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Alerta por criminalización del movimiento indígena en América Latina

Alerta por criminalización del movimiento indígena en América Latina

Por Marielle Cauthin. ecoportal.net

Para la CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento, agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del crimen organizado.

moviindigenaGolpistas, terroristas, opositores y saboteadores, entre otros han sido los calificativos que gobiernos de la región han usado estos últimos años para referirse a las acciones del movimiento indígena en Sudamérica; consecuente con esto, líderes indígenas, activistas y organizaciones de apoyo en su defensa han denunciado ser víctimas de persecución política y judicial, a tal extremo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho una mención especial a la situación de riesgo de líderes y lideresas indígenas e hizo pública su preocupación sobre las sistemáticas agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que padecen[1].

Las cifras demuestran la magnitud de estas aseveraciones: organizaciones indígenas de Ecuador denuncian el procesamiento de 194 indígenas por sabotaje y terrorismo; mientras en Bolivia 24 altos dirigentes y dirigentas indígenas y no indígenas -que participaron de una marcha en 2011- son investigados por delitos de secuestro e intento de homicidio. A esto se suman situaciones crónicas como la peruana: los últimos diez años se han abierto procesos penales contra decenas de dirigentes y campesinos peruanos por delitos de secuestro, lesiones y daños a la propiedad provocados durante manifestaciones contra empresas privadas; por la misma causa en Chile más de cien mapuches han sido acusados al amparo de la Ley Antiterrorista y se han abierto causas contra el pueblo rapa nui.

En ese contexto no suena ajena la posición pública de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)[2] -que aglutina a Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú- que ha exigido públicamente el 15 de marzo pasado el cese de la criminalización y persecución de indígenas, la anulación de procesos y la dotación de garantías para el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta. Para la CIDH, “la persistencia de los ataques” buscan “reducir las actividades de defensa y protección de territorios y recursos naturales, así como la defensa del derecho a la autonomía e identidad cultural” de los pueblos indígenas, ataques se dan a través de la criminalización, la intimidación y la estigmatización.

Intereses de izquierda, de derecha y de las transnacionales

Con el tiempo se ha hecho evidente la ruptura del pacto político y las alianzas entre el movimiento indígena y gobiernos como el boliviano, el ecuatoriano, el brasileño e incluso el peruano, los cuatro países de amplia población indígena. De hecho presidentes como Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) se apoyaron en estos movimientos electoral y discursivamente, los comprometieron en procesos constituyentes y les reafirmaron el cumplimiento de derechos colectivos, pero han sido los primeros en poner límites a las prerrogativas indígenas a favor de proyectos de inversión extranjera en sus territorios.

En otras palabras, no se han modificado la lógica de contraponer intereses privados en desmedro de los derechos colectivos. En ese sentido, el movimiento indígena se enfrenta a millonarios proyectos de infraestructura, privatización del agua, concesiones petroleras, gasíferas, mineras y forestales, e incluso cuestiona la tenencia y distribución de la tierra: en Bolivia se enfrentan a un proyecto carretero de 400 millones de dólares que atraviesa el territorio indígena TIPNIS, en Perú se oponen a la explotación de oro por la minera Yanacocha que invertirá 4.800 millones en Cajamarca y en Brasil buscan evitar la construcción de una hidroeléctrica que costará 11.000 millones de dólares, entre otros casos.

Para la CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento, agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del crimen organizado.

Al mismo tiempo, esta situación de vulnerabilidad se incrementa con la paulatina militarización de territorios indígenas y violencia policial como se ve en los casos de Bolivia, Chile y Colombia. En Bolivia el territorio indígena del TIPNIS ha denunciado la invasión de la Armada Naval para intimidar y perseguir a la dirigencia[3]: “Ahora vinieron al TIPNIS a militarizarlo, a dar miedo a la gente humilde como nosotros”, denunciaba la dirigenta Miriam Yubanore. En tanto que en Chile el pasado 23 de marzo, 30 policías y 15 funcionarios municipales desalojaron "en forma muy violenta" a un comunario de Tekel Mapu, pero estos casos de violencia policial son recurrentes para los mapuche y las organizaciones que defienden sus derechos: "es un tema triste y avergonzante para la sociedad chilena", dijo la ONG Comisión Ética contra la Tortura[4], ya que en 2010 sucedió otra violenta represión contra el pueblo rapa nui. En Colombia la situación de los grupos armados en conflicto y la militarización de las zonas rurales ha desencadenado en muertes y desplazamientos de indígenas.

