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Jueves, 26 de Agosto de 2010 17:55 |
Sensacional victoria de pueblo indÃgena contra gigante minero
Fuente: Survival / Martes 24 de Agosto de 2010
Un pueblo indÃgena de la India ha logrado una impresionante victoria ante una de las mayores empresas mineras del mundo. En lo que supone una decisión extraordinaria, el ministro de Medio Ambiente de la India, Jairam Ramesh, ha bloqueado el proyecto de la empresa Vedanta Resources para construir una mina de bauxita en las colinas sagradas del pueblo indÃgena dongria kondh.
India - 24/08/2010. El Sr. Ramesh declaró que Vedanta ha mostrado un "escandaloso" y "flagrante desprecio por los derechos de los pueblos indÃgenas". El ministro también cuestionó la legalidad de la enorme refinerÃa que Vedanta ya ha construido al pie de las colinas.
Esta noticia es una aplastante derrota para el multimillonario indio Anil Agarwal, el accionista mayoritario y propietario de Vedanta.
En los últimos años, el proyecto ha recibido ataques sin precedentes. Los Gobiernos noruego y británico, la Iglesia de Inglaterra, organizaciones como Survival International e incluso el gigante de seguros Aviva han criticado a la empresa y su ética.
Survival International ha liderado una campaña global contra la mina durante varios años. Survival alistó a personalidades como los actores Michael Palin y Joanna Lumley para defender la causa de este pueblo indÃgena; sus simpatizantes han escrito más de 10.000 cartas de protesta al Gobierno indio y más de 600.000 personas han visto el documental de Survival La mina. Su difÃcil situación llamó incluso la atención del director de Avatar James Cameron, y los dongria son ahora conocidos como
"los na'vi del mundo real".
La lucha ha enfrentado a los 8.000 miembros de este pueblo indÃgena, casi todos analfabetos, con el poder de una empresa valorada en ocho mil millones de dólares y su fundador, con una fortuna que se estima en los seis mil millones de dólares. Los dongria kondh han organizado numerosas manifestaciones, y dos de sus lÃderes fueron secuestrados y apaleados antes de ser puestos en libertad, en una atmósfera de creciente violencia.
Recientemente, un comité de expertos formado a instancias del ministro Ramesh recomendó que la mina no siguiera adelante, y estableció que Vedanta habÃa actuado de forma ilegal y con "total desprecio hacia la ley".
La doctora Jo Woodman, investigadora de Survival, que ha experimentado en primera persona la atmósfera de intimidación que se vive en las colinas de los dongria, dijo hoy: "Estamos ante una victoria que nadie hubiera creÃdo posible. La campaña de los dongria era la prueba de fuego para demostrar si un pueblo indÃgena pequeño y marginado podÃa enfrentarse a una masiva empresa multinacional con un ejército de relaciones públicas y grupos de presión y, además, el favor del Gobierno. De manera increÃble, han triunfado el coraje y la tenacidad de los dongria, en alianza con el apoyo de muchas personas en la India y de los simpatizantes de Survival en todo el mundo".
El director de Survival, Stephen Corry, declaró: "La era en que las empresas mineras podÃan salirse con la suya y destruir a aquéllos que se interponÃan en su camino con impunidad está, afortunadamente, llegando a su fin. A pesar de esto, sigue siendo importante el que Vedanta pelease por sus planes hasta el final, negando repetidamente todo lo que decÃan los indÃgenas. La opinión pública debe mantenerse alerta con respecto a estos mal llamados ‘proyectos de desarrollo'; no podemos confiar en que las empresas vayan a respetar voluntariamente los derechos humanos, especialmente cuando tratan con pueblos indÃgenas que no pueden saber a
lo que se enfrentan". |
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Lunes, 23 de Agosto de 2010 10:34 |
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Chiapas, México, 23 de agosto de 2010
 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
PROFEPA RESPONSABLE EN LAS ILEGALIDADES DE LA MINERA CANADIENSE BLACKFIRELa PROCURADURÃA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE (PROFEPA/Delegación Chiapas) encubrió las ilegalidades y con evidente actitud tendenciosa en el conflicto con la minera canadiense Blackfire, involucrada en el asesinato de Mariano Abarca Roblero el 27 de noviembre de 2009. La indignación, sigue guiando nuestra exigencia de castigo a los autores materiales e intelectuales de éste asesinato, asà como de los funcionarios gubernamentales que por actuación u omisión, permitieron que, no obstante haber recibido denuncias populares por las graves violaciones a la normatividad ambiental de parte de la CompañÃa canadiense Blackfire, no actuaran conforme a sus atribuciones. De haberlo hecho, nuestro compañero Mariano Abarca Robledo estarÃa con vida.
