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La agricultura familiar suma fuerzas en la Patagonia

La agricultura familiar suma fuerzas en la Patagonia

La ciudad de Plottier, en Neuquén, hospedará una nueva unidad del INTA abocada a ese sector productivo. Se centrará en el rescate, desarrollo, adopción de herramientas y tecnologías con el foco puesto en la agroecología.

Por muy rebelde que pueda ser, la Patagonia tiene notas más características: su inmensidad, sus diversas comunidades, su escasa densidad demográfica, sus paisajes deslumbrantes que del Oeste al Este viran de cordillera en llano. En esa particularísima región del país, entre todas sus posibilidades productivas, el 45 por ciento de los productores pertenecen al grupo de la agricultura familiar.

De allí la necesidad de sumar una nueva sede del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF), que las autoridades del INTA inaugurarán el jueves 17 de noviembre en Plottier, Neuquén, para toda la región patagónica.

“Con esta unidad se cierra un círculo virtuoso que abarca todas las zonas geográficas del país en el trabajo junto a la agricultura familiar”, dijo José Catalano, director del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (Cipaf), que ya estaba presente en las regiones Pampeana, Cuyo, NEA y NOA. Actualmente, las líneas de trabajo de estos institutos están abocadas a temas sensibles como el uso y gestión del agua, la problemática comercial de la producción primaria y su transformación en origen, así como el desarrollo de mercados alternativos, entre otros.

“Unimos a todo el país en materia de agricultura familiar para avanzar en el rescate, en el desarrollo y en la adopción de herramientas y tecnología para este tipo de trabajo que abre tantas fuentes de empleo”, amplió.

De hecho, la agricultura familiar representa dos tercios del sector agropecuario nacional; es decir, más de 200.000 explotaciones agropecuarias ubicadas especialmente en la región extra pampeana. La creación del CIPAF y los institutos distribuidos en el país demuestran la importancia que le asigna INTA a este sector. Para Catalano, este grupo “abraca a mucha gente: pueblos originarios, campesinos, minifundistas, chacareros, pequeños productores, puesteros… Son diversos los actores que componen a esta forma de producir”.

El IPAF Patagonia cubrirá las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en las que confluyen ambientes semiáridos y la región cordillerana –dedicados a la producción ganadera extensiva–, así como los valles irrigados, donde se destaca la producción frutihortícola intensiva.

Táctica y estrategia de vida

De acuerdo con el director del flamante IPAF Patagonia, Marcelo Pérez Centeno, esta unidad neuquina se dedicará, entre otras problemáticas, a la comercialización de la producción primaria y su transformación en origen, el desarrollo de mercados alternativos, la agroecología, el acceso, uso y gestión del agua, la mejora de las condiciones del hábitat de la familia rural, así como el estudio y puesta en valor de los recursos genéticos locales.

“La agricultura familiar ha conservado y seleccionado un importante número de recursos genéticos locales, esenciales para la seguridad alimentaria y que tienen un alto potencial por su aporte a la economía familiar”, dijo Pérez Centeno. En este sentido, expresó que “se debe trabajar en una producción respetuosa del ambiente y que garantice la inocuidad de los alimentos con enfoques como la agroecología”.

De igual modo, el director patagónico indicó que “se abordará la mejora en las condiciones del hábitat de la familia rural, el uso de energías alternativas y la mejora en las condiciones del trabajo mediante el desarrollo de maquinarias adaptadas, las diferentes realidades de la agricultura familiar de la región así como las estrategias de vida en el marco de una investigación asociada a la transición agroecológica aplicada, tanto a la producción hortícola como frutícola”.

Se trabajará en estos objetivos junto con los productores patagónicos, además de mediante diversas vinculaciones con universidades nacionales, gobiernos provinciales y ministerios de producción.

En primer plano

Este nuevo espacio complementará las actividades que el organismo realiza en la región, un ejemplo para destacar es el de la Asociación de Fomento Rural Lote G de Río Negro –integrada por 23 familias agrupadas– que como grupo producen principalmente alfalfa e individualmente crían animales de granja –chanchos, vacas y chivos–.

Teresa Rodríguez, quien es parte de esta asociación, destacó que “junto al INTA logramos mejorar nuestras producciones mediante capacitaciones específicas en cortado y enfardado de alfalfa”.

En las 11 hectáreas que tiene la asociación en el municipio de Contralmirante Cordero, este año produjeron alfalfa que abasteció a una parte importante de la provincia. “Todo lo logramos con esfuerzo propio”, expresó Teresa quien además sintetizó: “Uno puede tener la mejor intención, pero si no tiene el asesoramiento técnico no va a ningún lado; si no hay alguien que te guíe, te encamine, no se puede”.

Fuente: INTA Informa

Aproximación al concepto de deuda ecológica

Aproximación al concepto de deuda ecológica

Evelyn Martínez *
Martes 15 de noviembre de 2011, por Revista Pueblos


deudaHistóricamente, en la economía y en la política se ha dado mucha más importancia a los asuntos financieros que a la perdida de la ecología. La deuda externa ha marcado el rumbo de las políticas económicas aplicadas en los países de América Latina en las últimas décadas, aunque si bien el importe inicial de la deuda externa contraída ya ha sido pagado, los intereses de la deuda aumentan constantemente y esto hace que se vuelva una deuda eterna.

La discusión sobe la cuantificación y reclamo de la deuda ecológica es muy reciente, apenas una década. La deuda ecológica es “en esencia la responsabilidad que tienen los países industrializados del Norte, sus instituciones, la élite económica y sus corporaciones por la apropiación gradual y control de los recursos naturales, así como por la destrucción del planeta causada por sus patrones de consumo y producción, afectando la sustentabilidad local y el futuro de la humanidad. Basados en esta definición, los pueblos en el Sur son acreedores de esta deuda y los deudores los países del Norte” [1]]].