Ecuador y Bolivia: dos marchas nacionales denuncian persecución

Las últimas acusaciones en Ecuador ocurrieron con motivo de la Marcha Plurinacional por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que llegó a Quito el 22 de marzo. En operativos realizados días antes de iniciarse la marcha, el Gobierno detuvo a una decena de jóvenes (estudiantes y activistas) y los acusó de planificar actos sediciosos y de pertenecer a grupos subversivos irregulares. En su defensa los detenidos sostuvieron que son simpatizantes y militantes del Partido Marxista Leninista Ecuatoriano (PMLE), vinculado al partido Movimiento Popular Democrático (MPD), como declarara el director del MPD, Luis Villacís.

No solo organizaciones políticas que apoyan al movimiento indígena son acusadas, Humberto Cholando, principal dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), ha dicho que una de las demandas de la marcha es el cese de la criminalización y judicialización de 194 indígenas, y señaló que el gobierno en lugar de atender sus demandas “se apresuró a calificar la marcha de ‘golpista’, de ‘intento de desestabilización del régimen’ y ‘desestabilizar la democracia’”[5]. Estas mismas quejas fueron elevadas ante la veeduría internacional del exjuez Baltazar Garzón por las organizaciones indígenas CONAIE, Ecuarunari y Pachakutik que representan a pueblos indígenas amazónicos, de costa y sierra.

En la misma lógica, en Bolivia en este momento 24 dirigentes indígenas entre hombres y mujeres de los pueblos mojeño, yuracaré, chimán, quechua, aymara, guaraní, entre otros, además de la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y otros defensores y activistas de derechos indígenas forman parte de la investigación judicial del gobierno por el delito de “tentativa de homicidio” y “lesiones graves y leves”. Esta acusación se basa en los hechos ocurridos entre el 24 y 25 de septiembre de 2011 mientras se desarrollaba la VIII Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que logró una Ley que prohíbe la construcción de la millonaria carretera que atravesaría su territorio y comprometería su hábitat, este proyecto es financiado por Brasil y ejecutado por la empresa brasileña OAS. Mientras el gobierno boliviano los acusa de estos delitos, los indígenas acusan al gobierno por la violenta represión policial del día 25, en la que 600 policías gasificaron, torturaron, agredieron y secuestraron a dirigentes y a más de 800 marchistas.

Organizaciones como la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunciaron en varias resoluciones las “acciones de amedrentamiento y persecución de la Fiscalía” contra indígenas, “por delitos que nunca cometieron ni se dieron en la realidad”. El ex dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, ha denunciado hostigamiento y persecución política ante el Concejo Continental del Pueblo Guaraní que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia: “en Bolivia hay una coyuntura represiva de los principales líderes y quien habla es uno de los blancos del gobierno”, sostuvo.

En ambos casos los gobiernos de turno han desmentido o minimizado los actos de criminalización del movimiento indígena, incluso apelando a calificativos que desmerecen a la dignidad indígena: el presidente Correa se ha referido a los indígenas participantes de la marcha como “cuatro emponchados y emplumados”[6]. Estas declaraciones no son distintas a las que Evo Morales hiciera respecto a las indígenas que se oponen a la carretera a través de su territorio, incitando a seducirlas para que acepten el proyecto: “conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino”[7], dijo.

Perú y Chile: pugnas contra intereses privados

La CAOI también ha denunciado que existen decenas de dirigentes y comunarios peruanos víctimas de persecución policial y con procesos penales en su contra por participar en protestas antimineras. Entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 se arrestaron a dirigentes del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y de la Plataforma Institucional de Celendin[8], acusados de "atentar contra los servicios públicos, producto de la protesta social" contra el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha, que planea drenar cuatro lagunas. El presidente del Consejo Regional, Elzer Elera López, denunció que habría un plan de detención de personas, autoridades y líderes sociales.

