El Escaramujo 81: ¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ? (Parte I)

Los "Escaramujos" son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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El Acuerdo de Escazú se refiere al "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe".

Para los gobiernos de la región y para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, quien fungirá como Secretaría del Acuerdo, se trata de un "Acuerdo histórico", "innovador", "visionario", "sin precedentes" y "para prevenir conflictos". Un "instrumento jurídico vinculante" y "pionero en materia de protección ambiental", "único en el mundo"; "el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales"; para "lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza"; y sus principales beneficiarios son en particular "los grupos y comunidades más vulnerables".

El Acuerdo manifiesta que entre sus Principios están el de igualdad, de no discriminación, de transparencia, de rendición de cuentas, de no regresión, de progresividad y de buena fe; el principio preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional, de máxima publicidad, de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, de igualdad soberana de los Estados y el principio pro persona. (Artículo 3)

Es un Acuerdo entre los gobiernos de América Latina y El Caribe cuyo objetivo supuestamente es garantizar "los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible". (Artículo 1)

En otras palabras, son 5 elementos fundamentales que abarca este Acuerdo. Desglosemos un poco:

     1) Los gobiernos de la región caracterizados por la opacidad en la información sobre todo la que protege el lucro, la impunidad y la corrupción de las grandes corporaciones, garantizarán ahora con este Acuerdo que habrá total transparencia y entrega de la información ambiental, la cual no existe, y si existe no tienen los mecanismos ni la voluntad para entregarla, y si los tienen hacen lo imposible por hacerla inaccesible o costosa. Esta información ambiental debería abarcar la "escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales". (Artículo 2)

     2) Ante la exclusión de la sociedad en las negociaciones de Tratados del Libre Comercio, leyes, decretos y otros megaproyectos impuestos con fuerza e incluso con violencia, que afectan los derechos humanos y los territorios, ahora, con este Acuerdo, la población participará en la toma de decisiones en materia ambiental.

     3) Ante tanta matanza, criminalización, judicialización y feminicidios de defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, además de una tasa de impunidad altísima que vive la región, con este Acuerdo se supone habrá acceso a la justicia.

     4) Con las confrontaciones políticas e ideológicas entre los gobiernos de la región, con divisiones y enfrentamientos políticos-territoriales, con estructuras multilaterales regionales en crisis y en decadencia, y con gobiernos endeudados, pese a eso, habrá dinero para fortalecer las capacidades para cumplir con el Acuerdo y cooperarse mutuamente.

     5) Con la devastación de los territorios y la violación a los derechos de la naturaleza, con este Acuerdo viviremos en un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible prometido desde hace 30 décadas. Ese momento llegará.

El Acuerdo está lleno de verbos promesa donde cada gobierno "promoverá", "alentará", "contemplará", "adoptará", "garantizará", "velará", "establecerá", "realizará", "incentivará" y además "se compromete".

De otro lado, las promesas que hacen los gobiernos las anulan ya que lograron encapsularlas para tener el control con los siguientes matices que recorren el articulado del Acuerdo: "sobre la base de sus prioridades y necesidades", "de acuerdo con sus capacidades", "de acuerdo con sus posibilidades", "de conformidad con sus prioridades nacionales", "en el marco de sus disposiciones internas", "sobre la base de los marcos normativos internos", "en el marco de su legislación nacional", "en la medida de los recursos disponibles", "en la medida de lo posible" o "cuando proceda". O sea, cuando el gobierno quiera y pueda. No existe una real vinculación que los obligue a cumplir el Acuerdo.

Por ejemplo, para la implementación del Acuerdo, cada Parte (cada País) "de acuerdo con sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales, se compromete a facilitar medios de implementación para las actividades nacionales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas del presente Acuerdo" (Artículo 13). Esto significa que deja a la ambigüedad y discrecionalidad de cada gobierno cumplir con la protección de la naturaleza y de las defensoras y defensores del medio ambiente así como el contenido de este Acuerdo "histórico".

Un "compromiso" no es obligatorio ni un instrumento vinculante. Al Acuerdo no parece un Pacto de Estados, sino un pacto de administraciones, donde para su cumplimiento depende de la voluntad política del momento, de su presupuesto anual, de si es prioritario o no durante la administración actual.

Este Acuerdo de Escazú entrará en vigor en enero de 2019 ya que al menos la adhesión de 11 países de la región [1] son los necesarios, y ya han firmado más. Luego se podrán ir adhiriendo los demás países (Articulo 22). Entre los países que ya se han adherido se encuentran los más corruptos, opacos, impunes y/o violentos estados como México, Guatemala, Perú y Brasil.