Para Joan Martínez Alier [2]] la deuda externa y la deuda ecológica se relacionan principalmente por dos componentes: a)el reclamo de la deuda ecológica se justifica a cuenta de la exportación mal pagada –los precios no incluyen los costos ambientales- y a cuenta de los servicios ambientales proporcionados gratis; b) la obligación de pagar la deuda externa y sus intereses llevan a una depredación de la naturaleza. Entonces, puede considerarse que no debe pagarse la deuda externa a menos que el norte pague antes la deuda ecológica.

En cuanto al primer componente Martínez Alier da algunos ejemplos: “el petróleo que México exporta a Estados Unidos está infravalorado porque no tiene en cuenta la contaminación producida en las zonas de extracción de bosque tropical húmedo de Tabasco y Campeche, porque no incorpora un costo adicional a cuenta de sus efectos negativos sobre el cambio climático global… el conocimiento exportado desde la América latina sobre los recursos genéticos silvestres o agrícolas (la chinchona officinalis, la papa, el maíz...) lo ha sido a un precio cero o muy barato, mientras que la absorción de dióxido de carbono por la nueva vegetación o en los océanos se viene realizando gratis…” [3]]

En el segundo caso, para lograr pagar la deuda externa se necesita que lo producido sea mayor que el consumo, es decir que haya un excedente, esta mayor productividad se hace a costa de aumentar la plusvalía relativa o de un mayor abuso de la naturaleza. Al aumentar los intereses de la deuda los recursos se agotan y al aumentar la deuda externa se estaría infravalorando el futuro. Es absurdo que se priorice el pago de una deuda que crece a un interés compuesto a costa de sacrificios humanos y de la naturaleza.

Para reclamar y cuantificar el monto de la deuda ecológica, Martínez Alier identifica seis componentes de la deuda ecológica expresada en dinero [4]]. Primero, los que respectan al comercio ecológicamente desigual: a) Los costos de reproducción o sustentación o manejo sostenible de los recursos naturales renovables exportados; por ejemplo, la reposición de los nutrientes incorporados en las exportaciones agrarias; b) los costos actualizados de la no-disponibilidad futura de los recursos no-renovables destruidos. Por ejemplo, el petróleo ya no disponible, o la biodiversidad destruida; c) los costos de reparación (no pagados) de los daños locales producidos por las exportaciones. Por ejemplo, la contaminación de ríos y los daños a la salud por la explotación de minas.

Segundo, los componente relativos a la falta de pagos de servicios ambientales: a) Los costos de reparación de las consecuencias de la importación de residuos tóxicos sólidos o líquidos; b) el importe correspondiente a los residuos gaseosos absorbidos gratuitamente hasta ahora o depositados en la atmósfera (C02, principalmente); c) el importe de la información y conocimiento sobre recursos genéticos cedidos gratuitamente, siempre que haya habido un aprovechamiento comercial de esta información y conocimiento.

Ciertamente los daños a la naturaleza son muchas veces inconmensurables, pero se trata de cuantificar para reclamar la deuda ecológica utilizando el mismo lenguaje, pero bajo una lógica diferente.

Si nos remontamos siglos atrás, hacia la historia de la colonización y el despojo, encontramos más argumentos para hablar de una deuda histórica de los países europeos hacia los latinoamericanos. En su discurso ante la reunión de jefes de Estado de la Comunidad Europea en febrero de 2002, el cacique mexicano Guaicaipuro Cuactemoc formula algunas tesis importantes para afirmar, que desde esa óptica, América latina es acreedora y no deudora, en su discurso afirma contundentemente: “También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América”.

Si se les aplicara la misma lógica de un interés compuesto, y considerando los crímenes cometidos, se estaría hablando no sólo de un pago de una deuda histórica, sino también del pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.

Bajo esta lógica América latina no es deudora sino más bien acreedora de los países ricos. Es momento de cambiar y priorizar la lógica de la vida, antes que de la lógica mercantil, cosificada y de muerte.

* Evelyn Martínez. Asociación de Estudiantes de Economía (AEE)

NOTAS:

[1] [Martínez Alier, Juan, “Deuda ecológica y deuda externa”. En el curso: “Ecología política en el capitalismo contemporáneo”. Programa Latinoamericano de Educación a Distancia (PLED). Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Buenos Aires, Septiembre de 2010->Martínez Alier, Juan, “Deuda ecológica y deuda externa”. En el curso: “Ecología política en el capitalismo contemporáneo”. Programa Latinoamericano de Educación a Distancia (PLED). Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Buenos Aires, Septiembre de 2010." class="spip_out">http://www.deudaecologica.org/Que-es-Deuda-Ecologica/.

[3] [Ibid. pág. 2.

[4] [Ibid. pág. 17

Declaratoria Tribunal Popular de Justicia Climática

Declaratoria Tribunal Popular de Justicia Climática

Fuente: bionero.org
justicia climaticaDeclaratoria del Tribunal Popular de Justicia Climática realizado en la Comunidad Teológica de México el día 10 de noviembre del 2011, en el que colectivos, grupos, trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y hombres, pueblos, tribus y naciones indígenas y no-indígena sentenciaron al Estado mexicano, al sistema capitalista y al neoliberalismo por la creciente depredación de la Madre Tierra y el consecuente cambio en el clima.

