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Agronegocio y mujeres rurales: El caso de los monocultivos de piña en Costa Rica

Artículo de COECOCEIBA/Amigos de la Tierra Costa Rica, publicado en el informe "Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central" de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) - Primera edición: marzo 2018

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1. Introducción

El conflicto territorial que implican los monocultivos en Costa Rica tiene un alcance profundo en la cotidianidad, principalmente de mujeres que son afectadas por el agronegocio. En un país enfocado en la apertura comercial, la firma de Tratados de Libre Comercio y de protección de inversiones; la expansión de los monocultivos ha sido el principal fenómeno que enfrentan las comunidades rurales actualmente y que pone de manifiesto que quienes cargan con las consecuencias tienen rostro femenino, pero ellas son también las que más le hacen frente y resisten a la expansión del agronegocio.

Para entender el agronegocio en Costa Rica, es necesario vincularlo con más de treinta año de política neoliberal de los últimos gobiernos. Con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos (2008), a la fecha se han detectado crecimientos de zonas cultivadas con palma aceitera, caña de azúcar, piña y banano, productos enfocados en la agroexportación y que no integran la dieta cotidiana de la población costarricense y que han venido a desplazar los granos básicos y atentar contra la producción campesina que desde los años ochenta viene quedando sin apoyo estatal y que ha sufrido golpes fuertes con el embate neoliberal de las décadas siguientes.

Se estima que existen alrededor de 250 mil hectáreas dedicadas al agronegocio, de los cuales 56 mil son dedicadas al cultivo de la Piña Gold o MD2, dependiente además de paquetes tecnológicos basados en agrotóxico como el Bromacil, Diuron, Endusolfan, Paraquat, Tiadimefon, Mocap, entre otros. En términos de 10 años (2007-2017) la importación de herbicidas se ha multiplicado 312% (1) y la cantidad de fuentes de agua para aprovechamiento humano contaminados por estos agrotóxicos aumenta. Sólo en 2017 se reportaron más de dos nacientes de agua para consumo humano contaminadas con Bromacil en la zona norte, en la comunidad de Veracruz en San Carlos de Alajuela. Impactando a más de 5000 personas que toman de esa fuente.

Sumado a lo anterior, las disparidades y la discriminación que viven las mujeres es una discusión que engloba muchos aspectos, como el acceso a los bienes, la economía del tiempo, el trabajo no remunerado, el desempleo, los salarios bajos, y la violencia sexual, entre otros. La situación que viven las mujeres en el campo es reflejo de algunos de estos sometimientos que sufren por condición de género y que, en muchos casos, coinciden con el modelo que impulsa el sistema industrial de alimentos.

Según el último Censo Agropecuario de Costa Rica (2) las mujeres poseen solamente el 8,1% del área cultivable del país, mientras que los hombres tienen más del 91.9%. De la misma forma, en términos de cantidad de fincas (títulos de propiedad) en el país existen 93.017 fincas. Un total de 80.972 tienen como condición jurídica la persona física (87%), el resto (13%) están en manos de empresas privadas. De las fincas que están a nombre de personas físicas, 68.374 (84,4%) están dirigidas por hombres y tan sólo 12.598 fincas (15,6%) son dirigidas por mujeres. Lo anterior nos habla de que las mujeres tienen menos acceso a títulos de propiedad. Si lo vemos en total de hectáreas de todas las fincas, las mujeres poseen solamente el 4,4% del área cultivable del país. Es decir, en promedio las mujeres tienen parcelas mucho más pequeñas en comparación con las extensiones en propiedad que tienen los hombres.

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Honduras: Las Mujeres en Resistencia ante la Imposición de Proyectos Hidroeléctricos en el Departamento de La Paz

Artículo de Azalia Espinoza, Jazziel Baca y Martha Silva, publicado en el informe "Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central" de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) - Primera edición: marzo 2018

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1. Introducción

Latinoamérica se ha convertido en el objetivo clave para que empresas transnacionales de los países llamados "Desarrollados" extraigan materias primas, pero estás son exportadas a Europa o Estados Unidos para ser procesadas en estos países y ser vendidas como producción propia, estableciendo así el modelo binomial de la modernidad, desarrollo y subdesarrollo, dos caras de una misma moneda. En el caso de Centroamérica,  esta moneda lleva resonando en los discursos de todo mandatario desde que se forjaron nuestras naciones en la segunda década del siglo XIX.