Previo a estos nuevos conflictos, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) ha recordado su preocupación por el proceso que se sigue a 17 campesinos por participar en una movilización en defensa de más de 80 ojos de agua en Condorhuain en 2008, durante el gobierno de Alan García. El pronunciamiento de las organizaciones sostiene: “en represalia de nuestra defensa por el agua, ahora somos víctimas de persecución penal. Nos acusan de secuestro, lesiones, daños a la propiedad y otros delitos, pretendiendo imponernos 30 años de cárcel”[9].

En contrapartida, el problema de criminalización y represión en Chile se ha agudizado por los atropellos que sufren las comunidades indígenas mapuche: redadas policiales, allanamientos y represión con uso de balines y gases. A esto se suma la aplicación y vigencia de la Ley Antiterrorismo, norma en la que se ampara gran parte de los juicios iniciados contra los mapuche por delitos comunes y por los cuales se les da el trato judicial de terroristas, ha denunciado la ONG Human Rights Watch. Según estimaciones, tan solo en el gobierno de Ricardo Lagos (2000 - 2006) la Ley fue aplicada 11 veces, de las cuales 10 se la utilizó contra el pueblo mapuche; de hecho, 108 indígenas han sido acusados bajo esta Ley y -hasta 2011- 10 fueron condenados[10].

Uno de estos casos es el que en 2008 involucró a 17 mapuches de una comunidad cercana a la orilla del lago Lleulleu en la región del Bio Bio, por el reclamo a privados de la devolución de tierras que ellos asumen como propiedad ancestral. Casos similares son la condena contra un dirigente en conflicto con la represa hidroeléctrica Ralco en los Altos del Bio Bio y el vocero de la comunidad Huilliche Pepiukelen, enjuiciado en 2010 por la empresa salmonera Los Fiordos, acusada de contaminar ríos y lagos. Esta semana 10 mapuche (dos menores de edad) comienzan un juicio por "robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista y asociación ilícita terrorista" en Victoria, de ser hallados culpables pagarían una pena de 25 años.

La CIDH ha denunciado el caso ocurrido en julio de 2010, cuando cerca de 70 personas del pueblo rapa nui -que ocupaban la plaza Riro Kainga como acto de protesta por derechos ancestrales territoriales- fueron desalojadas por un centenar de carabineros armados, fueron golpeados mujeres y niños. En este caso, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor del pueblo Rapa Nui y exigió al Estado chileno cesar la violencia armada, acciones judiciales y desalojos.

Brasil y Colombia, otras formas de violencia contra los indígenas

En Brasil y Colombia hay un situación de vulneración de derechos humanos por terceros. En Colombia, es persistente la amenaza de las ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles (campesinos e indígenas) por militares que falsamente los asocian a grupos insurgentes o guerrilleros y obtienen réditos por esto[11], los casos más conocidos son los homicidios de los indígenas wayúu, aunque a lo largo de 2010 la CIDH ha denunciado los casos de asesinatos de dirigentes de los pueblos nasa, wayúu, sikuani, pasto, embera-chamí y la dirigenta del pueblo u’wa.

En marzo, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenaron al Estado colombiano proteger a los indígenas awá amenazados por grupos armados en conflicto en la guerra en Nariño, enfrentamiento que este año ha dado como saldo varias desapariciones y asesinatos, además del desplazamiento de 800 personas. Aunque la respuesta del gobierno es incrementar la militarización, los indígenas la rechazan: "Ellos creen que la solución de las cosas se limita a enviar más tropa a la región, pero eso en vez de darnos seguridad, nos expone aún más al peligro del conflicto", declaró el líder, Alex Guanga[12].

En Brasil, el líder de los guaraní-kaiowá en el estado de Mato Grosso do Sul fue asesinado en 2003 y este 2012 el juez absolvió a los presunto homicidas, acusados de tortura por otros seis dirigentes. La muerte sucedió cuando cerca de 40 hombres armados golpearon a varios líderes indígenas que demandaban las tierras de un hacendado, situación recurrente en esta región pues los hacendados buscan ampliar sus tierras en predios guaraníes. Pero los indígenas no solo se enfrentan a hacendados y grupos armados, recientemente los indígenas kayapó y otros pueblos se han enfrentado al gobierno brasileño para detener la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte[13] que compromete su hábitat, ya que inundará un área que los obligará con el tiempo a éxodos masivos. La portavoz indígena Vera Glass sostuvo: “Las presas causarán daños culturales, sociales y medioambientales irreversibles. Nos están tratando como a animales”. La OIT ha declarado que el gobierno violó el Convenio 169 porque no se consultó a los indígenas sobre esta construcción y la pugna continúa.