México
TRIBUNAL POPULAR DE JUSTICIA CLIMÁTICA

CONSIDERANDO:


Que la humanidad y la Madre Tierra enfrentan una crisis ambiental y una alteración del clima sin precedentes provocada por el saqueo y la explotación de los bienes comunes de todos los pueblos del mundo, que han sido vistos por el  modelo de desarrollo capitalista como bienes de consumo al servicio del mercado. Esta situación en México es exacerbada por la actual crisis de inseguridad y violencia alentada por la guerra contra el narco, que además de cobrar miles de víctimas y criminalizar la protesta social, ha generado un ambiente de mayor ilegalidad y ha propiciado el despojo de los bienes naturales de la Nación mediante su explotación indiscriminada y la privatización del agua, la biodiversidad, la energía y los minerales.

Que las constantes manifestaciones extremas del cambiante clima en México, así como la sobreexplotación de los bienes naturales disponibles y necesarios para la alimentación de los mexicanos, han provocado miles de víctimas, desplazados y desplazadas ambientales, pérdida de valiosos ecosistemas, sobreexplotación de los bienes naturales disponibles y necesarios para la alimentación de los mexicanos. Mientras que el saqueo de los bienes naturales a manos de grandes corporativos y empresas transnacionales no para, las políticas y la legislación ambiental vigente hacen poco o nada por revertir el deterioro socio-ambiental del país.

Que, por las denuncias y demandas de las comunidades campesinas, indígenas y urbanas y así como la presión de la comunidad internacional, el Estado mexicano sólo simula la adaptación de su legislación y programas de gobierno; cuando por  el contrario, debe atender cabalmente el aprovechamiento sustentable de los bienes naturales y la imperiosa necesidad de que las políticas públicas en relación a la mitigación y adaptación al cambio climático, sean diseñadas y operadas escuchando la voz de las comunidades campesinas, indígenas y urbanas y en específico, la voz de las mujeres de todos los grupos y sectores sociales que más padecen la problemática climática, quienes a la vez intentan desde su ámbito y posibilidades aportar soluciones a esta crisis.

Que es urgente mirar el impacto del cambio climático desde la perspectiva de género, para reconocer que las mujeres viven de forma diferente a los hombres los efectos de la devastación ambiental, dado que el sistema capitalista y sus políticas neoliberales han colocado a las mujeres en condición de mayor vulnerabilidad y en respuesta, las mujeres han desarrollado propuestas organizativas muy importantes para enfrentar la actual crisis civilizatoria. En este sentido, es de importancia trascendental, recuperar la voz de las mujeres, quienes desde diversas realidades han desarrollado experiencias para la adaptación y mitigación ambiental. Estas experiencias representan un sin número de posibilidades y esperanzas para todos los grupos afectados por el cambio climático, y las han ubicado de una posición de víctimas a otra muy distinta y de enorme importancia para el país, destacándose su liderazgo como actoras sociales en pleno ejercicio y exigibilidad de sus derechos.

NOSOTRAS Y NOSOTROS,

Los colectivos, grupos, trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y hombres, pueblos, tribus y naciones indígenas y no-indígenas, reunidos y reunidas el 10 de noviembre del 2011 en la Comunidad Teológica de México, en el Distrito Federal, capital del país y en el marco del Tribunal Popular de Justicia Climática,

DECLARAMOS A LA NACIÓN Y EL MUNDO:

Primero. A través de los pueblos de Tabasco que conforman el Consejo de Comunidades Unidas de Centla, vemos que las catástrofes ambientales y constantes inundaciones que sufren las comunidades en la mayoría del estado son problemas con múltiples factores, no sólo ocurren a causa de cambios en el clima y del constante incremento de lluvias y huracanes, sino también a causa de la corrupción y las irresponsables políticas hídricas de los gobiernos para convertir en negocio particular la generación de energía y para provocar el desalojo de territorios de la planicie costera. Además de esto, como también ocurre con los pueblos de Veracruz, se utiliza el discurso de la mitigación al cambio climático para justificar la construcción de represas hidroeléctricas bajo el pretexto de ser métodos de  producción de energía “limpia”, que supuestamente no generan gases de efecto invernadero y que posteriormente, al inundar a los pueblos, se vuelve a utilizar el discurso de que las inundaciones son provocadas por el incremento de lluvias a causa del cambio climático, justificando una mala gestión y planeación del agua, que entre otras consecuencias, se traduce para las mujeres, niñas y niños de estas comunidades en afectaciones a la salud y en las múltiples jornadas de trabajo no remunerado, en desnutrición y reforzamiento de roles tradicionales que mantienen a las mujeres en el sometimiento.

Exigimos acciones inmediatas por el estado de emergencia que viven las comunidades de Tabasco afectadas por las inundaciones, en términos de alimentación, salud y trabajo para todas y todos los afectados.

Exigimos el paro de las afectaciones al patrimonio de los habitantes de las comunidades de Centla por causa de las descargas de agua provenientes de las presas del Alto Grijalva y por las obras de un plan hídrico aplicado en Tabasco que no es integral, sino que beneficia a unos y sacrifica a otros, los más desprotegidos y a quienes ahora se les está destruyendo, además de su patrimonio, su modo de vida y su economía básica.

Exigimos la elaboración y ejecución de un plan hídrico integral y sustentable para Tabasco, que respete el derecho de las comunidades indígenas y campesinas a la consulta previa, libre e informada.

Respaldamos la decisión del Consejo de Comunidades Unidas de Centla para constituir, junto con las comunidades de Chiapas y Guatemala, la Red en Defensa del Usumacinta y sus Comunidades, amenazadas por los proyectos de construcción de hidroeléctricas a lo largo de su cauce.

Segundo. Junto a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades de Veracruz, agrupadas en el Colectivo Defensa Verde Naturaleza Para Siempre, elevamos nuestra más enérgica protesta y exigimos la cancelación inmediata de los 112 proyectos de hidroeléctricas que se pretenden construir en ese estado y cuya edificación significará la inundación de diversos pueblos y la privatización de nuestros ríos.