2. Antecedentes

Honduras es un país con una amplia riqueza en bienes naturales, biodiversidad y minerales valiosos. Sin embargo, la riqueza natural sólo lo disfruta un porcentaje muy reducido de la sociedad. Honduras tiene los niveles más altos de desigualdad de toda América Latina: cerca del 66 por ciento de la población vive en la pobreza, según datos oficiales de 2016. En zonas rurales, aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema con menos de US$1.90 al día.

En Honduras, bajo la premisa del "desarrollo", entramos al engañoso modelo extractivista a partir de los años 1990, pero luego del golpe de Estado de 2009, toma un especial interés en la agenda de gobierno. En este mismo año se aprueba una nueva Ley General de Aguas, que permite la concesión de los recursos hídricos del país a manos privadas, inmediatamente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) convoca a un proceso de licitación para 47 proyectos (decreto No. 100-1293/2009), de los cuales 40 quedan a manos de empresas privadas extranjeras (1). Posteriormente, se aprueba la Ley General de Minería mediante decreto 238-201 que permite la masiva concesión de territorios para la instalación de empresas mineras metálicas y no metálicas) y reformas a la Ley de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables por medio de decreto de ley 138-2013 la concesión de ríos para la construcción de represas hidroeléctricas en el país.

Abriendo así una nueva etapa de explotación de los bienes comunes y despojo territorial inconsulto, manifestado en proyectos mineros, fotovoltaicos, eólicos e hidroeléctricos, que desde el 2010 han ido en un imparable crecimiento, sumando "más de 837 proyectos mineros potenciales, lo cual en términos territoriales significaría casi el 35% del territorio nacional. Además que hay 76 proyectos hidroeléctricos con estudio de factibilidad finalizado y/o contrato de operación aprobado en 14 de los 18 departamentos del país (Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Patuca, Santa Bárbara y Yoro)".

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El Salvador: Las mujeres defienden el agua y enfrentan a Coca Cola en el Municipio de Nejapa, San Salvador

Artículo de Marta Eugenia Muñoz, publicado en el informe "Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central" de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) - Primera edición: marzo 2018

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1.1. Introducción

El Salvador es uno de los países más deforestados de América Latina, con alta densidad poblacional, 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Cifras oficiales dejan ver que en la zona rural solo 55% de la población posee conexión de agua por cañería, mientras que en la ciudad esa cifra sube a 90 %. En el campo, las familias sin cañería se abastecen de pozos y ríos, agua que no es apta para el consumo humano, aún con esta mala calidad, este bien natural se está agotando.

1.2. Antecedentes

En el año de 1965, se fundó Embotelladora Salvadoreña, S. A., que inició operaciones con la marca Coca-Cola en El Salvador en el municipio de Soyapango, al agotarse el acuífero de esta ciudad en 1994, se traslada la planta de Coca Cola al municipio de Nejapa. En el año 2005, SAB Miller adquirió la totalidad de la empresa.

El municipio de Nejapa (compuesto por ocho cantones y 43 caseríos), se encuentra en el Departamento de San Salvador, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2017 con una población total de 29,458 habitantes, de los cuales el 52% son hombres y el 42% son mujeres; con una realidad rural transformándose en urbana dada su cercanía al área metropolitana de la capital, San Salvador, lo que se traduce en más población, más industrias y más impacto en los recursos sociales y ambientales.