¿Hacia el movimiento internacionalista indígena?

Pero desde otra óptica, estos conflictos y la nueva coyuntura política en la región están significando un desafío para la internacionalización e independencia del movimiento indígena en América del Sur y el fortalecimiento de sus alianzas, como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Andinas (cuatro países), el Concejo Continental del Pueblo Guaraní (cuatro países) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (nueve países), que han comenzado a afianzar nexos de solidaridad con activistas, artistas e intelectuales e instituciones, firmando peticiones, organizando acciones, etc.

Al mismo tiempo, gran parte de los conflictos están ubicando al movimiento indígena en un contexto no solo de legítima defensa de sus derechos político y culturales, de la ética medioambiental, de los cuestionamientos de modos de desarrollo de saqueo versus modos de desarrollo sustentables; sino que los pueblos indígenas movilizados se van convirtiendo en un actor fundamental para “la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”, como lo dice la CIDH.

Más allá, nuevamente el movimiento indígena se encuentra en un momento decisivo para demostrar si es capaz de construir una agenda propia de contra poder, a sabiendas que sus antes aliados, los gobiernos de corte progresista, no van a profundizar las reivindicaciones históricas de tierra, territorio y soberanía y autogobierno; sino que son gobiernos de continuidad del sometimiento al extractivismo neoliberal a favor de empresas transnacionales y potencias internacionales, como denuncian quechuas, guaraníes, aymaras, mapuches, awás, wayús, moxeños, yuracarés o kayapós.

Marielle Cauthin es Periodista. Colabora con Upside Down World, Zur2 y medios bolivianos.

[1] Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas (28/03/2012), en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
[2] Pronunciamiento de las organizaciones indígenas andinas (15/03/12), en: http://www.coordinadoracaoi.org/
[3] Ex viceministro denuncia militarización del Tipnis (12/03/12), en: http://lapatriaenlinea.com/?nota=100621
[4] ONG denuncia violencia policial contra mapuches (15/1/12), en: http://noticias.aollatino.com/2012/01/15/chile-ong-denuncia-violencia-policial-contra-mapuches/ - (27/03/12)Denuncian violento desalojo a Mapuches: http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=27261
[5] Carta al pueblo ecuatoriano (19/03/12), en: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=169356&umt=10h20_movilizacion_indigena_llega_hoy_a_latacunga_conaie_entrega_carta_al_pueblo_ecuatoriano
[6] Indígenas denuncian persecución y siguen su marcha a Quito (14/03/12), en: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101298249/1/Ind%C3%ADgenas_denuncian_persecuci%C3%B3n_y_siguen_su_marcha_a_Quito.html
[7] Mujeres le exigen a Evo una disculpa pública por sus declaraciones "machistas" (04/08/11), en: http://www.paginasiete.bo/2011-08-04/Sociedad/Destacados/MUJERES.aspx
[8] Detienen en Perú a siete dirigentes antimineros de Cajamarca (06/03/12), en: http://exwebserv.telesurtv.net//secciones/noticias/101292-NN/detienen-en-peru-a-siete-dirigentes-antimineros-de-cajamarca/
[9] Deficiencias en Acusación Fiscal retrasan Juicio Oral a procesados del caso Condorhuain (21/03/12), en: http://www.conacami.pe/2012/03/deficiencias-en-acusacion-fiscal.html
[10] Usan en Chile leyes antiterrorismo contra indios mapuche, en: http://noticias.latino.msn.com/latinoamerica/chile/usan-en-chile-leyes-antiterrorismo-contra-indios-mapuche-80
[11] Estarían involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de dos indígenas de la comunidad Wayúu (27/07/11), en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10025406.html
[12] Las voces awá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Víctimas (22/03/12), en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/40-masacres/3950-las-voces-awa-en-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/
[13] Organismo de la ONU dice que Brasil viola los derechos indígenas (26/03/12), en: http://www.survival.es/noticias/8226

CONVOCATORIA a Pre Audiencia de Tribunal Permanente de los Pueblos en Materia de Desplazamiento Forzado y Guerra Sucia

CONVOCATORIA a Pre Audiencia de Tribunal Permanente de los Pueblos en Materia de Desplazamiento Forzado y Guerra Sucia

abejas¡POR UNA JUSTICIA CONSTRUIDA DESDE EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO!
La Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” denominados Guardianes de la Memoria y Esperanza como mensajeros de la Paz, luego de 13 años de lucha y resistencia. Y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.