Tercero. Junto a las comunidades, grupos, asociaciones, mujeres y hombres agrupados en la Red en Defensa del Maíz sostenemos que la agricultura industrial y los monocultivos son causas principales del cambio climático, al utilizar agroquímicos que contaminan y degradan la tierra, lo que a su vez genera mayores emisiones de carbono a la atmosfera, los cuales han sido impulsados fuertemente en nuestro país mediante la apertura del mercado agrícola a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Reivindicamos y proponemos la agricultura tradicional y familiar como una solución al cambio climático. En el caso específico de México, reconocemos a la Milpa como una forma de agricultura tradicional que debe de ser rescatada y promovida.

Rechazamos enérgicamente las falsas soluciones al cambio climático, como lo son los agro combustibles, que encarecen los alimentos al destinar las tierras de cultivo para generar energía con el fin de abastecer a la industria y los automóviles; rechazamos contundentemente el Mercado y los Bonos de Carbono, como el programa REDD+, que privatiza los bosques y selvas en perjuicio de los pueblos indígenas que dependen para su subsistencia de ellos y que otorga permisos a los países ricos para seguir contaminando.

Rechazamos los cultivos transgénicos como una falsa solución a la seguridad alimentaria y climática, en especial el maíz transgénico, ya que México como centro de origen de esta planta y siendo poseedor de una gran diversidad de maíces criollos, el cultivo de maíz transgénico representa un ecocidio que atenta contra la riqueza biológica de los pueblos de México y América Latina.

Cuarto. Con nuestras hermanas y hermanos del orgulloso y heroico Pueblo Wirrárika del estado de Jalisco, vemos cómo las alteraciones en el clima han afectado nuestros modos y prácticas de vida, siendo el problema más visible las recientes heladas en la Sierra Madre Occidental, al norte de Jalisco, donde habitamos, que han causado la pérdida casi total de las hectáreas de los cultivos de maíz, entre otros alimentos. Esta problemática, se agrega a la lucha que mantenemos por la defensa de nuestros sitios sagrados, actualmente amenazados por concesiones mineras y agroindustriales.

Reiteramos enérgicamente nuestra exigencia al gobierno federal de Felipe Calderón de cancelar las 22 concesiones mineras que otorgó a la empresa depredadora canadiense First Majestic Silver Corp en Wirikuta y de las concesiones a empresas agroindustriales ubicadas en la misma zona, así como de cualquier otra concesión que se otorgue en nuestros sitios sagrados, ya sea minera, agroindustrial, turística, o de cualquier otra índole, que pretenda explotar esas tierras, cuyo  fin es la preservación de la vida en general y la cultura wirrárrica.

Quinto. Al lado de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios del sur del Distrito Federal, asentados en territorios de vocación predominantemente rural que ocupan casi la mitad del territorio de la Capital del país,  que habitan, preservan y trabajan la tierra desde antes de la expansión urbana de la zona metropolitana del valle de México, están padeciendo hoy una ofensiva de artilugios legales de parte de gobiernos y empresarios que intentan despojarlos de sus territorios, los cuales hoy proveen servicios ecológicos vitales para las y los habitantes de la capital del país.

Al lado de las comuneras y los comuneros de San Andrés Totoltepec, Tlalpan, denunciamos que el Gobierno Federal no quiere reconocer la legal posesión de la tierra, lo que impide el impulso de proyectos económicos y sociales para beneficio de sus comunidades.

Sostenemos que ante la crisis climática actual, es prioritario preservar nuestros territorios que proveen servicios ambientales como son la captación e infiltración de agua de lluvia, mejora de la calidad del aire, hábitat para biodiversidad, oportunidades para el desarrollo de educación ambiental, investigación y recreación, producción de alimentos, retención de suelos y regulación del clima.

Exigimos frenar y controlar los asentamientos irregulares, proteger y restaurar los ecosistemas y compensar con auténtica justicia a los dueños de estas tierras por los servicios ambientales que aportan los ecosistemas que protegen y que benefician a millones de personas.

Sexto. Al lado de nuestras hermanas y hermanos de San Lucas Xochimanca y Pueblos de la Montaña de las inmediaciones del Estado de México y la Delegación Xochimilco en el Distrito Federal, denunciamos enérgicamente el deplorable estado de degradación en el que se encuentra la presa y el vaso regulador de San Lucas Xochimanca; espacio vital y estratégico que preserva no sólo la seguridad hídrica de toda la zona chinampera del Valle de México, sino que es depositaria de flora y fauna preciosas que se encuentran en grave peligro ante la irresponsable apatía, inmovilidad, incompetencia y sordera de las autoridades ambientales y de administración del agua, en el ámbito político y administrativo de los gobiernos federal, estatal y municipal del Estado de México, así como del ámbito del gobierno delegacional de Xochimilco y de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Exigimos la integración de un plan de rescate, saneamiento y preservación integral del vaso regulador y la presa de San Lucas Xochimanca con la participación de la comunidad. El entubamiento de las aguas negras provenientes del reclusorio sur, fraccionamientos residenciales y asentamientos irregulares de la zona de La Montaña.  Así como el rescate, ampliación y mejoramiento de la planta tratadora de aguas negras de San Lucas, hoy miserablemente abandonada por autoridades irresponsables.

