¿Porqué teme la Unión Europea el establecimiento de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos?

Comunicado de la federación Amigos de la Tierra Internacional, a la cual pertenece Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México - A 11 de julio 2018

Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre el tratado vinculante de las Organizaciones de Naciones Unidas que obligaría a las empresas transnacioneales a respetar los derechos humanos en todos los países donde tienen actividades. Exhortamos a la Unión Europea a que empiece finalmente a respaldar este proceso.

El respaldo de la sociedad civil a un tratado jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales está creciendo, especialmente en el Sur global. Sin embargo, en lugar de intervenir comprometidamente en las negociaciones de este tratado de la ONU, la Unión Europea está dilatando y descarrilando el proceso. ¿Con qué cara puede la UE decir que está comprometida con la protección de los derechos humanos y de quienes los defienden, cuando está tratando de impedir el avance de este proceso histórico?

En 2015, un grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas empezó a trabajar en pos de un tratado para reglamentar las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas de negocios, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. A pesar del voto negativo de 14 países europeos contra la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014, la iniciativa concita cada vez más apoyo generalizado y las conversaciones se encaminan ahora hacia una cuarta sesión de trabajo formal en octubre, cuando se empezará a negociar un Borrador Cero. La UE funciona como un bloque en Ginebra, lo que significa que coordina la postura de todos sus Estados miembros individuales.

Los reclamos por mecanismos jurídicos que permitan prevenir y evitar los abusos y violaciones de derechos humanos por empresas y sus ataques contra gobiernos elegidos democráticamente han sido reiterados, desde aquel discurso memorable de Salvador Allende en 1972 ante la Asamblea General de la ONU. Pero los crímenes empresariales contra el medioambiente y los derechos de los pueblos siguen ocurriendo desde entonces sin cesar, al mismo tiempo que la violencia contra los defensores y defensoras de los territorios y los derechos de los pueblos asciende a niveles alarmantes. Las empresas casi nunca o nunca son responsabilizadas ante la justicia por sus actos.

Muchos países han formulado propuestas concretas respecto del contenido y la aplicación de un tratado vinculante que permita cerrar los vacíos legales que persisten en el derecho internacional de los derechos humanos y que mejore el acceso a la justicia para los pueblos afectados. Esto incluye leyes nacionales en algunos Estados europeos que les fijan obligaciones jurídicas a las empresas transnacionales para que eviten los abusos de derechos humanos y los daños ambientales a todo lo largo de sus cadenas de suministro. Actualmente, se están dando grandes avances al respecto en países como Francia y Suiza, empujados por la sociedad civil organizada y los parlamentos.

La UE mantiene sin embargo su postura obstruccionista. Sus representantes no se presentaron al inicio de las conversaciones en la ONU en 2015, e intervinieron recién en 2016 y 2017 en respuesta a las presiones de las organizaciones de la sociedad civil. Durante las consultas informales más recientes, en mayo y junio, la UE siguió impidiendo las negociaciones al reclamar una nueva resolución que restrinja el mandato del grupo de trabajo intergubernamental. Eso implicaría revertir cuatro años de avances, y le daría a la UE la oportunidad de cambiar el alcance del tratado, o de lavar sus contenidos hasta transformarlo en una mera enmienda de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

El Borrador Cero que será elaborado este mes es el resultado de tres sesiones de discusiones fructíferas entre Estados, sociedad civil, expertos, y representantes de comunidades afectadas, así como de las asociaciones empresariales opositoras, y debe basarse en el documento de elementos discutido el año pasado en la tercera sesión. Para Amigos de la Tierra Internacional, para que el nuevo instrumento jurídicamente vinculante sea eficaz, debe incluir entre sus elementos clave obligaciones para las empresas transnacionales de respetar los derechos humanos, responsabilidad civil y penal para las empresas y sus directores en casos de violaciones, transparencia en las cadenas de suministro para habilitar el levantamiento del velo societario que les permite a las empresas evadir sus responsabilidades, y un tribunal internacional de derechos humanos al que puedan acudir las personas y colectivos afectados en caso que sus tribunales nacionales no les brinden acceso adecuado a la justicia.

El Borrador Cero debe establecer obligaciones estatales operativas que garanticen la primacía de los derechos humanos frente a los acuerdos comerciales, brindar caminos para que las comunidades afectadas obtengan compensación, y proteger contra nuevos abusos a l@s defensores de territorios. También debe incluir disposiciones que impidan que las instituciones financieras internacionales actúen con impunidad cuando financian proyectos destructivos o apoyan políticas que socavan los derechos de los pueblos a servicios públicos.

Por más mecanismos voluntarios que haya en el mundo, no podrán proteger las vidas de l@s defensores de territorios de las amenazas y ataques sistemáticos de empresas contra el medioambiente, las fuentes de sustento y los derechos de los pueblos. Sería un fracaso histórico para la legislación universal sobre los derechos humanos que, tras más de 45 años de lucha por la responsabilización de las empresas transnacionales, el grupo de trabajo intergubernamental presidido por Ecuador en la ONU y respaldado por más de 100 Estados miembros de la ONU cediera a las tácticas obstruccionistas de la UE.

No puede ser la intención de la UE abandonar explícitamente a su suerte a l@s defensores de derechos humanos que actúan en todos los rincones del planeta. L@s ciudadanos europeos no quieren pasar a la historia como la región que bloqueó esta oportunidad histórica de brindarles justicia a los millones de personas que han sufrido abusos de manos de empresas transnacionales. La UE no debería hacer caso omiso del llamado de más de 400 organizaciones de la sociedad civil del mundo entero que les reclaman a los gobiernos que intervengan constructivamente en las consultas informales en curso y en las negociaciones del Borrador Cero en octubre. La UE no quiere oponerse al número creciente de resoluciones de parlamentos regionales y nacionales, incluido el Parlamento Europeo, que abogan por la responsabilización de las empresas transnacionales. Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre este tratado de la ONU. En lugar de argumentar en contra del proceso con cuestiones de procedimiento y solicitar consultas sin participación de la sociedad civil, exhortamos a la UE a que empiece finalmente a respaldar este proceso. Es hora de que la Unión Europea actué en consonancia con sus electores y la comunidad internacional de defensores de derechos humanos para ponerle punto final a la impunidad empresarial.

Entrevista con Karin Nansen, presidenta de ATI, en octubre 2017:

Más información:

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