CONVOCAN A:

Asistir y ser testigos del pre audiencia de Tribunal Permanente de los Pueblos en Materia de Desplazamiento Forzado y Guerra Sucia teniendo lugar en el auditorio de “Las Abejas” de Acteal; dando inicio a partir de las 9:00 horas de la mañana del día lunes 16 de Abril del año 2012.

Solo es posible una justicia verdadera construida por la memoria de los pueblos. Ven y acompáñanos a construir juntos la otra justicia.

Te esperamos con nuestros mártires!!.
Abril, 2 del 2012.

INVITAN
La Mesa Directiva de “Las Abejas”
La FrayBa de SCLC.

http://acteal.blogspot.mx/

NUEVO INFORME DEMUESTRA CRECIENTE OPOSICION AL GIGANTE DE BIOTECNOLOGIA MONSANTO

COMUNICADO DE PRENSA

La Via Campesina – Amigos de la Tierra Internacional – Combat Monsanto

NUEVO INFORME DEMUESTRA CRECIENTE OPOSICION AL GIGANTE DE BIOTECNOLOGIA MONSANTO

DESCARGAR PDF: http://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/pdfs-por-ano/2012/combatting-monsanto/view

4 de abril de 2012, Montevideo (Uruguay), Washington (Estados Unidos) / París (Francia) – Hoy, en el día en que el gigante de la biotecnología Monsanto (NYSE: MON) publica sus ganancias del segundo trimestre, un nuevo informe de organizaciones de la sociedad civil señala que los pequeños productores y los agricultores orgánicos, al igual que las comunidades locales y los movimientos sociales de todo el mundo resisten y rechazan cada vez más a Monsanto y al modelo de agricultura industrial que representa.

El nuevo informe, realizado conjuntamente por La Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional y Combat Monsanto (y disponible en inglés, francés y español [1]) brinda una mirada de las principales luchas contra Monsanto y otras empresas de agroquímicos que presionan para imponer los cultivos genéticamente modificados (OGM) a los agricultores y el medio ambiente.

“El informe muestra que la objeción cada vez más fuerte de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil están teniendo un impacto en la introducción de los cultivos GM”, sostuvo Josie Riffaud de La Vía Campesina.

Los testimonios y el análisis contenidos en el informe pretenden inspirar y unir a los consumidores, activistas y comunidades en contra de los abusos cometidos por Monsanto y otras empresas de biotecnología del mundo.

“¿Quién responsabilizará a Monsanto de la devastación mundial de la biodiversidad, de la erosión del suelo y de las violaciones a los derechos campesinos provocados por la utilización de productos en base al petróleo que son necesarios para la agricultura industrial?”, se preguntó Dena Hoff de la Coalición Nacional de Agricultures Familiares/ La Vía Campesina América del Norte. “Los agricultores de todo el mundo estamos resistiendo por la soberanía alimentaria, pero el resto del mundo debe sumarse”, agregó.

“Este nuevo informe documenta la fuerte oposición a esta poderosa empresa trasnacional, que promociona sus productos genéticamente modificados aparentemente sin tener en cuenta los costos sociales, económicos y ambientales”, afirmó Martín Drago, coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional.

“La mayoría de la población en Europa se opone a la producción de alimentos genéticamente modificados, y varios países europeos ahora tienen moratorias nacionales que prohíben el maíz MON810 de Monsanto y las papas Amflora de BASF, a pesar de la fuerte presión de la industria de biotecnología y de la Comisión Europea de levantar las moratorias”, sostuvo Héloise Claudon de la organización Combat Monsanto.

La utilización de cultivos GM destruye la diversidad de los cultivos, homogeneiza los alimentos y elimina el conocimiento y la cultura local. De esta y de otras formas la desigualdad, la pobreza y la explotación de los recursos naturales logran prosperar en el sistema mundial de alimentos, que se centra en la generación de ganancias y no en la producción de alimentos sustentables ni en la soberanía alimentaria.