Séptimo. Orgullosas y orgullosos de estar hombro con hombro junto al Pueblo Cucapá, que actualmente ocupa territorios en los estados de Baja California y Sonora, denunciamos que  el deterioro gradual y progresivo de la cuenca baja del río Colorado y su delta, están amenazando la sobrevivencia y existencia del pueblo Cucapá y su cultura indígena, al impedir el ejercicio de sus formas tradicionales de subsistencia, principalmente su actividad milenaria: la pesca en el río Colorado y su delta.

Denunciamos también, que producto de la imposición desde 1994 por el Gobierno Federal mexicano de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, los pescadores cucapás que luchan por sacar adelante a sus familias y preservar su cultura, son objeto de hostigamiento y persecución por parte de militares e inspectores de la llamada Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa y de la Comisión Nacional de Pesca, Conapesca.

Exigimos la instalación inmediata de una mesa de diálogo y negociación que de cause efectivo a las legitimas exigencias del Pueblo Cucapá y permita la preservación y sustentabilidad de sus formas comunitarias de vida y cultura milenarias.

Octavo. Con nuestras hermanas y hermanos de los pueblos indígenas del noroeste mexicano, los Guarijios y Yaquis, estamos sufriendo la imposición del mega proyecto de infraestructura hidráulica y energía llamado Sonora SI. Tal mega proyecto del gran capital nacional y transnacional abarca varios municipios del estado y obras como: reactivación y construcción de presas hidroeléctricas, acueductos, desaladoras y plantas tratadoras de aguas residuales.

La administración estatal del gobernador Guillermo Padrés intenta impulsar la privatización del agua sin considerar el equilibrio de los ecosistemas riparios. Padrés ha hecho público que la prioridad es el crecimiento económico sin importar los aspectos socioculturales y ambientales de las comunidades afectadas. Una clara muestra de lo anterior ha sido la ausencia de estudios serios de impacto ambiental y una auténtica política de transparencia informativa.

Exigimos la suspensión del programa Sonora Sí, y la instalación inmediata de una mesa de diálogo y negociación cuyo eje rector sea el interés superior de las personas y sus comunidades, en especial de los pueblos Guarijios y Yaquis, así como el respeto y sustentabilidad de la madre tierra.

Noveno. Los colectivos, personas y organizaciones que participamos en este Tribunal Popular de Justicia Climática, exigimos justicia para nuestra hermana y compañera ambientalista Nancy Ellen De Rosa, a la que el Estado pretende encarcelar por defender los ecosistemas de la Riviera Maya en Akumal, Quintana Roo; nos declaramos en estado de alerta permanente para conocer la sentencia de un Juez que dictaminará sobre una acusación plagada de irregularidades con la que se intenta acallar a una de las voces más críticas y consecuentes de México, que ha denunciado valientemente a los funcionarios y las empresas que promueven el turismo depredador en las costas del Caribe mexicano.

Décimo. Exigimos la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y acciones afirmativas que en materia de cambio climático se plantean para las comunidades, reconociendo su diversidad y pluralidad. Así mismo, las y los participantes en este Tribunal Popular de Justicia Climática, exigimos el reconocimiento a las diversas propuestas y experiencias desarrolladas por las mujeres de todas las comunidades afectadas por el cambio climático en México.

SENTENCIA:

Hoy, en la Ciudad de México y desde las instalaciones de la Comunidad Teológica de México, las y los presentes, constituidos en Tribunal Popular de Justicia Climática, por el inalienable derecho a la justicia que tenemos los pueblos y asumiendo el dicho de la Constitución Mexicana que señala que la soberanía radica esencialmente en el pueblo; tras oír y conocer los casos de todas y todos los presentes, representantes de diversas comunidades y pueblos indígenas y no indígenas del país, sentenciamos lo siguiente:

Primera. Tras oír y conocer los casos de todas y todos los presentes, representantes de diversas comunidades y pueblos indígenas y no indígenas del país, declaramos culpable al Estado Mexicano, al sistema capitalista y al neoliberalismo por la creciente y dolorosa depredación de la Madre Tierra y el consecuente cambio en el clima, así como por la creciente criminalización de la protesta social y el activismo a favor del ambiente. Esta situación en perjuicio de la soberanía nacional y la sustentabilidad de la vida de las generaciones presentes y futuras de mexicanas y mexicanos.

Segunda. Declaramos culpable al gobierno de Felipe Calderón por estar provocando la exacerbación del estado de violencia que vive México, con la guerra absurda que sostiene contra los grupos de la delincuencia organizada y estarla utilizando para una criminalización alarmante contra los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.

Tercera. Que entre las principales víctimas se encuentran las mujeres y las niñas quienes por el simple hecho de serlo son invisibilizadas en sus historias e incluso en sus nombres, que  sus cuerpos son territorios de expresión de las diversas violencias e impactadas negativamente en su salud, su trabajo, su economía y su vida. Que su cotidianidad es afectada no sólo por la falta de agua y la temperatura ambiental extrema del cambio climático, sino por la multiplicidad de labores y responsabilidades fundamentadas en un machismo depredador, en un patriarcado indigno que hoy oprime y afana lastimosamente la vida de millones de mujeres y niñas. Estas cargas injustas, esta moderna e indigna esclavitud debe cesar a través de la práctica de la justicia y la equidad en el amor y la verdad desde y en los hogares y las comunidades. Es preciso modificar pautas culturales y tradiciones que fortalecen los roles tradicionales que oprimen a las mujeres, que dificultan el impulso de su protagonismo y el desarrollo de sus liderazgos. Sin embargo, es preciso reconocer y aún proclamar, que hoy miles de las luchas que emprenden los pueblos del mundo en un hambre y una sed de justicia legitima, son encabezadas dignamente por las mujeres. La vanguardia de la lucha global por la justicia y la igualdad tiene rostro de mujer. Por ello, las Mujeres presentes, integrantes de este Tribunal, han decidido constituirse desde hoy en el Grupo de Trabajo Feminista por la Equidad de frente al Cambio Climático en México.