Fundamentamos nuestra denuncia pública en los siguientes hechos:
1. Con fecha 15 de enero de 2009 el Encargado de la Delegación de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Chiapas presenta DENUNCIA POPULAR por violaciones a la normatividad ambiental, en relación al cambio de uso del suelo de terrenos forestales dada la explotación minera de la Blackfire.
2. Con fecha 26 de enero de 2009, la Delegación de la PROFEPA, en el estado de Chiapas, emite ACUERDO DE CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN, DE LA DENUNCIA POPULAR, presentada por el encargado de la Delegación SEMARNAT (véase punto anterior), abriendo el Expediente PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09
3. El mismo 26 de enero Mariano Abarca Roblero junto con otras personas, presentan denuncia popular contra la explotación de la mina hecha por Blackfire, dadas las irregularidades ambientales.
4. Con fecha 5 de febrero de 2009, la Delegación de la PROFEPA en el estado de Chiapas, emite ACUERDO DE CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN, DE LA DENUNCIA POPULAR,[1] presentada por Mariano Abarca Robledo y otros, por la contaminación al ambiente generadas por la explotación de una mina, de la CompañÃa Black Fire Corporation S.A. de C.V. abriéndose el expediente PFPA/14.7/2C.28.1/0005-09
5. Con fecha 6 de noviembre de 2009, se presenta denuncia popular por las comunidades Nuevo Morelia, La Lucha, San Francisco Las Palmas y otras, del Municipio de Chicomuselo, Chiapas, contra la explotación minera de la Black Fire, recibida por la Delegación de la PROFEPA en el Estado de Chiapas, acordando su ACUMULACIÓN a la denuncia presentada por la Delegación de SEMARNAT (Expediente PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09).
6. Con todo lo anterior cabe preguntarse ¿Que hizo la delegación PROFEPA durante nueve meses entre el 15 de enero (PRIMERA DENUNCIA) y el 26 de noviembre del 2009 (UN DÃA ANTES DEL ASESINATO de Mariano Abarca Roblero)? NADA. Encubrió a la minera canadiense Black Fire y nunca fue a verificar las violaciones denunciadas, sino hasta después del asesinato. Casi nueve meses después y un asesinato tuvieron que pasar para que la Delegación de la PROFEPA actuara. A toda prisa integró el expediente PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09 y en los primeros dÃas de diciembre de 2009, envió inspectores y dictaminó la CLAUSURA TEMPORAL TOTAL de la Mina, propiedad de la trasnacional canadiense Black Fire, por la graves irregularidades encontradas.
7. Pese a que los inspectores verificaron irregularidades que constan en el expediente (PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09), lo más inaudito fue que PROFEPA emite Acuerdo[2] (véase punto SEPTIMO), declarando que no EXISTE IRREGULARIDAD ALGUNA por parte de la CompañÃa Black Fire. Es decir, que toda la afectación encontradas y documentada por los propios Inspectores de la PROFEPA —a través de Actas, existentes en el expediente—, la Delegación de la PROFEPA, las ignoró por decir lo menos.
8. Pero para que lo anterior no fuera descaradamente evidente, la PROFEPA se cuida de sancionar a la Black Fire. AsÃ, en el punto SEXTO del mismo Acuerdo, impone una multa de $261,443.00 pesos (doscientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.M) por el derribamiento de árboles en el camino de colindancia entre los ejidos Grecia y Nueva Morelia, cantidad que seguramente no representó ningún menoscabo en el patrimonio de la empresa, mucho menos le significó cambiar seriamente su polÃtica extractiva.
Con estos puntos resolutivos de la Delegación de la PROFEPA, lo que se demuestra es que sólo clausuraron temporalmente la mina como distracción, solapamiento e impunidad, y con el fin de hacer creer que efectivamente se atendió la denuncia popular, cuando en realidad, las resoluciones emitidas, tienen la intención de eximir de toda responsabilidad a la CompañÃa canadiense Black Fire. De hecho, la Denuncia de un Funcionario tuvo más importancia para la PROFEPA que la presentada por un grupo de ciudadanos afectados directamente, pues nunca se dio seguimiento a la denuncia presentada por Mariano Abarca y otros.