El área total plantada con cultivos GM abarca tan solo un 3% de la tierra agrícola mundial. Un 97% de la tierra agrícola del mundo continúa estando libre de transgénicos. La plantación de cultivos GM se restringe a pocos países: 90% de los cultivos GM son plantados en Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. Casi un 60% de los experimentos en campos de cultivos GM son realizados en Estados Unidos.

La gran mayoría de los cultivos GM son destinados a alimento para animales en países ricos, en lugar de alimentos para los pobres o quienes padecen hambre.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
En Uruguay (en español):
Martín Drago, coordinador del programa Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. o Tel: +598 (99) 13 85 59

En Estados Unidos (en inglés):
Dena Hoff , Coalición Nacional de Agricultores Familiares / La Vía Campesina América del Norte - Tel: + 1 (406) 939 -1839

En Francia (en francés):
Josie Riffaud de La Vía Campesina: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Tel: + 33(0) 6 13 10 52 91
Héloise Claudon de Combat Monsanto: Tel: + 33 (0) 6 01 85 30 80
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NOTAS:

[1] El informe está disponible
EN ESPANOL
http://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/pdfs-por-ano/2012/combatting-monsanto/
IN ENGLISH
http://www.foei.org/en/resources/publications/pdfs/2012/combatting-monsanto/
EN FRANCAIS
http://www.foei.org/fr/publications/combatting-monsanto

-- La Via Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, pequeños y medianos productores, gente sin tierra, mujeres campesinas, pueblos indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo.
-- Amigos de la Tierra Internacional es la federación ambientalista de base más grande del mundo. Cuenta con 76 grupos nacionales en 76 países y más de dos millones de miembros y seguidores individuales.
-- Combat Monsanto coordina campañas y acciones en contra de los métodos perjudiciales de la industria de la biotecnología y vincula la resistencia a nivel mundial por la soberanía alimentaria.

DECLARACIÓN POLÍTICA del Primer encuentro transfronterizo de la nación Q’anjab’alana

DECLARACIÓN POLÍTICA del Primer encuentro transfronterizo de la nación Q’anjab’alana

Q’anjab’alanaNosotras y nosotros, descendientes de la civilización maya, en el marco del Oxlajuj Baktun; reunidos los días usluk ix, lajkab tzikin y oxlajon txab’inal, en el lugar denominado Onh Xewila’ al pie del cerro Q’anil del territorio Xaqla’ conocido hoy como municipio de Jacaltenango, venimos de Yalmotx, Jolom konob’, Oyeb’ Txo’ Konob’, Wajxaklajunh, Yaxb’atz, Akatan, Tajlaq, Yich Kan, Tzikina’ y Chiapas a unir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras palabras, también compartimos sonrisas, alegrías, pese a las condiciones adversas en que vivimos. Venimos con fuerzas y energías cósmicas a reunirnos en el Primer Encuentro Transfronterizo de la Nación Q’anjab’alana.

Sabemos que nuestros abuelos y abuelas siempre desarrollaron este tipo de eventos, pero que se fue destruyendo al imponerse fronteras estatales, departamentales y municipales. Rendimos tributo a esos abuelos que se manifiestan hoy en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras palabras.

Reafirmamos que en nuestros pueblos, se mantiene en el envoltorio sagrado, conocimientos técnicos y científicos que proponemos hoy revitalizar como el sistema de salud, el sistema económico, sistema de producción, el sistema jurídico, el sistema de organización social, el sistema político. Estas propuestas no son excluyentes; sino fortalecen la democracia y replantea la estructura del Estado actual; debilitado por sus propios modelos excluyentes e irresponsables; estas propuestas, son verdaderas soluciones a la crisis actual; soluciones a los males que denigran nuestra dignidad y que amenazan nuestros territorios.