Cuarta. Ante la urgente e imprescindible necesidad de contar con espacios permanentes para la denuncia de todas las formas de ecocidio contra la madre tierra y los pueblos, además de la procuración de la organización, coordinación y confluencia de las iniciativas de la lucha  democrática por la sustentabilidad social y climática en la justicia, este tribunal se declara como una instancia abierta y permanente que buscará la confluencia, apoyo y solidaridad de los ámbitos locales, nacional e internacional sin menoscabo de su independencia y soberanía.

LLAMADO A LA ACCIÓN:


Lidiar con la crisis climática implica realizar un cambio fundamental en el orden mundial actual y una transformación completa de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales a escala local, nacional y mundial.

Consientes de que la crisis climática debe correr por cuenta de quienes la generaron, y no por quienes han sido los menos responsables de que ocurra, reconocemos humildemente nuestra responsabilidad como personas, como agentes involuntarios, al ser pasivos hasta ahora ante el sistema depredador capitalista que reproducimos en cada acto de consumo  irracional en nuestra vida cotidiana. Por tanto, asumimos el compromiso de adoptar y promover entre nuestros ámbitos fundamentales, el personal, el familiar y el comunitario un cambio en nuestro estilo de vida, por uno estilo de vida austero y justo que reduzca efectivamente los impactos nocivos a la naturaleza y promuevan una cultura de respeto y equilibrio a la madre tierra y el ambiente.

Hacemos un llamamiento a los colectivos, grupos y asociaciones, a las mujeres y hombres, a los pueblos, tribus y naciones indígenas que actualmente padecen los efectos del cambio climático y la injusticia ambiental a generar procesos de encuentro, intercambio de información y comunicación crecientes, en los valores de la solidaridad y la justicia, la horizontalidad y la organización democrática, partiendo del entendido evidente de que aislados y aisladas nuestras legitimas luchas de reivindicación y justicia climática no podrán enfrentar con eficacia al monstruo depredador de la sociedades y la madre tierra: el sistema capitalista y su expresión más devastadora, el neoliberalismo. Para ello, llamamos con humildad y respeto a impulsar dichos procesos de comunicación y coordinar acciones y proyectos en todas las regiones del país. Asumiendo consecuentemente esta resolución, las y los participantes en este Tribunal Popular de Justicia Climática, iniciaremos un proceso de consulta y acuerdo para la integración del Consejo Nacional de Comunidades del Tribunal Popular de Justicia Climática de México.

Para ello, y entre los compromisos asumidos en este evento, habilitaremos una plataforma de comunicación para hacer públicas las denuncias y los casos de injusticia climática que se padecen en México. Pedimos que se nos envíen fichas informativas, expedientes y denuncias populares a la siguiente dirección de correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Así mismo, anunciamos la apertura de la segunda audiencia de este Tribunal Popular de Justicia Climática, que tendrá lugar el próximo jueves 17 de mayo de 2012 en la Ciudad de México y cuya convocatoria anunciaremos oportunamente.

Finalmente, proponemos el impulso de encuentros para el intercambio de experiencias exitosas, que visibilizan los liderazgos de las mujeres y los procesos organizativos y participativos novedosos para la mitigación y adaptación frente al cambio climático y que coloquen a todos, pero en especial a las mujeres como sujetas de derecho y ciudadanas plenas. En este sentido, hacemos un llamado a recuperar las historias de las mujeres y las niñas que viven historias de afectación en cualquier ámbito de su vida por el cambio climático para hacerlas visibles y contribuir a erradicar este tipo de injusticia y violencia de género.

Invitamos a todos y a todas a sumarse y generar juntos un espacio de diálogo e intercambio entre las comunidades mexicanas afectadas por el cambio climático. Asumiendo la necesidad de lograr una mayor cohesión y fortalecer a las organizaciones y colectivos para construir una agenda común con demandas específicas hacia las autoridades en los ámbitos local, estatal y nacional; para ello les invitamos a generar juntos y juntas una plataforma de afectados y afectadas, sin menoscabo y en colaboración con otros esfuerzos de acción justa por el clima para que nuestras voces y demandas se escuchen en el ámbito nacional e internacional.

Fraternalmente.

¡Por la Vida, la Tierra, el Agua, el Cielo y la Mar en la Justicia!

 
TRIBUNAL POPULAR DE JUSTICIA CLIMÁTICA DE MÉXICO

San Ángel, México Distrito Federal a 17 de noviembre de 2011.