La REMA/Chiapas exige la investigación, el deslinde de responsabilidades y castigo a los responsables de omisiones y encubrimientos de funcionarios de la PROFEPA en beneficio de la minera canadiense Blackfire. Del mismo modo exigimos la investigación a los dueños, directivos, funcionarios y trabajadores involucrados de la trasnacional en el asesinato de Mariano Abarca Roblero.
¡FUERA BLACKFIRE DE CHIAPAS!
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[1] Acuerdo de Calificación y Admisión, Exp. PFPA/14.7/2C.28.1/0005-09. De fecha 5 de febrero de 2009:
AQUÃ: PFPA-14.7-2C.28.2-0017-09.pdf
[2] Acuerdo No. PFPA/14.7/2C.28.2/0359/10 DE fecha 21 de junio de 2010:
 
Carta de Otros Mundos AC a PROFEPA el dÃa 8 de agosto de 2010: 
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Viernes, 20 de Agosto de 2010 10:11 |
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San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 19 de agosto de 2010
COMUNICADO PÚBLICO
¡ALTO A LA DESTRUCCIÓN DE LAS MONTAÑAS DE SALSIPUEDES EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS!AL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
A LA OPINIÓN PÚBLICA, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
 Desde hace más de 10 años, la bella ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, declarada en 1974 como Monumento Histórico Nacional, se encuentra sometida a una brutal depredación ecológica, realizada por la acción de inmensas minas de extracción a cielo abierto, de grava y arena.
La apertura de nuevos bancos de extracción minera, que se realiza en las montañas de Salsipuedes -porción sureste de la ciudad- se ha incrementado de tal forma en los últimos 3 años, que las minas limitan ya con el propio centro histórico (Barrio San Diego y La Florecilla) . El impacto de ellas sobre el paisaje puede observarse claramente desde cualquier zona de acceso a San Cristóbal.
El efecto ecológico de las minas de Salsipuedes es devastador y pone en riesgo, a mediano plazo, no sólo la viabilidad de nuestra hermosa ciudad, sino su propia supervivencia.
San Cristóbal de las Casas está asentada sobre una cuenca hidrológica cerrada, que conforma el llamado Valle de Jovel, cuyos suelos -de composición calcárea de origen volcánico- dan lugar, de forma natural, a una serie de cavernas, conductos y sumideros subterráneos que infiltran el agua pluvial, alimentando los mantos freáticos y formando originalmente 25 manantiales, distribuidos a lo largo de la zona norte y este de la cuenca, mismos que fueron convertidos en pozos artesianos para su explotación . Sin embargo, debido a la deforestación de la cuenca y a la sobreexplotación de los mantos, durante la década pasada, 7 de estos 25 pozos se secaron, mientras que otros 12 funcionan sólo intermitentemente en temporada de lluvias. Por tanto, hoy sólo seis pozos funcionan regularmente para proveer de agua a la ciudad , lo que precisamente nos da una idea de la gravedad de seguir deforestando y devastando las partes altas y medias de la cuenca de Jovel, tal como lo están haciendo las minas a cielo abierto de Salsipuedes.
Al mismo tiempo que surgÃan los manantiales, en este Valle se conformaron naturalmente, lagos y humedales, de muy alta biodiversidad, hoy desecados en su gran mayorÃa.
La destrucción absoluta de las montañas de Salsipuedes, que incluyen no sólo la remoción total de la cubierta forestal (bosque) sino la desaparición literal de lomas y lomerÃos, implica tanto la extinción de especies maderables, de la flora y de la fauna silvestres, como también, la alteración irreversible del ciclo hidrológico natural, impidiendo la infiltración a los mantos freáticos, de millones de M3 de agua al año, y condenando asimismo a su desaparición, a los importantes y escasos humedales que aún quedan en San Cristóbal, mismos que –paradójicamente- fueron declarados como Ãrea Natural Protegida por el gobierno de Chiapas, en febrero de 2008.
El impacto de estas minas a cielo abierto en la salud de la población, es directo; primero, por la cada vez mayor presencia de partÃculas sólidas suspendidas (polvo) que afectan las vÃas respiratorias, sobre todo de población vulnerable como niños-as y adultos mayores; y, segundo, por su incidencia en la alteración climática del Valle de Jovel (calentamiento global) cuyos efectos son cada vez más patentes, manifestados en altas temperaturas en temporada de estiaje y lluvias torrenciales durante el verano e inclusive, gran parte del otoño.
