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Las minas y el despojo llevan a la lista de Forbes a los millonarios mexicanos

Las minas y el despojo llevan a la lista de Forbes a los millonarios mexicanos

Los tres hombres más ricos de México basan su fortuna principalmente en la explotación minera, facilitada por leyes permisivas sin par en el continente, y dejando a su paso destrucción ambiental y comunitaria.
Adazahira Chávez, desinformemonos.org

forbesMéxico. La riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes está cimentada “en el despojo de los bienes de la nación”, resume Francisco López Bárcenas, autor del libro “El mineral o la vida”, sobre la legislación minera en México.

Los tres primeros lugares de la lista de México (Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea) tienen empresas mineras. El artículo 27 actual señala que  se pueden concesionar los recursos naturales “pero siempre debe ser, primero, para distribuir la riqueza nacional -y no para tres gentes-; para el desarrollo de los mexicanos y para conservarlos”, precisa López Bárcenas, que agrega que en el caso de la minería no se cumple ninguno de estos supuestos. Además, explica, se afecta el derecho al agua y la alimentación de los mexicanos por el carácter preferente del que goza esta actividad industrial.

Empresarios mexicanos: explotación y especulación

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, desincorporó las concesiones que tenía el Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente a Grupo México (de Larrea), Grupo Peñoles (de Bailleres) y Grupo Frisco (de Slim, el hombre más rico del mundo) para asegurarse de que controlaran gran parte de la minería, aún antes de que hiciera la reforma al artículo 27 de la Constitución y se publicara la nueva ley minera.

“Cuando se modifica la ley de inversión extranjera, que permite cien por ciento de capital extranjero en las minas, ya los empresarios mexicanos tienen asegurada su parte”, señala López Bárcenas. Después de la entrega de las concesiones vino la Ley Minera, que unificó los permisos para explorar y explotar y permitió que los periodos de concesión fueran prácticamente de cien años. Eso, apunta López Bárcenas, abrió paso a la especulación.

“Casi todos los proyectos, dicho por los propios mineros, se llevan máximo 15 años. ¿Para qué quieren cien? Porque entre más tiempo tengan, su precio es más alto en la bolsa de valores; el negocio no es sólo explotar el mineral, es especular con el patrimonio nacional”, enfatiza el abogado mixteco. La Ley Minera también permite que las concesiones se unan, con lo que adquieren mayor valor en la bolsa.

Ante la idea de que la mayoría de las mineras en México son canadienses, López Bárcenas responde que esto no es totalmente verídico. Explica que en la bolsa de valores de Vancouver se concentran todos los proyectos de minería. “Puede ser un capital mexicano o estadunidense que se va a Vancouver, se domicilia ahí para entrar a la economía especulativa y de ahí se viene a México, pero ya como capital canadiense”, precisa.

La producción de metales en México se disparó en 2010; para 2011, su valor superó los 20 mil millones de dólares y llegó al tercer lugar entre los sectores productivos de México, según datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

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Otro factor que abona al fácil enriquecimiento para los empresarios mineros es que solamente “pagan por hectárea de superficie concesionada entre cinco y 111 pesos semestralmente, sin importar ni el tipo de mineral ni la cantidad que obtengan”, informa el abogado e historiador.  México es “el único país en América Latina en que los empresarios no pagan impuestos por la obtención y la exportación del mineral”, agrega. Colombia, aún con una ley minera muy parecida, cobra el 30 por ciento del valor del mineral extraído.

Una comparación que ilumina es el caso de la paraestatal Petróleos Mexicanos. “El petróleo también es un mineral, que el Estado se ha reservado para explotarlo él solo. Si uno ve la cantidad de impuestos que paga, no hay un punto de comparación con lo que pagan los otros minerales”, indica López Bárcenas. México es ya el primer productor de plata a nivel mundial y el décimo de oro, según datos de la Camimex, pero mientras gran parte de la recaudación del Estado mexicano viene del petróleo, de los otros minerales “no viene ni un centavo”, acusa López Bárcenas.