Aunque no se pueden formular reservas al presente Acuerdo, lo que significa que se tiene que aceptar en su totalidad (Articulo 23), hay otros mecanismos que los gobiernos incorporaron para poder blindarse de su mismo Acuerdo. Y es que cualquier País puede proponer enmiendas y su aprobación debe ser por consenso. De no ser posible, lo hacen más fácil: se somete a votación que requerirá de una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión para ser adoptada (Artículo 20). Además, a los tres años de haberse adherido al Acuerdo, un País puede denunciarlo, o sea, salirse del Acuerdo, lo que se hace efectivo un año después de haberlo hecho (Artículo 24). Así de sencillo: o se le ponen parches, o te sales.

El Acuerdo tendrá su propia Conferencia de las Partes (COP) que se reunirá periódicamente y donde cada País tendrá un voto (Articulo 16). La COP tendrá como objetivo darle seguimiento, recibir y examinar informes, emitir recomendaciones, aprobar enmiendas, entre otras funciones (Artículo 15). Ahora los movimientos sociales tendrán otro escenario que perseguir, otra agenda qué atender, otras campañas más para exigir su cumplimiento ahí donde se reúnan en cada rincón del continente sabiendo que el Acuerdo nació muerto.

Este Acuerdo no define dónde radica su realidad "vinculante" ni dónde o a qué estructura multilateral de carácter regional poder acudir para denunciar su incumplimiento. Ningún mecanismo, ninguna pista. Solo se explicita muy brevemente que las controversias son entre los Países miembros, no entre el Estado y sus gobernados. Y sus controversias pueden ser en torno a la interpretación que haga cada País del Acuerdo o sobre su aplicación. Para ello hay dos formas de solucionarlo. O entre los Países ponen un mecanismo de solución de controversias, o un País acude a la Corte Internacional de Justicia. (Artículo 19)

Hasta este momento, múltiples acciones, foros, declaraciones y compromisos se han llevado a cabo para supuestamente combatir el cambio climático, detener las violaciones a los derechos humanos y colectivos, e intentar unir lo imposible: el supuesto desarrollo con la sustentabilidad del planeta. Y sobre sus saldos o daños colaterales y necesarios para lograr ese desarrollo, como diría el Banco Mundial, bastaría con paliar, mitigar o de plano adaptarse a las consecuencias. De esta forma nos encontramos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, la Declaración de Barbados de 1971 por la liberación del indígena, el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Declaración de Mauricio, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa); el Protocolo de Kioto, los Mecanismos de Desarrollo Limpio, el Acuerdo de París del 2015, la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático que hoy grita por detener el calentamiento en 1.5 grados con extrema urgencia, y su Conferencia de las Partes (COP). También está el Protocolo de San Salvador que incluye el derecho humano al medio ambiente sano, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Declaración de Río, Río +20, la Decisión de Santiago y ahora el Acuerdo de Escazú. Y mientras, el "desarrollo sostenible" se posterga en el discurso y lo que no es alcanzable en el sistema capitalista. Y así, ya llevamos casi 50 años en lo mismo.

Este Acuerdo se firma justo cuando Global Witness confirma que el 60% de los asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente en el mundo ocurren en la región de América Latina y el Caribe. Y a los dos años del asesinato de Berta Cáceres y el de Gustavo Castro en grado de tentativa, por lo que durante la firma los representantes gubernamentales hicieron un minuto de silencio en memoria de la defensora indígena. Sin embargo, en el marco del juicio que debiera finalizar en noviembre de 2018 sobre este asesinato, la impunidad, el ocultamiento de la información, la criminalización y persecución al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) arrecia por parte del gobierno que ha prometido cumplir con este Acuerdo. Los gobiernos de la región no reclamarán al gobierno ilegítimo de Honduras el cumplimiento de este Acuerdo, porque no radica tampoco aquí su realidad "vinculante".Y esto es sólo una muestra de lo que pasa en toda la América Latina.

En 2017, América Latina fue la región con más ambientalistas asesinados. A un total de 116 personas les fueron arrebatada la vida por defender sus territorios, el medio ambiente y luchar contra gobiernos y empresas trasnacionales; por denunciar despojos, corrupción e impunidad. Brasil encabezó la lista seguido de Colombia, México, Perú, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y Venezuela.

Mientras, en el texto del Acuerdo los gobiernos se limitan a decir en su introducción que "también se incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones."

Global Witness también denunció en su momento que de 2009 al 2016, habían sido asesinados 123 defensores de la tierra y del medio ambiente en Honduras. Señaló además que la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Parlamento hondureño, Gladys Aurora López, era parte del grupo de magnates y políticos que generan la violencia contra los luchadores ambientales. Y por si fuera poco, que los fondos, fruto del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron a parar al Hotel Indura, entre cuyos inversionistas se encuentran el expresidente hondureño Ricardo Maduro, así como Camilo y Pedro Atala cuya familia es señalada de ser los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y quienes son al mismo tiempo dueños del Banco Ficohsa y otros grandes negocios en Honduras.

¿CÓMO Y DE DÓNDE SALIÓ ESTE ACUERDO?