Sumándosele a todo esto, la muy contaminante operación de 5 plantas productoras de asfalto, que consumen buena parte del material pétreo obtenido de Salsipuedes y que liberan dÃa y noche, al aire y al agua de nuestra ciudad, grandes cantidades de gases y deshechos sólidos venenosos, y que contienen benceno y tolueno, dos potentes agentes productores de cáncer. Estas fábricas de asfalto, propiedad o asociadas a los dueños y transportistas que diariamente utilizan y transforman cientos de toneladas de material pétreo, se localizan cerca de escuelas y de zonas habitadas; por lo que son principalmente los niños, niñas y mujeres embarazadas, quienes mayormente están expuestos a contraer cáncer y malformaciones congénitas.
Es necesario señalar también, que el Valle de Jovel y la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, se encuentran ubicados en una zona geológicamente inestable, de origen marino, y dentro de la principal área sÃsmica de México ; esto, aunado a la morfologÃa de los suelos (calizos), a la topografÃa accidentada de las montañas, lomas y lomerÃos de Salsipuedes; a las cada vez más intensas lluvias que se presentan en la región, y a la posibilidad real de en cualquier momento se presente un fuerte sismo, advierten del riesgo real de que los inmensos taludes desnudos que está dejando la depredadora actividad minera, se desprendan, arrastrando con ellos grandes desplazamientos de suelo, que caerÃan sobre colonias, centros educativos y zonas habitacionales.
Por último, no podemos dejar aquà de señalar que esta actividad, ecológicamente tan depredadora, que está impactando negativamente la calidad de vida de la población de San Cristóbal de las Casas (y de sus visitantes) y amenazando la integridad y la vida misma de un alto número de pobladores de zonas habitacionales, tanto por la acción minera, como por la operación contaminante de las plantas de asfalto y el secado, relleno y urbanización de los humedales, se realiza para beneficio y lucro privado de miembros de la clase polÃtica local, como son, entre otros, el actual presidente municipal Mariano DÃaz Ochoa; el expresidente municipal y actual diputado federal, Sergio Lobato GarcÃa, y VÃctor Isaac Ramos Herrera, exsÃndico municipal y quien fuera candidato a presidente municipal en las recientes elecciones locales; todos ellos dueños, ya sea de empresas constructoras y de venta de materiales de construcción; de fraccionamientos, camiones de volteo y/o de plantas de asfalto.
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Es por todo lo anterior que, como redes y organismos de la sociedad civil; académicos e individuos, preocupados y comprometidos por el futuro y supervivencia de nuestra bella ciudad de San Cristóbal de las Casas del Valle de Jovel y por la defensa de los inalienables derechos de la población sancristobalense a la salud y a un medio ambiente sano,
EXIGIMOS:
1. Se haga pública y de pleno acceso, la Evaluación ó Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que sustenta y justifica la operación de las minas a cielo abierto de Salsipuedes.
2. Se hagan públicos y de pleno acceso, las concesiones y los permisos oficiales de explotación y operación de las minas a cielo abierto de Salsipuedes.
3. Se hagan públicos y de pleno acceso, los permisos federales que autorizan la remoción total de la vegetación forestal (bosque) y el cambio de uso del suelo, en la zona donde operan las minas a cielo abierto de Salsipuedes.
4. Se integre una comisión interdisciplinaria de peritos independientes, reconocidos por su capacidad y experiencia, que analice y evalúe:
   a. Los estudios, evaluaciones ó manifestaciones de impacto ambiental, concesiones y permisos, con que cuentan las minas, y su aplicación en el terreno.
   b. El daño causado por la explotación minera de Salsipuedes, a los ecosistemas (bosques y humedales), a la biodiversidad, al clima local, al ciclo hidrológico y a la recarga de acuÃferos.
   c. Los daños a la salud de la población de San Cristóbal -particularmente de las zonas aledañas a las minas- que está provocando la acción directa e indirecta (incluyendo aquà el constante tráfico de camiones de volteo) de las minas a cielo abierto de Salsipuedes.
d. Los riesgos de desastre por deslizamiento de taludes y arrastre de suelo, sobre centros educativos y zonas habitacionales, provocado por la actividad extractiva de las minas a cielo abierto de Salsipuedes.
5. Se suspendan todas las operaciones de las minas a cielo abierto de Salsipuedes, en tanto no se hagan públicas y no se evalúen técnicamente y de forma independiente, los daños y riesgos, ecológicos y sociales, que están provocando.