 “Facilidades”,

Revolution Resources –la empresa acusada de hacer trabajos ilegales de explotación en el territorio sagrado de Wirikuta-, en la sección “¿Por qué México?” de su página de internet, indica que además de las leyes pro-mineras, este país es el más estable políticamente en América Latina.

Durante el gobierno de Salinas, el Banco de Comercio Exterior y el gobierno de Canadá realizaron talleres sobre las posibilidades de inversión en América Latina, recuerda López Bárcenas. Llegaron a la conclusión de que además de las leyes permisivas en México, el gobierno tenía la disposición de cambiar los requisitos mínimos que había en algunas disposiciones legales y no había organizaciones no gubernamentales que pelearan por el medio ambiente.

Francisco López Bárcenas agrega a las condiciones que posibilitan la gran explotación el asesinato de opositores a las minas: “En (el caso de) Minera San Xavier, un presidente municipal se opuso a otorgar el cambio de uso de suelo y lo asesinaron; en Chicomuselo, Chiapas, mataron a Mariano Abarca; en San José del Progreso, Oaxaca, mataron a Bernardo Vázquez”. El asesinato de Ismael Solorio y Manuelita Solís, en el año 2012 en Chihuahua, también podría estar relacionado porque luchaban contra las perforaciones ilegales que realizaba la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera canadiense Magsilver.

Daños y resistencias

mineríaEn octubre de 2012, Humberto Gutiérrez, presidente de la Camimex, declaró que en México hay oro y plata para explotar otros 500 años. El oro extraído en la década que va de 2000 a 2010 (419 mil 097 kilogramos) duplica fácilmente a la cantidad extraída durante 300 años de Colonia española (191 mil 825 kilogramos).

Para López Bárcenas, la preocupación no es que se acabe el mineral sino el tipo de explotación que se hace. “Todo es a cielo abierto, y para explotar 500 años más tendrían que poner el país al revés, y a ver a dónde nos vamos cuando estén devastando el territorio”, declara.

Muchas comunidades que rentan sus tierras no saben el daño que se les causará con la actividad minera, que prácticamente destruye todo porque el mineral no está en veta y se tiene que revolver toda la superficie terrestre.

La ley agraria, que debería ser de protección social, permite que la renta de ejidos sea de 30 años prorrogables, “la vida de toda una generación”, apunta López Bárcenas, amén de que el pago es muy bajo. Lo que no dice la minera es que cuando devuelvan la tierra rentada, no va a servir para nada.

En Mezcala, por ejemplo, debido a las protestas se aumentó considerablemente la renta pagada por las tierras, pero el problema “es que la gente emigró porque ya no tenía que hacer”, se acabó el dinero, y al cabo de unos años el pueblo se destruyó completamente. Más que migración, señala el abogado, se trata de desplazamiento forzado.

Otro de los costos es la afectación al derecho a la alimentación. Para que el Estado lo garantice, “sembrar debería ser una actividad preferente; sin embargo, la Ley Minera dice que esa actividad es la preferente y se puede parar todo para hacer minería”.

También se afecta el derecho al agua. En el norte del país hay protestas de campesinos porque la Comisión Nacional del Agua sí se las regula a ellos pero a la minería no. “Hay que modificar ese esquema”, concluye López Bárcenas.

A diferencia de lo que las mineras veían a finales de la década de los ochenta, la protesta social aumentó considerablemente, señala Francisco. Estas resistencias se activaron en los últimos dos años; en primer lugar, las protestas se originaron por la destrucción ambiental; luego, por la baja renta que pagan las empresas por las tierras (mil pesos por hectárea) y más recientemente, los pueblos indígenas piden ya la cancelación de concesiones argumentando la violación a su derecho a la consulta.

Uno de los frentes de protesta “es el legal, demandar que se cumplan los mínimos derechos, que se anulen los contratos de arrendamiento, que se cancelen las concesiones porque no se respetó el derecho a la consulta”; el otro frente es “la organización social, con dos grandes tendencias: la Red Mexicana contra la Minería y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, además de los frentes a nivel regional”; un tercero es la denuncia pública que hacen los afectados, cada uno según su capacidad, analiza el experto.

