que evidencia como estos crímenes se incrementan de manera sistemática producto de la impunidad y la captura corporativa que implementan las empresas frente a los estados nación.

Desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) manifestamos nuestra solidaridad con el COPINH, y nos sumamos al rechazo e indignación mundial por la impunidad que el Estado hondureño pretende generar con el asesinato de Berta Cáceres. Ratificamos que no vamos a permitir que este crimen quede en la impunidad y no aceptaremos el silencio cómplice de nuestros gobiernos frente a los cientos de víctimas que a diario se asesinan por el modelo extractivo que imponen las grandes corporaciones.

Nos permitimos informar a los movimientos sociales internacionales que entre el 17 de septiembre hasta el 19 de octubre se realizarán las audiencias del juicio oral y público en el proceso que se lleva en contra de 8 personas imputadas por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra el compañero Gustavo Castro. Estas audiencias no solamente deben juzgar los autores materiales del crimen, sino que tienen que investigar y clarificar los autores intelectuales y los eslabones claves, para que de esta manera se permita desentrañar la asociación ilícita que se construyó para atacar al COPINH y a Berta en su ardua lucha contra el modelo extractivo y de saqueo, específicamente contra la instalación del Proyecto Hidroeléctrico "Agua Zarca" de la empresa DESA, proyecto ilegítimo, inconsulto y actualmente rechazado por las comunidades Lencas afectadas.

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Informe sobre la jurisdicción agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en México

Informe publicado por la Fundación por el Debido Proceso - Agosto 2018

Autores: Gabriela Torres Mazuera, Jorge Fernández Mendiburu, Claudia Gómez Godoy

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

INTRODUCCIÓN:

Este informe tiene por objetivo realizar un balance actualizado sobre el desempeño de la Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN) y Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS) a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas (DHPI) y en relación al proceso de despojo de tierra que experimentan hoy en día ejidos y comunidades en regiones indígenas de México.

Nos interesa plantear recomendaciones y destacar la importancia de concebir a los ejidos y comunidades en términos de patrimonio colectivo, fundamental para la reproducción sociocultural de los pueblos indígenas y campesinos del país. Esto es, nos interesa destacar la función de los ejidos y comunidades no solo para la producción de alimentos sino como lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural, identitaria y de organización político-administrativa, lo cual conlleva necesariamente a extender la noción restrictiva de tierra hacia la de territorio.

El argumento central del presente informe es que la legislación agraria en México, aunque ha tenido un importante desarrollo para regular la propiedad social de la tierra constituida por ejidos y comunidades, no ha garantizado una protección cabal de la propiedad indígena -entendida como territorio colectivo-. Hasta la fecha no existen mecanismos legales bien establecidos con un enfoque intercultural para la protección y defensa del territorio indígena en México. A ello se suma que tampoco existe una institución gubernamental que en la práctica esté protegiendo la dimensión social de la propiedad ejidal y de bienes comunales en territorios indígenas, ni que ofrezca asesoría dirigida a fortalecer la dimensión colectiva de la propiedad, menos aún que respete la libre determinación de los pueblos indígenas sobre su territorio.

Aunque existen instancias gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos agrarios e indígenas, que por disposición legal deberían salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de la Procuraduría Agraria, los Tribunales Agrarios y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los hechos se alejan de su misión favoreciendo intereses privados. Como mostraremos en este informe con algunos casos documentados, estas instituciones han facilitado la privatización y mercantilización de las tierras ejidales de uso común y las tierras de comunidades.

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Zacatecas: Los engaños del gobierno en torno a la presa Milpillas

Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros De Zacatecas (OCMZac), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) - A 28 de agosto de 2018

Análisis crítico del Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo, publicado en mayo 2015

Antes de iniciar surgen varios cuestionamientos:

¿Por qué si desde el año 2015 se publicó un Estudio de Factibilidad de más de 500 páginas, hasta ahora el Gobierno del Estado de Zacatecas busca "dialogar" con las y los ejidatarios? Además, dicho estudio tuvo un costo de más de 16 millones de pesos, y aun así le falta información básica y se basa en una suposición no comprobada y errónea, a saber, que la presa Milpillas permitirá frenar el abatimiento de los acuíferos de la región centro de Zacatecas.