6. Cese y reubicación inmediato de las actuales plantas de asfalto y su traslado a zonas no pobladas, para lo cual se realicen, de forma independiente, los respectivos manifiestos de impacto ambiental, con estrictas y transparentes medidas de mitigación, control de emisiones y manejo de deshechos tóxicos.
7. Se inicie de inmediato, con plena participación de la ciudadanÃa sancristobalense, de centros de investigación y universidades, y de organismos de la sociedad civil, un plan urgente de restauración ecológica, de suelos y agua, de toda la zona depredada por la acción de las minas a cielo abierto de Salsipuedes y de los humedales afectados por las plantas de asfalto. Y
8. Se investigue de forma seria y a fondo, la posible responsabilidad pública de los funcionarios y representantes populares, involucrados en la permisibilidad y operación de las minas a cielo abierto de Salsipuedes y de las plantas de asfalto, sancionándose dicha responsabilidad con todo el rigor de la ley.
Aprovechamos para manifestar también, de forma pública, nuestro más enérgico rechazo a las recientes acciones de intimidación y hostigamiento realizadas en nuestro estado y en nuestro municipio, en contra de aquellos-as comunicadores y periodistas, que dan voz pública a denuncias relativas a la impune destrucción de los recursos naturales, la violación de Derechos de Pueblos y ciudadanÃa, y la corrupción gubernamental. Al respecto y, en particular, nos referimos a las acciones ejercidas en contra de Ãngeles Mariscal (corresponsal de La Jornada), IsaÃn Mandujano (corresponsal de Proceso) y Hugo Robles (Director del semanario Mirada Sur y conductor y productor del noticiario radiofónico de la WM).
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Atentamente
Coalición de Colonias de la Zona Sur (COCOSUR)
Comisión Ambientalista Comunidades Eclesiales de Base (CACEB)
Consejo Ciudadano de San Cristóbal
Red Ciudadana
Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud (OBSCIUDES)
Red Mexicana de Afectados por la MinerÃa (REMA-Chiapas)
Alianza CÃvica Chiapas (Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social - DECIDES, A.C.))
Red de Defensores Comunitarios
Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.
Centro de Capacitación, AsesorÃa, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud, A.C. (CAAMADS)
Otros Mundos, A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZ)
Colectivo el Pedalazo
Colectivo 99.1 La Frecuencia Libre de San Cristóbal
(Nota: La adhesión queda abierta a otras organizaciones sociales y civiles, y a la ciudadanÃa sancristobalense.) DESCARGAR COMUNICADO: ComunicBoletSalsipuedes.pdf |
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Jueves, 19 de Agosto de 2010 10:02 |
¡Que cierren, que reparen los daños! y ... ¡QUE SE VAYAN!Guatemala, Agosto 2010, Edición Número 49. Editado por CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala
Un relator relacionado con el tema de pueblos indÃgenas ha venido, la CIDH ha hecho un dictamen y una orden al Estado, y el Estado tÃmidamente ha emitido a su vez un comunicado relacionado, pero todo parece seguir igual.
Veamos ¿qué ha pasado luego de 6 años de resistencia contra la minerÃa? ¿Qué ha tenido que pasar para que en algo se escuche la voz de los pueblos indÃgenas afectados por la minerÃa?
(...) 2. La compleja situación polÃtica y social del paÃs.
La crisis mundial que afronta el modelo neoliberal de la economÃa, simplemente ha trasladado sus costos a los mas pobres en el mundo. Una de las conclusiones de los responsables de esta crisis, tanto el Banco Mundial, las transnacionales, asà como los paÃses industrializados, es que el capital debe buscar zonas de refugio mas seguras, y una de estas zonas mas seguras según ellos es la inversión en actividades extractivas de metales preciosos, pues el papel moneda por lo visto, tiene capacidad de volar para no volver.
Asà las cosas, se ha pensado por parte de los grandes especuladores, que una nueva modalidad de salir de la crisis y de recapìtalizar sus procesos mercantiles es, la inversión en minerÃa condenando a por lo menos 50 paÃses del mundo a volverse paÃses mineros y renunciar a su potencialidad productora de alimentos y de biodiversidad.