Todo inició en 1992 con la Declaración de Río de Janeiro, Brasil, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y que constó de 27 Principios, entre ellos el Principio 10 que reza así:

"el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes".

Veinte años después, en 2012, cuando la región ya estaba vendida por medio de los Tratados de Libre Comercio esparcidos por todos los países con inversiones extractivas a toda marcha, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). Se continuó insistiendo en la problemática ambiental que acarrea este desarrollo que no se sostiene y que más bien empeora las cosas. No hubo mayores avances y los gobiernos y las empresas siguieron preguntándose por qué se agudizaba el Cambio Climático. Mientras, el resto se percata cómo este desarrollo de unos cuantos es insostenible para la mayoría de los pueblos y para la naturaleza. Los megaproyectos mineros, de represas, fracking, monocultivos, oleoductos, gasoductos, grandes carreteras, puertos, aeropuertos, regasificadoras, inversiones turísticas de élite en las costas, entre otros, ya estaban cimentados en toda la región con consecuencias socio ambientales de gran magnitud.

Veintidós años después, en noviembre de 2014, los países aprobaron la Decisión de Santiago que puso las bases para iniciar la negociación de un instrumento regional que por fin implementara el famoso Principio 10 acordado más de veinte años atrás. Como siempre, ya muy tarde.

Y ventiseis años después de la Declaración de Río, el 4 de marzo de 2018, en la ciudad de Escazú, Costa Rica, se logró al fin el texto definitivo de este Acuerdo que, a partir del 27 de septiembre de 2018, abre las posibilidades para que los gobiernos lo firmen en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. [2] Y todo inspirado en un horizonte que una y otra vez se alarga en el tiempo: "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". El horizonte que los gobiernos se trazaron para "no dejar a nadie atrás". Y al final, al acercarse esta fecha, nuevamente podremos escuchar que se imposible y que es necesario ver el "desarrollo sostenible" para el 2050. ¿Cuándo entenderemos que ese "desarrollo sostenible" no es real, no existe?

UN ACUERDO PARA MAREAR LA PERDIZ

La región vive una crisis aguda muy profunda. Los Tratados de Libre Comercio se profundizan y se establecen mecanismos para garantizar los intereses de las grandes corporaciones y sus inversiones, entre ellos el condicionante de flexibilizar los estándares ambientales para poder invertir.

La información es poder, y es algo que no se les entregará a los movimientos sociales que defienden el medio ambiente y que pueden bloquear las inversiones multimillonarias como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. La información hay que arrancarla, rastrearla, pagarla, y muchas veces cuesta la vida tan solo buscarla. La opacidad de la información en el juicio de la ambientalista Berta Cáceres en Honduras en una muestra de ello.

Los Países de la región se caracterizan por una impunidad y corrupción sin precedentes. Pero donde hay un corrupto, hay un corruptor. Las grandes corporaciones trasnacionales de la región como de otros continentes se disputan contratos, concesiones, territorios, créditos blandos, maximización de ganancias así como el control de rutas comerciales y bienes comunes naturales, culturales y todo aquello que logran incorporar a la lógica del mercado.

La violencia se desata en México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Perú o Brasil. Los gobiernos se tambalean en Nicaragua, Guatemala, Brasil o Venezuela. Las órdenes de aprehensión contra lideresas y líderes medioambientales se suscitan en casi todos los rincones persiguiendo la lucha por la defensa de los ríos, del agua, de la alimentación o de los bosques. En Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala, se persiguen a los expresidentes; en otros países aumentan los migrantes como en Nicaragua, El Salvador, Honduras, México o Venezuela. En la mayoría la falta de inversiones en educación y salud genera grandes desigualdades y pobreza. Pese a todo ello, los gobiernos dicen que este Acuerdo "tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible."

Si "la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son también cruciales para el desarrollo sostenible", como reza la introducción del Acuerdo, es de lo que adolecen las instituciones púbicas de la región. Además, sus actuales gobiernos consideran que con este Acuerdo se camina hacia la "eliminación de la violencia y el racismo", con un compromiso de "lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y ambiental— de forma equilibrada e integrada". Y "al adherirse a este tratado histórico, además de continuar fortaleciendo la democracia ambiental..."

Habrá quienes digan que el Acuerdo es una gran oportunidad, que hay que agotar todas las instancias y usarlas; y otros dirán que más bien los que se agotan antes de perder la vida son los movimiento sociales con tanto instrumento que no ven avances, y que solo sirven para marear al perdiz.

Notas:

[1] 1 De los 33 países de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

[2] Para la información actualizada del acuerdo y sus actividades, véase https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

[3] "Marear la perdiz" significa hacer perder intencionadamente el tiempo en rodeos, circunloquios o dilaciones que retrasen u obstaculicen la resolución de un problema, como mera táctica dilatoria. La expresión es cinegética. Cuando se cazaban perdices, frecuentemente se las "marea". http://etimologias.dechile.net/Expresiones/?Marear-la-perdiz

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