Dictamen final del jurado de la Pre-audiencia Presas, derechos de los pueblos e impunidad TPP

México DF, a 18 de diciembre de 2012

Boletín de prensa

Se presenta Dictamen final del jurado de la Pre-audiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”

Mesa de devastación ambiental y derechos de los pueblos

Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) - Capítulo México

tpp
• Después de analizar 11 denuncias, concluyen que hay un patrón sistemático de violación a 15 derechos humanos

• Emiten recomendaciones sobre las políticas energética e hídrica y en materia de derechos humanos

• Piden cancelar los proyectos en curso que violan derechos humanos, en particular aquellos que se están desarrollando sin un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados o en los cuales la mayoría de los afectados se ha expresado en contra del proyecto

• Recomiendan medidas punitivas a funcionarios que han violado leyes e incurrido en desacato de sentencias judiciales

• Solicitan revisar costos y beneficios económicos, financieros, sociales y ambientales de las presas construidas desde 1972 y llevar a cabo auditorías

 
En días recientes, concluyó su dictamen el jurado de la Pre-audiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la Mesa de devastación ambiental y derechos de los pueblos del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) - Capítulo México. Se anexa copia del documento.

En el dictamen se subraya que en nuestro país existen 4 mil 200 presas y se proyecta construir otras 30 antes de 2017. Las construcción de estas obras ha originado un patrón de violaciones graves y sistemáticas de 15 derechos humanos, así como derechos de los pueblos y las comunidades, entre las cuales destacan: el desalojo y desplazamiento forzoso de más de 185 mil personas que se convierte en violación al derecho a la vivienda, violaciones al derecho a la información y participación, al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, al agua, a la alimentación y, cuando hay procesos de organización para resistir a la construcción de presas, la criminalización de la protesta social.

Estas violaciones a los derechos humanos y de los pueblos fueron denunciadas en la Pre-audiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, en Temacapulín, Jalisco, los días 5 y 6 de noviembre de 2012. Ahí hicieron escuchar su voz pueblos, comunidades y organizaciones afectadas por las presas Cerro de Oro, Paso de la Reyna y Ampliación Cerro de Oro (Oaxaca), La Parota (Guerrero), Las Cruces y El Cajón (Nayarit), El Naranjal y Zongolica (Veracruz), Arcediano y El Zapotillo (Jalisco) y La Yesca (Nayarit-Jalisco).

El dictamen que el jurado de siete expertos nacionales e internacionales hace púbico hoy será parte de los documentos que se presentarán en la mesa ambiental del TPP en 2013 y en la audiencia final de este tribunal en 2014. Será además entregado a todas las autoridades involucradas en el desarrollo de los proyectos de presas, considerando que son los destinatarios de las recomendaciones que se plantean en el documento.

Respecto al modelo de manejo energético e hídrico, se recomienda: abrir un debate público sobre las políticas y opciones energéticas estratégicas, con amplia participación de los diferentes sectores y movimientos de la sociedad civil; revisar las políticas de control, uso y asignación de los recursos hídricos de la nación, realizando un examen que conduzca a una política responsable de conservación y gestión integrada de recursos hídricos; llevar a cabo una auditoría nacional a cargo de una instancia independiente, con representantes del gobierno, la sociedad civil y la academia, que revise los costos y beneficios, económico- financieros, sociales y ambientales de las presas construidas desde 1972; establecer mecanismos transparentes y participativos en los procesos de decisión de cada proyecto; asegurar que las normas y procedimientos relativos a las MIA incluyan un amplio y detallado estudio de los impactos socioeconómicos provocados por los proyectos, garantizando la participación de los pueblos afectados y asegurando que sea vinculante el resultado de las consultas públicas.

Entre las recomendaciones más contundentes en materia de derechos humanos se encuentran: cancelar los proyectos que violan derechos humanos, en particular los que se están desarrollando sin consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados o en los cuales la mayoría de los afectados se han expresado en contra de la presa; respetar, en los proyectos presentes y futuros, todas las normas legales nacionales y los compromisos internacionales asumidos por México, para asegurar la protección de los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas o en riesgo de serlo; que todos los proyectos cuenten con: aviso apropiado, información adecuada, tiempo razonable para hacer una revisión pública, celebración de audiencias públicas donde las personas afectadas y a sus defensores puedan impugnar la decisión de desalojo y/o presentar propuestas alternativas y formular sus exigencias y prioridades de desarrollo; ningún desalojo puede llevarse a cabo sin el consentimiento previo, libre e informado de las personas y comunidades afectadas; implementar una legislación nacional y políticas públicas dirigidas a limitar y regular los desalojos y los desplazamientos en conformidad con los principios y directrices de la ONU  sobre los desalojos y desplazamientos provocados por el desarrollo; indemnización justa e imparcial para todas las personas y comunidades desalojadas en los últimos 40 años por la construcción de presas; transparentar costos y fuentes de financiamiento de los proyectos, particularmente cuando utilicen recursos públicos; medidas punitivas hacia los funcionarios que han violado leyes y normas vigentes de protección a los derechos sociales, humanos y ambientales de las poblaciones afectadas e incurrido en desacato de sentencias judiciales.

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