SEGUIR LEYENDO: el boletÃn No. 49 del Comunicador Social, " ¡Que cierren, que reparen los daños! y... ¡¡¡Que se vayan!!! |
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Lunes, 16 de Agosto de 2010 12:05 |
PROMESAS INCUMPLIDAS ENTRE EL GOBIERNO MEXICANO Y LA EMPRESA MINERA CANADIENSE BLACKFIREGustavo Castro Soto
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; a 13 de Agosto de 2010
Luego del asesinato de Mariano Abarca Roblero el 27 de noviembre de 2009, coordinador de la REMA en Chicomuselo Chiapas, el gobierno del estado de Chiapas clausuró la mina de la empresa canadiense Blackfire. Sin embargo, en el proceso de llegada de la empresa canadiense a Chiapas muchas anomalÃas se dieron para el arribo de esta trasnacional.
El 13 de diciembre de 2007 se realizó una “Minuta de Acuerdosâ€[VER ABAJO] entre el Gobierno de Chiapas representado por muchos funcionarios entre ellos el Lic. René Salvador Cartagena Corzo quien fuera de la ProcuradurÃa Agraria en la ciudad de Comitán, y luego trabajador de la empresa minera canadiense defendiendo los intereses de ésta. Por el lado de la trasnacional el Director General Artemio Ãvila Cervera que luego del asesinato de Mariano Abarca logró ampararse, y Elmo A. HenrÃquez Cabrera, Gerente Operativo; y su asesor legal Celso Peña Ruiz.
En esta Minuta se acuerda que la empresa canadiense entregarÃa 60 mil pesos mensuales a los ejidatarios del Ejido de Grecia, Chicomuselo, Chiapas, para los 82 ejidatarios que aceptaron más tarde este pago, lo que equivaldrÃa a 24 pesos diarios por familia (o sea, aproximadamente 1.8 dólares americanos). Con ello la empresa canadiense y el gobierno conminaban a los ejidatarios a quitar el bloqueo del paso a la empresa minera.
Entre las promesas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regularizarÃa los adeudos; mientras otras dependencias del gobierno del estado se encargarÃan del revestimiento de carreteras del ejido Flores Magón al Ejido Grecia y sus anexos, entre otros caminos; la atención a la vivienda, proyectos de agua potable e incluso de mejoramiento y construcción de aulas escolares. Estas promesas fueron incumplidas y otras mal hechas.
Seis meses después, el 17 de junio de 2008, los ejidatarios del Ejido de Grecia convocan a una Asamblea con el objetivo de aprobar un contrato de arrendamiento por 13-500-00 hectáreas de tierra de uso común del ejido para que la minera canadiense Blackfire Exploration México de R.L. de C.V. pudiera extraer la barita, sin que ello implicara cambio de régimen de propiedad. En ese dÃa asistieron 82 ejidatarios y todos aprobaron por unanimidad llevar a cabo este contrato.[VER ABAJO] Cabe señalar que con el beneplácito de la ProcuradurÃa Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la SEMARNAT y autoridades estatales, se violaron muchas disposiciones y leyes en materia ambiental. Según el contrato, la empresa SETEFA realizó el estudio que justificó el cambio de uso de suelo forestal.
Unos dÃas después, el 28 de junio de 2008 se firma el contrato de arrendamiento entre la minera canadiense representado por el apoderado legal Artemio Ãvila Cervera y las autoridades ejidales, además del presidente municipal de Chicomuselo.[3] En este contrato los ejidatarios están obligados a no estorbar ni interrumpir las labores de la minera ni a bloquear el paso. Esto fue lo que Mariano Abarca hizo en solidaridad con los ejidatarios de Nueva Morelia cuando se dieron cuenta que la empresa minera minera robaba la barita de su ejido y decidieron cortarle el paso a sus camiones que transportaban el material extraÃdo ilegalmente.[VER ABAJO] En el contrato de arrendamiento la empresa Blackfire se compromete a reforestar 50 hectáreas en el ejido de Grecia lo cual incumplió.
En agosto del mismo año se realiza la “Minuta de Trabajoâ€[VER ABAJO] donde llueven las promesas por parte del gobierno y con el fin de facilitar la entrada de la empresa canadiense. Se prometieron rehabilitación de aulas escolares en la comunidad de los Arroyos, mejoramiento del camino Flores Magón al ejido de Grecia; apoyo a la cafeticultura, a la ganaderÃa, a la agricultura protegida, a la reconversión productiva, a proyectos productivos siempre y cuando no implique el fomento al traspatio, entrega de herramientas, reforestación, apoyo a la educación e infraestructura, construcción de sala de usos múltiples, construcción de una “agencia prefabricadaâ€, etc. Más de un año después, luego del intento de la empresa canadiense Blackfire de encarcelar al opositor a la mina Mariano Abarca, y su posterior liberación, el gobernador de Chiapas arriba a Chicomuselo a intentar ofrecer en persona muchas de estas promesas hechas un año antes.