    Firman esta declaración como miembros de este tribunal las siguientes organizaciones y personas:
    Mexicanas y Mexicanos Contra la Desigualdad, GCAP MEXICO.
    Comunidad en Movimiento, A.C.
    Colectivo Mexicano de Comunidades Afectadas por el Cambio Climático, COMEXIC.
    Consejo de Comunidades Unidas de Centla, Estado de Tabasco.
        Comunidad El Coco
        Comunidad Álvaro Obregón
        Comunidad Francisco. I. Madero
        Comunidad Ejido Fronterita
        Comunidad San José de Simón Sarlat
        Comunidad Ejido Constancia y Venecia
        Comunidad Colonia San Juan
        Comunidad Población Simón Sarlat
        Comunidad Colonia Caparrazo
        Comunidad Chilpa Margen Derecho
        Comunidad Boca de Chilpa
        Comunidad Chilpa Margen Izquierdo
        Comunidad Mixteca 2da. Sección.
        Comunidad Mixteca 3ra. Sección.
        Comunidad Ejido José María Morelos y Pavón Tiatalillo
        Comunidad Chichicastle 1ra. Sección
        Comunidad Poblado Quintín Arauz
        Comunidad Cañaveral Corcovado
        Comunidad Villa Vicente Guerrero
        Comunidad Tabasquillo 2da. Sección.
    Frente Sindical  Campesino Indígena Social y Popular de Tabasco
    Bionero.org
    Movimiento Cristiano por la Paz.
    Pueblo Wirrárika, México Estados de  Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango.
    Pueblo Cucapá, México Estados de Baja California y Sonora.
    Pueblo Tarahumara, México Estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila.
    Pueblo Guarijío, México Estados de Sonora y Chihuahua.
    Escuela Autónoma Emiliano Zapata, Puebla.
    COPINH
    Red Mexicana en Defensa del Maíz.
    Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECCAM.
    Fundación Promueve, A.C.
    México Profundo, A.C.
    Red de Mujeres, A.C.
    Mujeres por el Diálogo
    Red Nacional Genero y Economía
    Colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza para Siempre. Estado de Veracruz.
        Comunidad  Amatlán de los Reyes.
        Comunidad  Fortín de las Flores.
        Comunidad  Naranjal.
        Comunidad  Cuichapa.
        Comunidad  San José de García.
        Comunidad  Xúchilez.
        Comunidad  Ixtaczoquitlán.
        Comunidad  Chilpanapa.
        Comunidad  La Toma.
        Comunidad  San Martín.
    Cooperativa por un Ambiente Biodiverso y Sustentable, S.C de R.L.
    Escuelita Emiliano Zapata
    Comunidad Indígena de San Sebastián Tepetitlán, Jalisco.
    Comité de San Lucas Xochimanca, Xochimilco D.F.
    Crecimiento Centrado en Procesos, A.C.
    La Voz de Abya Yala, Medio Libre.
    Comunidad de Amatlán de los Reyes, Veracruz.
    Integrantes del Consejo Ciudadano de las Mujeres del Distrito Federal:
        Jessica Fernández Romero, CCMDF, Cuauhtémoc.
        Luz Elvia Juárez Téllez, CCMDF, Miguel Hidalgo.
        Rosa María Méndez, CCMDF, Coyoacán.
        Leticia García Castro, CCMDF; Álvaro Obregón.
        Susana García García, CCMDF; Miguel Hidalgo.
        Itzel G. Guzmán Reséndiz, CCMDF, Coyoacán.
        Yazmín Cruz X., CCMDF, Álvaro Obregón.
        Laura H. Lucero G, CCMDF, Benito Juárez.
        Elvia Jerezanor, CCMDF, Benito Juárez.
        Patricia Becerril Romero, CCMDF, Xochimilco.
        María Concepción Martínez Chávez, CCMDF, Benito Juárez.
        Elizabeth Veyra S, CCMDF, Benito Juárez.
        Carolina Romero, CCMDF, Coyoacán.
        Bibiana Pacheco, CCMDF, Cuauhtémoc.
        Teresa Linares S, CCMDF, Cuauhtémoc.
    Laura Lechner, Guatemala Solidaritat Austria.
    Rodrigo Olvera, CCUC.
    Joalin Pardo, FLACSO.
    Eduardo Ochoa, UNAM.
    Lorna Zamora Robles, UNAM, FFyL.

Agricultura industrial, agricultura ecológica y consumo responsable

Agricultura industrial, agricultura ecológica y consumo responsable

Por Ana Grandal
fuente: ecoportal.net

agriculturaLo que realmente define a la agricultura industrial es que persigue la intensificación de la producción, como en cualquier otro proceso industrial, con lo que la alimentación se convierte en una mercancía y la única condición de la producción alimentaria es obtener cada vez más beneficios económicos. La tecnología suministrada por la agricultura industrial (como fertilizantes químicos, plaguicidas, invernaderos…) barre los límites “tradicionales” de la producción para asegurar que la productividad sea cada vez mayor, independientemente de otras consideraciones, como la salud de la tierra o de los consumidores.

La agricultura industrial se ha asociado desde el principio con el concepto de “modernización”, considerado positivo, en contraposición a las prácticas tradicionales, “obsoletas”. Esta “modernización” implica el uso de semillas híbridas y agroquímicos (por lo que la agricultura industrial también se denomina agricultura química). Pero lo que realmente define a la agricultura industrial es que persigue la intensificación de la producción, como en cualquier otro proceso industrial, con lo que la alimentación se convierte en una mercancía y la única condición de la producción alimentaria es obtener cada vez más beneficios económicos.

Pero la agricultura industrial también recibe el respaldo de las administraciones públicas, que apoyan su implementación para dirigir la agricultura al mercado urbano primero y global después, como mandan las políticas capitalistas globalizadoras; y aunque las administraciones públicas han establecido regulaciones con respecto a la protección de la salud de los consumidores a lo largo de todo el proceso agroalimentario, la realidad es que siguen produciéndose crisis debido a la propia dinámica industrial (vacas locas, dioxinas…).

La agroindustria de nuevo propone la “modernización” como solución a los problemas que ella misma genera: se aportan soluciones tecnológicas y se externalizan los problemas hacia fuera del sistema productivo y hacia el futuro, con lo que éstos se agravan en lugar de resolverse. Una consecuencia es que los agricultores son cada vez más dependientes del mercado, no sólo para vender sus productos sino también para obtener suministros. Al consumidor, por tanto, cada vez se le cierran más vías para intentar acceder a productos fuera del circuito de la agroindustria, que además cuenta con un instrumento hegemónico muy importante: la publicidad. La agroindustria se sirve de ella no sólo para vender sino para crear una ideología basada en necesidades, muchas veces ficticias, que se satisfacen consumiendo. Utiliza las opiniones de expertos y las recomendaciones alimentarias de las autoridades para avalar sus productos. Poco importa la salud de los consumidores ni las consideraciones ecológicas o sociales, porque el hecho es que la mayor parte de la publicidad está dirigida a productos con alto contenido en azúcares y grasas, que además son los más baratos de producir, y cuyo consumo es una de las causas principales del aumento de la obesidad en los países desarrollados.

