DECLARACION POLITICA

PRIMER ENCUENTRO  DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO -M4-

Reunidos en Valle de Siria, Honduras; los días 26, 27, 28 y 29 de enero, delegaciones nacionales de Panamá, Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, México y con la participación de representantes de organizaciones solidarias de Estados Unidos y de Canadá  para debatir, intercambiar y establecer acuerdos de lucha en contra del modelo minero extractivo que actualmente hostiga nuestros territorios.

La agresión de las mineras en la región mesoamericana se ha venido agudizando aceleradamente, en el marco de la implementación del modelo de acumulación neoliberal; el modelo extractivo minero se caracteriza por ser un proceso agresor, depredador y  manipulador que posiciona los intereses económicos por encima de la vida misma, la sostenibilidad del ambiente y la diversidad cultural. Es un modelo perverso y sin ética, que utiliza el “maquillaje  verde”,  la  responsabilidad  social  empresarial y se autodefine como  “minería verde, sustentable y responsable”, que promueve en nuestros países el falso mito del “desarrollo” y la “economía verde”, y se basa en los supuestos avances tecnológicos que sirven para destruir en el menor tiempo posible los territorios.

Estas empresas, en su mayoría canadienses, han provocado en nuestros pueblos procesos de empobrecimiento, conflictividad social, división, enfermedades, destrucción del medio ambiente; así como también un ataque sistemático a nuestras culturas originarias que contrasta con la cosmovisión de los pueblos.

En nuestros países las empresas mineras han corrompido a la clase política gobernante para ajustar las legislaciones y las políticas públicas a su favor y conveniencia; violando la soberanía nacional y los derechos colectivos de nuestros pueblos reconocidos por instrumentos internaciones como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

Por otra parte  el gobierno canadiense  ha generado una  política  de cabildeo a  favor de las  empresas  mineras ocasionando muchas  veces la  violación  de  la soberanía de  nuestros  países.

En este contexto, en la región mesoamericana se están impulsando cambios a la legislación a favor de las empresas mineras, donde la discusión se reduce a los supuestos beneficios  económicos, sin importar los riesgos que este modelo significa para la vida.  Se usa la criminalización de las luchas sociales, militarización de los territorios, y la utilización de las fuerzas de seguridad de los Estados para asesinar, reprimir e intimidar al pueblo, como estrategia para desmovilizar la resistencia.

Ante esta situación, DECLARAMOS:

-El movimiento mesoamericano nos comprometemos a luchar coordinadamente para exigir la cancelación de las  concesiones  mineras que han sido impuestas sin el consentimiento de los pueblos, el retiro de  empresas  de  nuestros  territorios afectados y el resarcimiento integral de los daños causados.

-Denunciamos la represión y  el hostigamiento que están sufriendo hermanas y hermanos que están luchando en defensa  del territorio, especialmente en Salvador, Honduras, México y Guatemala.

-Exigimos el respeto a las decisiones de los pueblos sobre sus territorios, el derecho a la consulta; la implementación  de  los  convenios internacionales  a  favor  de  los  derechos humanos y  ambientales, que  nuestros   gobiernos  han  suscrito anteriormente

-Denunciamos la injerencia de empresas transnacionales y embajadas como EEUU y  Canadá en promover reformas legales en relación a la minería, que privilegian los intereses de transnacionales y  no se está tomando en cuenta propuestas de organizaciones y pueblos, como es el caso de Panamá, Honduras y Guatemala.

-Intensificaremos acciones conjuntas a nivel mesoamericano contra el modelo extractivo minero, así como también la articulación de propuestas para un nuevo modelo de bienestar que garantice el respeto a la vida en armonía con la madre naturaleza.

Saludamos y nos solidarizamos con las movilizaciones del pueblo Panameño en contra de la minería y de las reformas legales que buscan favorecer a las empresas mineras.

Denunciamos la política entregista del gobierno mexicano de una tercera parte del territorio nacional a las trasnacionales mineras, como los graves casos de Cerro de San Pedro, Wirikuta y Caballo Blanco entre otros.

Celebramos junto al pueblo costarricense la aprobación de la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y el uso de cianuro en su territorio,  y los invitamos a mantenerse alertas ante nuevas ofensivas del modelo extractivo minero.

Rechazamos el proyecto de ley de minería que pretenden aprobar en el Congreso Nacional de Honduras puesto que es sumamente lesivo al pueblo en general, al medio ambiente y favorece a los intereses económicos de las empresas mineras y de los empresarios testaferros en el país.

Exigimos el respeto a los resultados de las más de 50 consultas comunitarias realizadas en Guatemala que han dicho no a la minería.
Saludamos la resistencia del pueblo salvadoreño y exigimos el alto al hostigamiento de los compañeros y compañeras del Comité Ambiental de Cabañas.
Celebramos el compromiso y el apoyo de personas y organizaciones solidarias de los Estados Unidos y de Canadá que denuncian y contrarrestan los abusos de las empresas de sus países que violan los derechos de los pueblos que habitan la región mesoamericana.

“DESDE PANAMA A CANADA, LA MINERIA NO VA”

Valle de Siria, Honduras, domingo 29 de enero del 2012.

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El Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio

Marlén Castro y Rogelio Agustín. Revista Proceso.