Hoy en dÃa, pese a que el gobernador del estado de Chiapas ha dicho que el estado no es minero, las dependencias estatales en lugar de castigar su corrupción, llegar hasta las últimas consecuencias del asesinato de Mariano Abarca Roblero, de ejercer la ley ante las violaciones graves en materia ambiental, los funcionarios asesoran a la trasnacional para que renueve sus operaciones.
 Sin embargo, los pobladores del municipio de Chicomuselo están dispuestos a seguir su lucha para evitar que la empresa minera canadiense renueve sus operaciones en una de las regiones muy ricas en biodiversidad y bosques. En las montañas donde paradójicamente el gobierno pretende vender al mundo durante la Conferencia de las Partes (COP16) que se llevará a cabo en Cancún en noviembre y diciembre próximos, la idea de que Chiapas tiene mucho que vender en servicios ambientales y venta de oxigeno para el negocio de las corporaciones y de las organizaciones ambientalistas proempresariales. En esas regiones donde el gobierno federal en los últimos 10 años ha otorgado casi un millón de hectáreas en concesiones mineras a cielo abierto, lo que implica de deforestación e impacto ambiental y climático. Estas corporaciones, principalmente canadienses, podrán cambiar sus jugosas ganancias mineras por los fondos "Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación"(REDD).
¡FUERA BLACKFIRE DE CHIAPAS! NOTAS: [1] Ver “Minuta de Acuerdos†del 13 de diciembre de 2007 -ver Abajo
[2] Ver “Primera Convocatoria†del 17 de junio de 2008 -ver Abajo
[3] La minera canadiense abrió su filial en la ciudad de México el 13 de Diciembre de 2006 con la escritura publica No.1278, Tomo 92, Libro 918.
[4] Ver “Contrato de Arrendamiento†del 26 de junio de 2008 -ver Abajo
[5] Ver “Minuta de Trabajo†del 5 de agosto de 2008 -ver Abajo VER Y DESCARGAR DOCUMENTOS: 1. Acuerdos entre Blackfire y el Ejido Grecia, del 13 de diciembre de 2007 Descargar todas las páginas: acuerdos_blackfire_grecia.rar  Click para ampliar:    
2. Primera Convocatoria para el Arrendamiento con Blackfire, del 17 de junio de 2008. Descargar todas las páginas: conv_blackfire_grecia.rar  Click para ampliar:     
4. Contrato de Arrendamiento entre Blackfire y el Ejido Grecia del 26 de junio de 2008 Descargar todas las páginas: contrato_blackfire_grecia.rar  Click para ampliar: 5. Minuta de Trabajo Blackfire y Ejido Grecia, del 5 de agosto de 2008. Descargar todas las páginas: minutatrabajo_blackfire_grecia.rar  Click para ampliar:     
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Miércoles, 11 de Agosto de 2010 17:06 |
REMA CHIAPAS DEMANDA INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA CANADIENSE BLACKFIRE Chiapas, México, 4 de agosto de 2010
Se han cumplido nueve meses del artero asesinato de Mariano Abarca Robledo. Las distintas complicidades entre la minera canadiense Blackfire y autoridades de los tres niveles de gobierno, que culminaron con el asesinato, no han sido tocadas. Una de estas es la complicidad entre el Presidente municipal de Chicomuselo, Chiapas, C. Julio Cesar Velásquez Calderón de extracción perredista y la minera Blackfire. Como ha sido documentado, hasta ahora y publicado en la prensa dicho funcionario recibió $ 239,000.69 pesos de manos de la empresa Blackfire disfrazada de donativo para la feria anual del pueblo de Chicomuselo que la prensa dio a conocer desde junio del 2009 (VER Los pagos de la minera canadiense Blackfire al presidente municipal de Chicomuselo, Chiapas ).