Posibilidades de reforma

El abogado López Bárcenas señala que para hacer un poco aceptable esta actividad, se le debería quitar el carácter de preferente, las concesiones se deberían reducir a solamente el tiempo que necesite un proyecto, las empresas deberían pagar el agua que utilizan y la renta de la tierra sólo debería hacerse por un valor superior a la actividad que existiera ahí anteriormente.

Sin embargo, señala, eso no es lo principal. “Los pueblos lo que quieren es seguir siendo pueblos y defender su derecho al territorio”, finaliza.

Publicado el 18 de marzo de 2013

Acción de MAPDER Chiapas el 14 de marzo Día Internacional de Acción contra las Represas

Acción de MAPDER Chiapas el 14 de marzo Día Internacional de Acción contra las Represas

En el marco del Día Internacional de Acción contra las represas aquí en San Cristobal de las Casas, Chiapas emitimos algunos mensajes solidarios contra proyectos hidroeléctricos en diferentes lugares. Compartimos el boletín del MAPDER Chiapas y algunas fotos.
mapder

BOLETÍN DE PRENSA 14 de marzo del 2013

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
A los medios de comunicación nacionales e internacionales:

Este 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida, salimos nuevamente a la Plaza de la Resistencia en San Cristóbal de las Casas, para expresar nuestra inconformidad a los proyectos de presas hidroeléctricas en el estado de Chiapas y en todo el país. Queremos denunciar que bajo la imagen del desarrollismo se afectan a las comunidades y la naturaleza, mientras que las grandes ganancias son para unos cuantos, que, en el caso de nuestro estado, ni siquiera conocemos los Manifiestos de Impacto Ambiental ni las características de los proyectos o los nombres de las compañías privadas que han solicitado permisos. Sobre todo, no se ha consultado de manera libre, previa e informada a las comunidades que serían afectadas por tales proyectos y si se presentan es sólo para entregar información amañada, favorable a la aprobación de los pueblos mal informados.

Se dice que estos proyectos beneficiarán económicamente a las comunidades que acepten pero no se habla que las grandes represas que han sido construidas sobre la cuenca del Río Grande de Chiapas, también llamado Grijalva, a costa del impacto negativo en la vida y cultura de las comunidades desalojadas, que no han recibido hasta el día de hoy el “progreso” que les ofreció el gobierno mexicano y la Comisión Federal de Electricidad ni el pago de la compra de sus terrenos a precios justos o una reubicación digna que incluía escuelas, clínicas, caminos, electricidad, entre otros. Más aún, mienten al decirnos que las represas no contaminan. Si fuera ese el caso, preguntamos ¿Por qué se habla de la contaminación por metano, que es un gas de efecto invernadero más potente que el carbono, en las represas? ¿Por qué no quieren aceptar que los peces dejan de existir en los embalses de estas construcciones? ¿Por qué no nos hablan de las aguas contaminadas que se acumulan en los embalses ni de la difusión de enfermedades como el dengue propagadas por estos?

Nosotras y nosotros hemos encontrado con la ayuda de académicos y organizaciones solidarias que las represas se construyen sólo por codicia y no por necesidad. Sabemos que las represas en El Río Grande no trabajan a toda su capacidad para poder beneficiar a las empresas privadas que venden electricidad a la CFE. Sabemos que muchas represas nunca se van a llenar porque las zonas donde se piensan construir dejan filtrar el agua, pero al final, las compañías constructoras se quedan con ganancias de cientos de millones de dólares, a costa de los contribuyentes, de las comunidades y la vida.

Nos solidarizamos con todas las luchas en contra de las represas a nivel nacional, especialmente con los pueblos de Temacapulín, Acásico y Palmarejo, en el estado de Jalisco, por la falta de justicia en México, ejemplificado por la decisión de la Suprema Corte de rechazar una controversia constitucional que salvaría a dichos pueblos de ser inundados. También nos solidarizamos con las demás luchas en el plano internacional y hacemos un llamado a todos los pueblos y ciudadanos para sumarse a esta exigencia, que es a favor de los ríos, el agua y la vida.

