Conflictos socioambientales por la minería y las represas en Chiapas

Gustavo Castro Soto, Otros Mundos, AC
En La Jornada Ecológica n. 201

Los bienes comunes naturales en Chiapas son inmensos. El estado posee más del 30 por ciento del agua superficial del país, y una de las mayores regiones biodiversas no solo de México sino de la región mesoamericana. Sin embargo, la dinámica del capitalismo de convertir todo en mercancía, con precio y dueño, hace que los bienes comunes naturales se conviertan en recursos en disputa. Esto transforma a cada rincón de la entidad en una olla de conflictos socioambientales, en una lucha por el territorio, por la vida. Quizás por ello sería más conveniente llamarle conflictos socioterritoriales, porque impactan todos los ámbitos de la vida, la cultura, el espacio vital, la alimentación, el agua, los lugares sagrados, el paisaje, la salud, en fin, las posibilidades de disfrutar la vida plena.

Según el Sistema de Administración Minera (Siam), hasta ahora existen en Chiapas 87 concesiones mineras vigentes otorgadas por el gobierno federal y localizadas en 13 municipios. Sobresalen Acacoyahua (con 13 concesiones), Acapetahua (3), Chicomuselo (14), Cintalapa (9), Escuintla (8), Frontera Comalapa (1), La Concordia (2), Mapastepec (6), Motozintla (4), Pijijiapan (4), Siltepec (3), Solosuchiapa (6) y Tapachula (14). La suma de las concesiones otorgadas en lo que va de este siglo rebasan las 120 y se extienden por un millón y medio de hectáreas. Todas estas concesiones son principalmente para la extracción de 11 minerales, especialmente oro, plata, plomo, cobre, zinc, fierro, titanio, barrita, tungsteno (wolfranio) y antimonio. La mayoría de las concesiones corresponden a empresas canadienses, mismas que ya llevan a cuestas la responsabilidad en el primer asesinato en 2009 por la resistencia contra la mina de barita de la empresa Blackfire; el de Mariano Abarca. A la par, en el municipio de Escuintla, el ejido El Triunfo declara su territorio libre de minería: por su parte la mina Nueva Francia es clausurada gracias a la presión del movimiento social que reclama irregularidades ambientales. También los pobladores locales clausuran la mina Cristina ante la falta de cumplimiento de promesas por parte de la empresa. En la región Sierra el conflicto contra la extracción minera apareció en diciembre de 2013, cuando más de 50 ejidos, comunidades y organizaciones sociales se movilizaron declarándose territorios libres de minería y de represas. Puede decirse que prácticamente en los municipios donde se registra actividad de prospección, exploración y explotación minera, existe algún tipo de conflicto.

La obras hidráulicas constituyen otra etapa de conflictos cuando las poblaciones afectadas conocen los proyectos de construcción. Las familias que ya fueron desplazadas con motivo de la construcción de la presa Chicoasén, ahora reaccionan ante la posibilidad de ser nuevamente desplazados por el nuevo proyecto hidroeléctrico Chicoasén II. Varias comunidades de Tuxtla Gutiérrez exigen claridad y respuesta suficiente por parte de las autoridades ante las posibles afectaciones que ocasionará la presa Rompepicos. Los indígenas de Cancuc luchan contra los nuevos intentos de construir la presa en sus territorios. Hace dos años expulsaron de ellos a los empleados de la empresa canadiense que pretendían iniciar trabajos de construcción.

Por su parte, la comunidad de Huitiupán se organiza para enfrentar la nueva amenaza de realizar la presa Itzantún. En décadas pasadas, su resistencia tuvo saldos sociales muy costosos. Y así en la selva, en la región de los Altos, en Pijijiapan, y en otros rincones de la entidad chiapaneca las comunidades empiezan a movilizarse y alertan sobre el posible despojo que afectaría sus territorios ancestrales. Sin embargo, los proyectos de mayor preocupación son los hidroeléctricos trazados sobre el río Usumacinta. Por ello, las comunidades y organizaciones preparan la resistencia y han establecido la Alianza de la Región Maya por la Cuenca del Usumacinta Libre de Represas. La integran campesinos e indígenas de Chiapas, Tabasco y Guatemala.

Sin embargo, existen otros conflictos socioambientales donde está en juego y en disputa el territorio y los bienes comunes naturales. Cito los más actuales: la construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque; los monocultivos forestales de palma de aceite o jatropha que invaden ya miles de hectáreas; la extracción de petróleo y gas; la explotación sin control de biodiversidad por parte de las empresas farmacéuticas, la mayoría de ellas extranjeras; los parques eólicos en la costa; las “ciudades rurales sustentables”; la ampliación de Puerto Chiapas y los proyectos para nuevos aeropuertos; los cultivos de soya transgénica en extensas áreas agrícolas; los supermercados mayoristas; los basureros municipales y los denominados “mercados de carbono”.

El pueblo chiapaneco siempre ha resistido y lo seguirá haciendo frente a los megaproyectos. Algunos, como ya apunté se han detenido gracias a la movilización social. Sin embargo, ahora existe un nuevo componente y enorme reto que la resistencia debe saber sortear con sabiduría y tenacidad: los efectos que ocasionará la puesta en vigor de la reforma energética. Ya veremos cómo se organizan los pueblos contra ella en aras de defender sus recursos y su calidad de vida.

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