Conscientes del rol que jugamos hoy en nuestras comunidades, familias y ante el mundo, los reunidos en El Primer Encuentro Transfronterizo de la Nación Q’anjab’alana

DECLARAMOS:

1. Las amenazas actuales que impulsa el modelo neoliberal como la explotación minera, la construcción de hidroeléctricas, monocultivos; no es nada nuevo; el despojo de tierras, los desalojos, la militarización, la criminalización de las luchas, tampoco son nuevas prácticas, se han dado durante los últimos quinientos años de diferentes formas en todos nuestros territorios. La explotación de la mano de obra con salarios de hambre, la violencia contra la mujer, tampoco es nuevo; por eso nos comprometemos a sanar nuestros territorios de esos males.

2. Nos comprometemos a defender la madre tierra, a defender el sagrado maíz, a defender los ríos, a defender los bosques y montañas, a defender a nuestras familias. Los defenderemos con nuestros propios valores, principios y prácticas ancestrales, basándonos también en la legislación nacional e internacional. Nos comprometemos a rescatar, fortalecer y defender la Nación Q’anjab’alana.

3. Que somos descendientes directos de la civilización maya y pertenecemos a la Nación Q’anjab’alana conformada por Chuj, Akateko, Popti’, Tojolabal, Q’anjab’al. Las fronteras y divisiones geopolíticas impuestas no nos impedirán reunirnos yreconocernos como la Nación Qánjab’alana.

4. Que el jelq’ab’, Wayab’, Bajkutx, KolK’ex, son prácticas ancestrales de un enorme valor actual que debe rescatarse y ponerse en práctica de forma generalizada.

5. Que el B’atxBinaq, Lextol, YajabilKonob, son nuestras propias formas de organización social y política que deben reconocerse, respetarse y fortalecerse.

6. Que el patq’um, q’umlab’ahily, lajti, son sistemas de construcción de propuestas desde la cosmovisión maya q’anjab’alana.

7. Que tenemos nuestros propios héroes como Q’anil, B’alum Q’ana’, B’alum Imox, Tulum, Ben, Tenam, Jolom Konob’, Ochewal, Kuxlam quienes son referencia para el perfil de la población q’anjob’alana.

8. Que además de la identidad cultural, lingüística que son razón y corazón de nuestros pueblos, tenemos un territorio, una familia Maya y un idioma que proviene del protomaya occidental, por lo que nos comprometemos a impulsarlo y desarrollarlo en plenitud.

9. Que seguiremos luchando y generando aportes básicos para que Guatemala se constituya en un Estado Plurinacional.

10. Condenamos las acciones del Estado guatemalteco y mexicano dirigidas a violentar los derechos de la población q’anjab’lana que defienden su territorio; rechazando el modelo minero extractivo, las hidroeléctricas transnacionales, la actividad petrolera, la militarización de nuestros territorios y la criminalización de nuestras legitimas luchas. Rechazamos la persecución legal que hay contra nuestros hermanos y hermanas por parte de la empresa Hidrosanta Cruz; en Barillas y la empresa PDH (proyecto de Desarrollo Hídrico) en Pojom San Mateo Ixtatan.

11. Las consultas comunitarias de buena fe efectuadas en nuestro territorio, así como la declaración de los territorios Huista, Chuj, Akateko, Q´anjob´al “Libres de minería”; fortalecen la gobernabilidad y la democracia; sin embargo la actitud del Estado guatemalteco de no reconocer la valides y legitimidad de este proceso, es una violación concreta a nuestros derechos individuales y colectivos; nos comprometemos a hacer valer nuestra libre determinación como pueblos originarios; uniremos esfuerzos con otros pueblos para luchar y denunciar a nivel nacional e internacional hasta que se reconozcan nuestros derechos.

12. Reiteramos que son inconstitucionales las leyes que violan los derechos inherentes a los pueblos indígenas como por ejemplo la ley de minería que viola el derecho a la “Consulta” al fue aprobada por el Congreso de la República; después que el Estado Guatemalteco haya ratificado el Convenio 169 de la OIT.

13. Los pueblos que integramos la nación q’anjobalana, somos parte del Consejo de Pueblos de Occidente -CPO-, luchamos por la reconstitución de nuestros territorios originarios, e invitamos a todos los pueblos mayas, garífunas y xinkas de Guatemala y México avanzar en esta lucha de reconstitución como naciones.

Xaqla’, OxlajonTxab’in.
Jacaltenango, 30,31 y 1 de abril de 2012.
“Caminando hacia la reconstitución de nuestros territorios“

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