Exigimos al gobierno la cancelación de todos los proyectos de represas en nuestro estado, resarcimiento a las comunidades desplazadas y respeto a las decisiones de quienes se oponen al despojo y destrucción.

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Chiapas
¡Ríos sin Presas, Pueblos Vivos!
¡Aguas para la Vida, No para la Muerte!

COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN CIVIL LAS ABEJAS DE ACTEAL

!Los ríos, el Agua y la Vida no se venden, se Defienden!


FOTOS 14 de marzo 2013 (click para ampliar):

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La REMA exige justicia a un año del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez

A UN AÑO DEL ASESINATO DE BERNARDO VÁSQUEZ SÁNCHEZ,

REMA EXIGE JUSTICIA PARA SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OAXACA. MÉXICO.

El 15 de Marzo de 2012 es una fecha dolorosa para las comunidades y movimientos que se encuentran defendiendo sus derechos colectivos en México, este día fue asesinado Bernardo Vásquez Sánchez por un grupo de personas presuntamente contratadas por las autoridades municipales de San José del Progreso, Oaxaca, México, que a su vez están fuertemente ligadas a los intereses de la empresa minera Fortuna Silver Mines. Bernardo fue un defensor que priorizó los intereses colectivos y el bien común de su región; en diferentes espacios manifestó su preocupación por la contaminación del agua y el suelo, el rompimiento del tejido social comunitario, y un sinnúmero de agresiones cometidas por la compañía minera desde 2006, por lo cual fue nombrado por su asamblea como portavoz de su comunidad a nivel estatal, nacional e internacional.

Durante 2010 y 2011 Bernardo y miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) recibieron amenazas de muerte, por lo
que interpusieron 20 demandas de las cuales ninguna procedió, la respuesta de las autoridades estatales fue indiferente, prefirieron guardar silencio.

Después de un año de su asesinato, en la comunidad continúan las violaciones a los derechos colectivos por parte de la empresa minera, sin que exista hasta la fecha ningún canal institucional para la resolución del conflicto. Esta fecha nos recuerda el nivel de impunidad con el cual las empresas mineras están operando y la complicidad de los gobiernos municipales, estatales y federales en la implementación de dichos proyectos.
En México la defensa del territorio se convierte en una cuestión de vida o muerte, el asesinato de Bernardo es un ejemplo, sin embargo en los últimos 4 años han sido asesinados los defensores y defensoras: Betty Cariño, Mariano Abarca, Bernardo Méndez, Ismael Solorio, Manuela Solis, entre otros.

En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) se solidariza con la CPUVO y se suma a la exigencia de justicia para la comunidad de San José del Progreso, que en palabras de la CPUVO consiste en los siguientes puntos:
1. La cancelación del proyecto minero “San José” y la salida inmediata de la empresa minera Cuzcatlán, Filial de la canadiense Fortuna Silver Mines de la comunidad de San José del Progreso, asimismo exigimos la reparación de los daños sociales, ambientales y culturales ocasionados por las operaciones de la misma.
2. Se inicie un procedimiento urgente que propicie la reconciliación entre los habitantes de San José del Progreso y la reconstrucción del tejido
comunitario.
3. Se proporcionen las condiciones para la generación de un proceso trasparente y democrático de elecciones de autoridades municipales
garantizando que la empresa no se involucre en dichos procedimientos.
4. Justicia para los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, asesinados en el primer trimestre de 2012 por sus actividades de defensa contra la empresa minera Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA -REMA

Ciudad rural sustentable, nuevo nombre, viejas carencias

Ciudad rural sustentable, nuevo nombre, viejas carencias

-En Santiago El Pinar cumplen ya seis meses sin agua
-La gran mayoría de las 115 viviendas están abandonadas
-“Si ya no hay trabajo, me voy pa’ mi casa en el pueblo”


Rosa Rojas, Periódico La Jornada
Fotos Moysés Zúñiga Santiago


ciudad ruralSantiago El Pinar. Chis. En la manzana 8 de la Ciudad Rural Sustentable (CRS) erigida en una escarpada loma, a unos cuatro kilómetros del centro de este municipio tzotzil, Vicente Hernández Hernández, su esposa, tres niñas y un varoncito son una de las quizá 20 familias que habitan esta aglomeración de 115 casas nuevas, construidas con páneles de madera prensada y/o tablarroca y techos de loseta de hormigón liviano. "Los demás se fueron porque hace seis meses no hay agua".