Pese a haber sido exhibidas nuevamente las pruebas de estos actos de corrupción ante la opinión pública desde el pasado mes de enero de 2010, las autoridades del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado encargadas de la fiscalización de los fondos públicos, no inició procedimiento alguno para por lo menos verificar la veracidad de dichos actos. La complicidad entre los funcionarios en sus tres niveles de gobierno que le brindan protección e impunidad al Presidente municipal de Chicomuselo es incondicional ya que en el propio expediente penal por el homicidio de Don Mariano Abarca Robledo, 11/2010, la PolicÃa Investigadora documenta dichos actos de corrupción, presentando copias de los depósitos bancarios por la cantidad arriba señalada. Aunado a esto, desde el 30 de junio del presente año, mediante oficio signado por la Red Mexicana de Afectados por la MinerÃa (REMA) y Otros Mundos A.C. demandamos la intervención del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y del Propio Congreso del Estado, donde se presentó las multicitadas pruebas de la corrupción y complicidad entre el Presidente municipal y los representantes de la empresa Blackfire (VER NOTAS AQUà ). Hasta la fecha ninguna autoridad ha dado respuesta. Faltan escasos cuatro meses para que termine el periodo del Presidente Municipal, C. Julio Cesar Velásquez Calderón y del actual Congreso del Estado. ¿Será que el manto protector estatal, dejará impune la complicidad y corrupción entre la empresa Blackfire y el Presidente municipal?
 Exigimos la pronta y expedita intervención del Órgano de Fiscalización, del propio Congreso del Estado y de la ProcuradurÃa General de Justicia del Estado, ya que las actuaciones de estos dos cómplices, C. Julio Cesar Velásquez Calderón y los representantes de la Blackfire, son para el esclarecimiento sobre los autores intelectuales y materiales del asesinato de Mariano Abarca Robledo. Cabe señalar que dichos actos de corrupción también han sido presentados en Canadá contra la minera Blackfire y siguen su curso las investigaciones.
¡Fuera Blackfire de Chiapas!REMA CHIAPASDESCARGAR COMUNICADO: REMA_CHIAPAS_demanda_investigacion_corrupcion_Chicomuselo_blackfire.pdf |
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Jueves, 29 de Julio de 2010 19:23 |
CONTRA EL DESPOJO Y LA USURPACIÓN DE LA MADRE TIERRA EN NUESTRO TERRITORIO Guatemala 28 de julio de 2010
Los representantes del Pueblo Maya Mam de San Miguel Ixtahuacán (FREDEMI) del departamento de San Marcos, miembro del Consejo de los Pueblos de Occidente, acompañados por la Convergencia Nacional Maya “Waqib' kejâ€, comunidades de San Juan Sacatepequez, y de otros pueblos afectados por la minerÃa.
Asi como el Obispo Monseñor, Alvaro Ramazzini de la Diócesis de San Marcos, Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, Nery Rodenas de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la Coordinadora Nacional de Organizaciones IndÃgenas y Campesinas -CONIC- el Comité de Unidad Campesina CUC y Organizaciones de Derechos Humanos. MANIFESTAMOS:
1. Que la totalidad del territorio del municipio de San Miguel Ixtahuacan San Marcos, pertenece al Pueblo Maya Mam inscrito en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango, bajo el úmero de finca 20,697, folio 58 del libro 133 del departamento de San Marcos.
2. A pesar de esto con fecha 6 de septiembre del año 2001, el señor ERICK ALFONSO ALVAREZ MANCILLA, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de representante legal de la empresa PERIDOT, SOCIEDAD ANONIMA, inició diligencias de titulación supletoria de una fracción de dicha finca ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de esta ciudad, Expediente C2-2001-7813) el cual está prohibido por la Ley de Titulación Supletoria que literalmente regula: “ el que pretenda mediante las diligencias de titulación supletoria titular un nmueble cuya titulación está prohibida por la ley, o que ya esté inscrito en el Registro de la Propiedad, incurrirá en el delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA que establece el Código Penalâ€.
3. Que en este delito han incurrido los señores ERICK ALFONSO ALVAREZ MANCILLA Y JORGE ASENCIO AGUIRRE, en su calidad de representantes legales de Peridot, S. A por lo que hemos interpuesto una querella en su contra, con el fin de que las instituciones correspondientes del Sistema de Justicia, procedan a investigar y juzgar a los responsables y en consecuencia se ordene el desalojo de la las empresas Peridot, S.A. y Montana Exploradora de Guatemala, S.A. propiedad de la transnacional canadiense Gold Corp, por ocupación ilegal de nuestro territorio.
FRENTE DE RESISTENCIA MIGUELENSE, (FREDEMI)
MIEMBRO DEL CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE OCCIDENTE (CPO) |
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