Volviendo a la intensificación de la producción que persigue la agricultura industrial, ésta ha provocado que la antigua diferencia entre agricultura intensiva y agricultura extensiva carezca ya de sentido. La agricultura intensiva busca aumentar el rendimiento por hectárea (mayor producción en menos espacio, por ejemplo, una huerta), y la agricultura extensiva busca aumentar la producción aumentando la extensión del cultivo (mayor producción por tener más superficie, por ejemplo, una estepa cerealista, o una dehesa, en que se alternan los usos del suelo).

Pero ambas, al incorporar la lógica de la agroindustria y de la competitividad, hacen que su objetivo de aumentar la producción se realice a toda costa. Ya no dependen de la fertilidad del suelo ni de las habilidades acumuladas por los campesinos, ni siquiera de los ciclos naturales o del aumento de la mano de obra. La tecnología suministrada por la agricultura industrial (como fertilizantes químicos, plaguicidas, invernaderos…) barre los límites “tradicionales” de la producción para asegurar que la productividad sea cada vez mayor, independientemente de otras consideraciones, como la salud de la tierra o de los consumidores. Asi pues la agricultura intensiva y la agricultura extensiva son dos caras de la misma moneda que es la agricultura industrial. En la actualidad, se considera que la agricultura intensiva es la “genuina” agricultura industrial, y sus consecuencias negativas aparecen como el coste necesario para alimentar a una población creciente; por su parte, el concepto de agricultura extensiva ya no se utiliza para los monocultivos sino para una agricultura “tradicional” pero que sólo es asequible a grandes propietarios y es presentada como el verdadero modelo sostenible de producción.

La agricultura ecológica surge en los países occidentales como reacción a los daños provocados por la agroindustria en el medio ambiente y en la salud de las personas. Pero se centra en el rechazo a los productos químicos y al uso de transgénicos y no cuestiona la lógica capitalista, por lo que a veces entra en el circuito mercantilista ofreciendo sus productos en grandes superficies y con precios que sólo pueden permitirse unos pocos. Estas grandes superficies aprovechan la presencia de productos ecológicos en sus estanterías para dar una imagen de responsabilidad corporativa, por lo que podríamos considerar que los emplean como publicidad de empresa.

La agricultura ecológica tampoco integra los problemas de los países empobrecidos. En éstos últimos surge la agricultura de bajos insumos, que además intenta disminuir la dependencia tecnológica de la gran industria. Su versión en los países occidentales es la agricultura integrada, que no sólo sigue sin tener en cuenta la dimensión local y participativa sino que consiente la utilización de agroquímicos (si bien de una forma más “racional”) y de fertilizantes químicos, con lo que sigue dependiendo de la industria. Además, la producción integrada se está desarrollando en la UE como el “verdadero” camino para llegar a la producción ecológica: la certificación de “agricultura integrada” por medio de sellos oficiales le otorga un estatus frente al consumidor que le puede llevar a elegir sus productos frente a otros: en cierta forma, es un tipo de publicidad, puesto que los sellos inducen a creer que estamos ante un producto “bueno y sostenible”. Algo parecido ocurre al considerar la agricultura extensiva como modelo de producción sostenible sin más, sin cuestionarse la lógica que hay detrás (un ejemplo lo tenemos en el jamón ibérico; el más cotizado se produce en explotaciones de este tipo).

Sin embargo, la agroecología es un modo de producción enfrentado a la agricultura industrial y también a sus circuitos de distribución global. Está muy vinculada a la agricultura campesina, entendiendola como el producto de la coevolución de los seres humanos y la naturaleza, es decir, se aprovechan los conocimientos acumulados por los campesinos en los distintos sistemas agrarios. Pero también integra la dimensión del consumo, en forma del consumo responsable, como fuerza social que complementa a la producción agroecológica. Así, los consumidores están en permanente diálogo horizontal con los productores promoviendo el apoyo mútuo para producir y consumir alimentos sanos. Esto se traduce en el establecimiento de un precio justo para productores y consumidores, y en la comprensión por parte de estos últimos de las circunstancias a las que se enfrentan los primeros a la hora de cultivar sus productos (problemas meteorológicos, posibles daños por insectos y otros animales…). El consumidor, pues, deja de ser un agente pasivo: es partícipe del ciclo natural de producción, asumiendo que también hay que respetar la salud del entorno, sin exigir más de lo que el uso racional del suelo puede ofrecer (cada alimento tiene su temporada).

La dimensión local (la cercanía física con el productor) también racionaliza el aspecto de la distribución, que con el establecimiento de circuitos cortos garantiza además la frescura de los alimentos. Por último, la asociación de consumidores en grupos de consumo aporta un componente social que permite aunar las fuerzas individuales para crear espacios de autogestión que empoderan a los consumidores frente a la agroindustria. En este contexto es difícil que la publicidad tenga cabida, ya que los parámetros que utiliza, en plena consonancia con los intereses industriales, dejan de tener sentido. En estos términos también desaparecen algunos de los factores que contribuyen a la obesidad, generándose una relación más realista y cercana con los alimentos.

Ana Grandal - http://www.nodo50.org/lagarbancitaecologica

Fuente: “Agroecología y Consumo Responsable. Teoría y práctica”. Ed. Kehaceres. Madrid

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