Esta CRS, que según medios locales costó 394 millones de pesos, es una de las más notables obras de relumbrón que salpican el paisaje de los Altos chiapanecos como ejemplo de que la inversión en el combate de las causas estructurales de la pobreza no es una prioridad frente a la remodelación de plazas, grandes auditorios, canchas techadas, palacios municipales y locales comunales.

Hay quienes, como la Misión Civil de Observación a las CRS de Sipaz, sostienen que hay "intereses económicos y políticos ocultos" detrás de este programa que "ha violado y continúa violando el derecho a la libre determinación de los pueblos y las comunidades a las que ha reubicado y a las que pretende desplazar de su territorio", para dar paso a las mineras trasnacionales y las obras de infraestructura necesarias para dotarlas de energía eléctrica.

Analistas como Hermann Bellinghausen –colaborador de este diario– y Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Nutrición, han planteado que el programa de las CRS cumple una función de contrainsurgencia sistemática para desarticular y expulsar de su territorio a las comunidades indígenas, y en el caso de Santiago El Pinar, la CRS está ubicada cerca del caracol zapatista de Oventic y de los municipios autónomos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres y de San Juan La Libertad, anota el informe de Sipaz.

Planeada para dotar de servicios básicos –electricidad, agua potable, educación, salud– a la población dispersa, la CRS Santiago El Pinar fue inaugurada por Felipe Calderón a fines de marzo de 2011. Esta fue la segunda CRS, después de la de Nuevo Juan del Grijalva, y de acuerdo con un reporte de la Red por la Paz en Chiapas había dos más en construcción en Ixhuatán y Jaltenango, una más en planeación, en el Soconusco, y dos villas rurales sustentables en Jitotol y Emiliano Zapata.

Aquí, doña Cristina Hernández Montejo comenta que en la Clínica de Servicios Básicos, que funciona en la CRS, le dijeron que las niñas –de seis, cinco y dos años– están desnutridas, el niño –al que todavía amamanta– está bien, igual que ella y su esposo. La familia se cambió la tercera semana de enero pasado a esta casa que le dieron a Vicente hace año y medio como trabajador de una fábrica que funcionaba en el pueblo. Él no sabe si se la van a cobrar –"sólo nos pidieron acta de nacimiento y credencial de elector"– o cuánto va a pagar de electricidad ahora que le instalaron el medidor.

Calle tras calle los enviados de La Jornada pudimos ver algunas casas cuyas ventanas lucían cortinas, pero en las que no había gente una tarde de sábado, y decenas más cuyas puertas abiertas permiten constatar el saqueo y la destrucción que campea por sus fueros, pese a una patrulla de la policía municipal con la que nos cruzamos al llegar.

De las casas que están abiertas han desaparecido los muebles de baño; fueron arrancados los contactos e interruptores eléctricos, están rotas muchas puertas y cerraduras y hay hoyos en las paredes, evidentemente causados por golpes, que permiten divisar la endeble armazón de madera que sostiene la tablaroca.

Hay un tanque arriba para darle agua a la ciudad y una bomba, pero nadie sabe manejarla, comenta Vicente. Explica que en la misma calle viven otras dos familias emparentadas con su esposa. Todos juntan el agua de lluvia en bidones y la guardan para subirla a la casa, sostenida por postes de cemento debajo de la cual está el tinaco, o caminan un par de kilómetros hasta el pozo "que está abajo" para acarrearla.

