Irregularidades en el proceso de retención de Gustavo Castro en Honduras


Foto:EFE

 

Conferencia de prensa

Irregularidades en el proceso de retención de Gustavo Castro en Honduras

Tegucigalpa, Honduras, el 10 de marzo de 2016

    Nuevamente agradecemos las muestras de solidaridad nacional e internacional recibidas en el marco de la alerta migratoria para evitar la salida del país que sufre Gustavo Castro actualmente en Honduras. De mismo modo, recordamos que Gustavo es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que la Embajada mexicana, hasta el momento, ha brindado la debida protección consular durante las diligencias y el resguardo de su integridad física y psicológica. Pese a todo, el Sr Gustavo Castro ha estado dispuesto a colaborar en todas las diligencias que se le han pedido y a la hora que se ha solicitado, y lo seguirá haciendo en los términos que marca la ley.

 

    Reiteramos que el proceso judicial ha estado caracterizado por la violación de los derechos humanos y garantías procesales de Gustavo Castro y su familia como ser: largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias, la falta de asistencia médica y psicológica como víctima de un delito grave, la retención de sus pertenencias y sobre todo la prohibición de salir del país, medida que vale mencionar, la propia jueza del caso reconoce en su resolución como no prevista para testigos.

    Además, el día de ayer, la referida jueza, Victorina Flores, del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, Intibucá, resolvió negar el recurso de reposición interpuesto contra la prohibición de salir del país por 30 días al mexicano Gustavo Castro.  Careciendo la adecuada motivación y confundiendo hechos, la jueza indica que éste incumplió una citación que Gustavo nunca tuvo por recibida cuando se suscitó el incidente del aeropuerto, ya que en dicho hecho las autoridades policiales y fiscales se limitaron a impedir su salida sin hacerle entrega alguna de citación. Aduce que incurrió en el delito de desobediencia y que podría haber librado una orden de captura. Lamentamos, además, la suspensión del proceso y del ejercicio de la profesión que la jueza decretará a la abogada de Gustavo Castro, Ivania Galeano, por el término de 15 días, medida que se extra limita de las facultades del órgano jurisdiccional y que además carece de la fundamentación adecuada,  contra la cuál la abogada estará accionando los recursos de ley correspondientes.

    Las irregularidades cometidas se suman a las del proceso general de investigación administrativa y judicial que se ha llevado a cabo en el esclarecimiento del asesinato  de Bertha Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.

    Con estos indicios tememos que la jueza del caso esté predispuesta para fincar responsabilidades penales a Gustavo Castro, víctima, testigo y defensor de derechos humanos. Del mismo modo, las actuaciones de la Fiscalía y del Juzgado, han dejado en un estado de indefensión total a las víctimas y testigos, limitándose documentación fundamental para su representación en el proceso como ser la con copia de todas las diligencias en las que han participado y al constituir una práctica inhibitoria para el ejercicio de la representación legal por cualquier abogado que quiera representarlas.

    En tal sentido, consideramos que la Embajada de México en Honduras, debe doblegar los esfuerzos para restituir los derechos de Gustavo Castro y proteger su integridad física y psicológica, de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos, frente a una detención ilegal en Honduras y el peligro de su criminalización.

    Del mismo modo instamos a las instituciones de justicia a conducirse con estricto apego a derecho, cumpliendo con el debido proceso, la debida diligencia y las garantías judiciales de las víctimas reconocidas en la normativa nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, evitando la criminalización de los afectados y reforzando las líneas de investigación que obedecen a los antecedentes inmediatos de las actividades de la Defensora de derechos humanos y Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Bertha Cáceres.

Firman:

Familiares de Bertha Cáceres

Familiares de Gustavo Castro

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

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