Uno de los más graves problemas a los que se enfrentan los habitantes de Nejapa tiene que ver con el derecho humano al agua potable. El municipio se encuentra ubicado sobre un acuífero (llamado Nejapa/Quezaltepeque), que es clave para el suministro doméstico del 46% de la población de la capital dadas sus dimensiones. Es un acuífero que forma parte de la cuenca del río San Antonio, y que tiene un gran interés por su riqueza en producción de agua limpia (aporta 7,4 millones de metros cúbitos al año). Su recarga depende en buena medida de lo que ocurre en Nejapa, donde en las últimas décadas también se ha convertido en un recurso explotado por la actividad industrial que se ha traslado a la zona, sometiéndolo a una constante presión. Entre otras, ahora están allí asentadas una embotelladora de la transnacional de Coca Cola (Industrias La Constancia/ Sab Miller), empresas salvadoreñas como MECAFE, Salazar Romero.

1.3. La expropiación del recurso hídrico por la transnacional Coca Cola

En 1996, tres años antes de empezar su actividad, la empresa consiguió el permiso para explotar unos dos millones de metros cúbicos de agua al año. Ello suponía extraer 66,67 litros por segundo del acuífero. Ya entonces, el desaparecido Comité Ejecutivo Protector de los Recursos Hídricos (CEPRHI), que se encargaba por entonces de la gestión del agua a nivel nacional, emitió una resolución sobre los posibles efectos que tendría la construcción y funcionamiento de la planta de Coca Cola en los recursos hídricos de Nejapa. El CEPRHI señalaba que:

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[AUDIO] Jesús Carmona: "Con los decretos, al levantar las vedas, todos sabemos que se viene el fracking"

Participación de Jesús Carmona de la Torre en el conversatorio organizado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México el 17 de julio 2018 en el Foro Cultural Kinoki de San Cristóbal de las Casas, titulado "Los decretos de agua: impactos sobre los ríos, pueblos y mujeres en Chiapas". Jesús Carmona de la Torre trabaja en el área de laboratorios institucionales del Colegio del Frontera Sur (ECOSUR) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

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"Con los decretos, se ha generado más desconfianza en un sector cada vez más grande de la población mexicana. Hoy día, tenemos esos decretos que van orientados al desarrollo económico. Detrás de ellos, hay un interés solamente económico que busca generar riqueza a costa de lo que sea.

El agua siempre ha sido y sigue siendo uno de los graves problemas en México, aunque se diga que el agua es potable. Solo en las ciudades más grandes e importantes del país el agua se podría denominar como 'potable' porque tienen realmente la infraestructura para potabilizar el agua. Sin embargo, la carencia en términos de saneamiento es mucha y Chiapas está lejos de alcanzar los niveles nacionales promedios. Tenemos una planta llamada 'Ciudad del agua' en Tuxtla Gutiérrez que quizo potabilizar el agua, pero sabemos que ésta no es potable. El resto es agua entubada.

En términos de calidad del agua, los problemas principales son microbiológicos en las zonas urbanas y también en las comunidades rurales porque en las comunidades rurales tenemos flora y fauna y a veces no tenemos servicios sanitarios, entonces todos los desechos humanos y de los animales van al agua, contaminándola microbiológicamente.

En el campo, el agua de los ecosistemas está contaminada, en Chiapas muy particularmente, por el sector agrícola. El uso indiscriminado de agroquímicos es terrible. Se hacen verdaderas bombas: se mezcla un producto con otro para controlar una plaga o la vegetación en los cultivos o monocultivos, y también hay un uso exagerado de fertilizantes sin conocimiento real de la fertilidad de las tierras.

Esta contaminación se va moviendo en las zonas urbanas a través de los drenajes que van a los ríos. Recordemos que los ríos no llevan nada más agua. Tienen una dinámica más importante ya que también arrastran suelos. Entonces el flujo de los contaminantes va asociado a estos sólidos que se van arrastrando con el agua y con la erosión hídrica. Esto no ha sido contemplado tampoco en los decretos.

Con los decretos, al levantar las vedas, todos sabemos que se viene el fracking (o fracturación hidráulica) en México en su máxima expresión. Con el fracking, en un pozo pequeño de extracción de petróleo o de gas natural, tenemos una inversión de agua de entre 4,000 y 9,000 m3 de agua para el proceso extractivo. Podemos tener hasta 29,000 m3 de agua en un pozo más grande. Para perforar varios kilómetros de capas de tierra, tienen que utilizar sustancias químicas, maquinaria pesada y energía, además de agua.

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