Construcción de represas, ¿progreso destructivo?

La Jornada Veracruz. Manuel Martínez Morales

La imagen dice todo: una mujer pobre, con desnutrición evidente, recoge como puede un poco de la leche derramada por productores que protestan por los bajos precios provocados por la importación de leche en polvo. La foto se tomó en Colombia hace algunas semanas. En los ingenios veracruzanos, toneladas de azúcar se encuentran almacenadas sin encontrar mercado, pues la importación de azúcar –autorizada por el Ejecutivo federal, siempre obediente a intereses extranjeros– ha devastado la industria cañera nacional.

Desde hace meses, habitantes de Jalcomulco, de Ixtaczoquitlán, Amatlán de los Reyes y otras comunidades veracruzanas se han manifestado para exigir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detenga la construcción de varias presas a lo largo de algunos ríos de la región, como el río de La Antigua y el río Blanco. Habitantes de Jalcomulco han indicado que aunque la CFE argumenta que las presas son para beneficiar a la población, saben que en realidad es para beneficiar con electricidad a varias empresas, entre ellas una cementera que se construye en la zona.

En los tres casos aludidos, comunidades pobres, trabajadores del campo y pequeños productores se ven afectados, y ven alterada su forma tradicional de vida, por el efecto devastador del “libre comercio” y el progreso ilimitado, destructivo. Pues la leche (en polvo) y el azúcar importados son más baratos, ya que son producidos con el uso intensivo de tecnología, mano de obra barata (trabajadores migrantes y maquiladores) y subsidios en los países de origen del producto; elementos no disponibles para los productores nacionales. En el caso de las presas sobre ríos veracruzanos, se trata de “traer el progreso” beneficiando a ciertas empresas –varias de ellas financiadas con capital extranjero– que se establecen en la zona, a costa de destruir el modo de vida y las fuentes de sustento de las comunidades aledañas: la agricultura, la pesca y el turismo.

Una especialista, Silvia Ribeiro, en su artículo “Mitos y engaños de las grandes represas”, afirma que las grandes presas son presentadas como si fueran un símbolo de desarrollo, energía limpia y una alternativa frente a la crisis climática. Nada de esto es verdad –sostiene la investigadora– y como en tantos megaproyectos, quienes se benefician son unas cuantas empresas, relacionadas al control del agua, al negocio de la construcción y de generación de energía, mientras se violan derechos esenciales de las comunidades. Es importante desarmar esos mitos, porque la realidad es que tienen consecuencias devastadoras en el ambiente, la salud y el clima, además de enormes impactos sociales y económicos contra las poblaciones locales.

La mayoría de las grandes represas construidas o en proyecto en el país, se hacen contra la voluntad de los pobladores locales. No existe ningún caso en que las comunidades desplazadas estén mejor que antes. Priva la desintegración de las comunidades y familias que han debido trasladarse por la fuerza o aceptando condiciones que siempre están muy lejos de las promesas que les hicieron, como es el caso de la Presa Picachos en Sinaloa. Invariablemente, los beneficios de las grandes presas van fuera de las comunidades desplazadas, a engrosar capitales de empresas nacionales y trasnacionales, que además de recibir enormes subsidios por la construcción, ganan con la operación de la presas.

En el caso de Veracruz, dejar que se construyan las presas implicará un deterioro ecológico a todo lo largo de los ríos, como en el caso de el río Los Pescados-La Antigua, porque en este último proyecto piensan dejar solamente 10 por ciento del caudal del río para aprovechamiento humano. Los pobladores de Jalcomulco insisten en que dejar solamente 10 por ciento del caudal del río es un atentado brutal contra la naturaleza ya que se acabaría toda la vida alrededor del río. Se acabaría toda la vida acuática. Además, se dejarían de producir toneladas de caña de azúcar, limón, papaya y muchos otros productos sin contar todas las especies de aves que son posibles gracias al río. Por si ello fuera poco, se exterminará una fuente muy importante de recursos, que es el turismo, que da empleo a cientos de personas en muchos de los poblados de la ribera del río.

Quienes hacen su vida a orillas del río Blanco se oponen al proyecto de construcción de la hidroeléctrica El Naranjal, por considerarla tanto un ecocidio en por lo menos cinco municipios de la zona centro, como un proyecto que afectará la cuenca del río. Los campesinos se niegan a este proyecto –según han dicho– por la afectación ecológica; detallan que habrá tala inmoderada de árboles, el río Blanco será gravemente contaminado, además que pretenden cambiar su cauce; aunado a ello, el manantial El Sótano, también será gravemente contaminado, lo que es preocupante porque funge como la fuente de abastecimiento de agua para al menos 150 familias de Cuichapa.

La mayoría de las grandes represas construidas o en proyecto en el país, se hacen contra la voluntad de los pobladores locales, como en los casos arriba señalados. No existe ningún caso en que las comunidades desplazadas estén mejor que antes. Priva la desintegración de las comunidades y familias que han debido trasladarse por la fuerza o aceptando condiciones que siempre están muy lejos de las promesas que les hicieron, como es el caso de la Presa Picachos en Sinaloa. Invariablemente, los beneficios de las grandes presas van fuera de las comunidades desplazadas, a engrosar capitales de empresas nacionales y trasnacionales, que además de recibir enormes subsidios por la construcción, ganan con la operación de las presas. En varios casos, también se presentan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas, para cobrar adicionalmente créditos de carbono, mostrando lo cínico de este mecanismo. Las represas La Yesca y La Parota, en el estado de Guerrero, están entre los proyectos que la CFE y el gobierno presentan como casos para el MDL.

Se presenta de nuevo el dilema entre atender el bienestar humano y el equilibrio ambiental o aceptar el embate del progreso destructivo. La voracidad capitalista –origen del proyecto de construcción de las presas– sólo toma en cuenta la ganancia a como dé lugar, sin importar que sea a costa de la destrucción del medio ambiente y de comunidades enteras. Ya ha sucedido en nuestro país en el pasado reciente. No debe permitirse más.

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