Por otro lado, ¿por qué el Gobierno Estatal falsificó el Acta ejidal inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) con fecha del 19 de abril del 2018? Esta acta tiene como asunto: Someter a consideración de la Asamblea la anuencia para que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) realice trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y/o cualesquier otra autoridad de carácter federal, estatal o municipal, el cambio de uso de suelo respecto a aproximadamente 11 ha de tierras ejidales. E incluso la Delegación de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, el ombudsman de los campesinos encargado de asesorar y orientar a los sujetos agrarios y garante de la legalidad, solapa y se presta a este tipo de actos, incurriendo en delitos penados por las leyes mexicanas. Son muchos los atropellos y engaños que se han presentado en esta promesa de progreso y desarrollo.

El Estudio de Factibilidad enuncia cuatro áreas amenazadas y dedica centenares de páginas a describir y justificar los impactos de la presa y el acueducto sobre la fauna y flora en los ocho municipios afectados. Estos impactos no son despreciables. Por otra parte, falta información básica, por ejemplo: sobre la altura y anchura de la cortina, sobre el caudal del río Milpillas durante las diferentes temporadas, y sobre los impactos hidrológicos y sociales aguas abajo de la presa. De esta manera, el Estudio de Factibilidad no analiza algunos de los impactos socioambientales más importantes del proyecto. Estos tienen que ver con la extracción de docenas de millones de metros cúbicos de agua de una cuenca que ya sufre estrés hídrico, para transportarla a otras cuencas entre Fresnillo y la Zona Conurbada Zacatecas Guadalupe (ZCZG), donde el manejo del agua se caracteriza por la falta de contabilidad, ineficiencia, pérdidas y desigualdad. El Estudio afirma que la presa Milpillas aliviará la presión sobre los acuíferos en el corredor Fresnillo-ZCZG, pero no presentan los cálculos para respaldar esta afirmación. Resulta ser una falacia.

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Caso Berta Cáceres: el Ministerio Público de Honduras obstaculiza el camino hacia el juicio

Nota informativa de Otros Mundos A.C. - A 24 de agosto 2018

Faltan pocos días para que inicie el juicio oral y público de las 8 personas acusadas en el caso del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres y el intento de asesinato del activista mexicano Gustavo Castro, perpetrados el 2 de marzo 2016. Se debe llevar a cabo en Tegucigalpa, capital de Honduras, del 10 al 28 de septiembre 2018. La presión es alta y la agenda muy apretada, ya que el 2 de noviembre se vence la detención preventiva de 4 de los acusados.

El problema es que aún falta que el Ministerio Público analice y entregue informaciones claves antes de que pueda desarrollarse el juicio de manera justa para las víctimas, las cuales son los familiares de Berta y la organización que coordinaba hasta su muerte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El Ministerio Público omitió analizar elementos recolectados en los allanamientos realizados a los imputados y en las oficinas de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.(DESA). Esta empresa es la encargada del proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca" contra el cual luchaba Berta para defender al pueblo lenca y al río Gualcarque con el COPINH, y sabemos que tiene una alta responsabilidad en el crimen. En una investigación independiente publicada en noviembre 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) documentó la estrategia de DESA para eliminar cualquier oposición a "Agua Zarca". Por ello, urge analizar estas informaciones, almacenadas principalmente en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros y computadoras. Además, falta peritar el arma de fuego encontrada en la vivienda de Mariano Díaz Chávez, que podría ser el arma del crimen. Esto es lo que no ha hecho el gobierno de Honduras en dos años.

Un obstáculo a la Audiencia de Proposición de Pruebas

La omisión del Ministerio Público está obstaculizando el desarrollo de la Audiencia de Proposición de Pruebas, ya que las víctimas requieren que toda esta información esté disponible poder construir una acusación sólida y ejercer plenamente su derecho a la verdad. La audiencia estaba prevista ayer 23 y hoy 24 de agosto, pero el tribunal decidió posponerla al viernes 31 de agosto y el sábado 1 de septiembre, debido a la abundancia de la información que aún falta por analizar.

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