A la comunidad guerrerense de El Carrizalillo le cayó la maldición del oro en la figura de la megaempresa Goldcorp, que practica un tipo de minería, la superficial, devastadora para el medio ambiente y para la salud. Desde 2007 renta miles de hectáreas a los carrizalillenses para explotar el yacimiento de oro Los Filos-El Bermejal. Los comuneros saben que sus predios quedarán inservibles y proliferarán las enfermedades –la mayoría letales– entre su población, pero cierran los ojos y se conforman con la bicoca que cada año les entrega la trasnacional. El reportaje que aquí se publica sobre la tragedia de El Carrizalillo es el tercero y último de la serie de trabajos ganadores del Premio Internacional de Periodismo, convocado por Proceso con motivo de su 35 aniversario.

CHILPANCINGO, GRO.- Dejó de comer. Sólo quería dormir. A Sofía Figueroa Peña, exafanadora del consorcio minero Goldcorp, lo poco que le quedaba de vida se le agotó en dos días de vómitos y convulsiones. Alrededor de las 22:00 horas del 4 de diciembre de 2010 murió en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acapulco.

Apenas tenía 35 años.

“Como por el 20 de noviembre me di cuenta de que se le quitó el apetito… seguramente fue desde antes pero hasta esa fecha yo no lo supe porque ese día tuvo descanso y la vi; casi nunca la veía, siempre estaba trabajando. La vi mal y le dije: ‘Atiéndete, hija’, pero ella me dijo que estaba cansada, que lo que tenía se le quitaba durmiendo. Todos los días llegaba a dormirse”, dice doña Esther, mamá de Sofía.

Esther Peña Barrios se limpia las lágrimas con la mano; luego uno de los muchos nietos huérfanos que hay en su casa en el ejido de Carrizalillo, del municipio guerrerense Eduardo Neri, le alcanza el chal que al parecer es su paño.

“Me siento culpable porque no es posible que no me haya dado cuenta, que nadie de los que vivimos aquí nos hayamos dado cuenta de lo mal que estaba mi hija, de que ya no comía nada. Pero cómo lo íbamos a saber si ni la veíamos. Llegaba como a las ocho de la noche y ni nos venía a ver, llegaba a dormirse y así hasta el otro día, que se iba a trabajar”, cuenta doña Esther.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1838, ya en circulación)

Parlamento de Canadá - Carta Abierta: Pedimos al parlamento de Canadá aprobar el proyecto de ley C-323

Amigos y Amigas, se está promoviendo el apoyo a una ley que permite que la justicia canadiense juzgue a las multinacionales por hechos cometidos fuera de su país. Este tipo de iniciativa puede ser interesante dentro de la campaña para judicializar a las trasnacionales.
En el vinculo abajo se encuentra la forma de apoyar esta campaña. Recomendamos hacerlo.

http://www.change.org/petitions/parlamento-de-canad-carta-abierta-pedimos-al-parlamento-de-canada-aprobar-el-proyecto-de-ley-c-323

Acá la carta que se firma:

Por qué es importante esta carta abierta?

Del dicho al hecho: Derechos humanos en el extranjero

Estimados amigos:

Siguen manifestándose inquietudes en torno a la conducta de algunas empresas canadienses en el extranjero.
Canadá tiene el deber de efectuar los cambios que permitan a nuestras instituciones y a nuestro sistema jurídico proteger de la impunidad no sólo a los canadienses, sino también a los ciudadanos que viven en el extranjero que son víctimas de violaciones de los derechos humanos, ambientales o laborales a cargo de personas o empresas canadienses. El Gobierno federal canadiense no lo está haciendo.

He vuelto a presentar el proyecto de ley C-323 (antes C-354) con la esperanza de que podamos seguir trabajando juntos y sensibilizar al gobierno conservador y ejercer presión sobre él para que tome las medidas decididas que propone el proyecto de ley C-323.

Hay empresas que llevan a cabo sus actividades de manera responsable desde el punto de vista social. En cambio, existen otras que no tienen ninguna consideración por los derechos humanos, ambientales o laborales. Actualmente estos derechos están sujetos a pocos mecanismos de aplicación precisos o eficaces. De ahí la urgencia de elaborar un mecanismo jurídico de ejecución obligatoria que resuelva las atroces violaciones de los derechos humanos internacionales que se están produciendo.

Lamentablemente, los sucesivos gobiernos federales han rechazado hasta las propuestas legislativas modestas para acabar con la impunidad de las empresas.
Creo que mi proyecto de ley C-323 (Ley de promoción y protección internacional de los derechos humanos) respondería a esta necesidad de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en otros países cuando estas personas no dispongan de un foro para ello en el país donde se produjeron las violaciones.
Como tal vez sepan, el proyecto de ley C-323 ofrecería a las comunidades de otros países la posibilidad de emprender recursos legales en los tribunales canadienses en casos como las violaciones claras de los derechos humanos y ambientales internacionales como los siguientes: trato degradante, arresto arbitrario, secuestro, trastornos emocionales, genocidio, crímenes de guerra, ejecución extrajudicial, esclavitud, tortura y detención ilegal.

El proyecto de ley C-323 crearía una nueva base jurídica civil que permitiría a los tribunales federales ver y decidir casos de reclamación por violaciones del derecho internacional que se han producido fuera de Canadá. De manera concreta, la ley permitiría a un no ciudadano demandar a ciudadanos o empresas canadienses por violaciones graves de los derechos humanos, ambientales o laborales básicos cuando dichas violaciones se producen fuera de Canadá.
De acuerdo con nuestros objetivos comunes, confío en que prosigamos el buen trabajo que hemos realizado juntos en anteriores legislaturas. Juntos podemos lograr cambios positivos que permitan que Canadá siga progresando y sea un país puntero en el campo de los derechos humanos y de la sostenibilidad ambiental.

Peter Julian, Diputado
(Burnaby-New Westminster)