Cuenta también que al cambiar el gobierno –salió Juan Sabines y entró Manuel Velasco–cerraron la fábrica de triciclos metálicos, sillas para escuela y carritos de paletas, cuyos productos compraba el gobierno estatal y le quedaron a deber cuatro quincenas. “Si ya no hay trabajo me voy pa’ mi casa en el pueblo”, comentó él en su limitado español, quejándose de que tiene que caminar varios kilómetros para ir a trabajar en su milpa.

ciudad ruralCristina informa que ella recibe de Oportunidades 700 pesos cada dos meses por las niñas, que las tiene que llevar cada 15 días a la clínica "para que las pesen" y le dan cuatro sobres de leche en polvo, que tiene que preparar con agua hervida, tres litros de leche, un kilo de frijol y dos kilos de maseca cada dos meses. Ella se queja de que cuando llueve el agua se mete por el techo y los marcos de las ventanas. Antes había un Súper Chiapas en la CRS pero lo cerraron porque nadie compraba.

Vicente nos invita a pasar a su casa. Los únicos muebles son dos banquitos de madera, casi al ras del suelo, y una cubeta de plástico de 20 litros a la que le da vuelta para sentarse. En las recámaras, sarapes en el piso. La pintura del suelo está toda descascarada. En la tarja de la cocina, sobre una parrillita eléctrica, hierve un poco de agua en una ollita ennegrecida en el fogón de leña, ahora instalado a un costado de la casa, protegido de la lluvia por una lámina de zinc que descansa en morillos de madera.

En la manzana 2, lote 9, vive la familia de Antonio Pérez Rodríguez. En la casita de seis por siete metros viven cuatro adultos y ocho niños. Antonio cuenta que les gusta más vivir acá, en la casa que le regaló el gobierno, que abajo en el pueblo, a unos cuatro kilómetros, sólo que la vivienda está chiquita y cuando llueve entra agua por el piso, por el techo y por el marco de las ventanas. Dice que hay poca gente viviendo acá porque hace seis meses que no hay agua potable.

Al fondo del patio, sobre el rectángulo de cemento de unos dos por dos metros, donde las casas de esta ciudad rural tienen el lavadero cubierto con una lámina, la familia de Antonio construyó un cuarto de block que ahora les sirve además de cocina.

Antonio explica que ellos van cada semana a Larráinzar a hacer el mercado y gastan 20 pesos en el pasaje de ida y vuelta. El tiene dos hectáreas donde trabaja la milpa y cosecha de 500 a 600 kilos de maíz al año para el autoconsumo; de café cosecha unos 300 a 400 kilos que este año están pagando los coyotes a 24 pesos el kilogramo.

Para completar el gasto trabaja de peón de albañil en Cancún de junio a diciembre, ganando mil pesos semanales; es poquita la ganancia, acota, porque renta un cuarto que le cuesta 500 pesos mensuales, y el pasaje de aquí a Cancún cuesta mil 600 pesos ida y vuelta. Su familia recibe mil pesos de Oportunidades cada dos meses por los cuatro niños que van a la escuela.

En la clínica de la CRS había una doctora y dos enfermeras dando atención. En el tablero de anuncios el reporte de atenciones en 2012 consignaba que se dieron 6 mil 763 consultas de medicina general, mil 362 de nutrición, 950 de sicología, 341 de odontología. Erick Fabián Ruiz Trujillo, encargado de administración el fin de semana, informó que en la clínica laboran cinco médicos generales, tres especialistas: un odontólogo, un nutricionista y un sicólogo, que atienden cinco localidades de Santiago con 906 personas asignadas; a las otras localidades las atiende el IMSS-Coplamar ubicado en el centro del pueblo. Dicha clínica estaba cerrada esa tarde.

Unos metros abajo de la clínica de la CRS, se encuentra una bodega con el letrero: Cuenca Cafetalera Santiago El Pinar-Larráinzar-Aldama. Complejo integral para la producción, transformación y comercialización del café. Estaba cerrada, pero le preguntamos al vigilante de la clínica si funciona. El contestó que funcionó de diciembre de 2010 a marzo de 2011 cuando compró la cosecha de café, pero que este año, aunque es época de cosecha, no la han abierto.

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