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[INFORME] Vidas borradas: La invisibilización de las víctimas del desplazamiento por presas en México

Informe publicado en 2018 por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el Movimiento mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), OXFAM

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El presente documento expone los resultados de una investigación sobre el desplazamiento de personas a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica en México y el periodo 2006-2016. Su objetivo principal fue proporcionar información estadística al informe alternativo que la sociedad civil entregó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (cdesc).

En esta introducción se revisa críticamente el discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo, y se presenta una caracterización general de las presas construidas durante los siglos xx y xxi  para diferenciarlas en términos de sus dimensiones, sus aprovechamientos y la magnitud de sus impactos.

El segundo capítulo describe la metodología diseñada para el análisis de las presas y de sus afectaciones sociales. Como allí se menciona,  os datos empleados provinieron principalmente de documentos oficiales publicados por dependencias federales durante los sexenios encabezados por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Como gran parte del trabajo consistió en la caracterización de las obras de infraestructura hídrica, en el tercer capítulo se presentan los rasgos básicos de las 259 presas levantadas en el periodo 2006-2016: ubicación, altura de la cortina, capacidad de almacenamiento, usos del agua y promoventes.

El capítulo continúa con la descripción general de las 35 presas seleccionadas para el análisis, de capacidad mayor de 0.5 hectómetros (hm3), y en su última parte se enuncian las afectaciones sociales derivadas de los desplazamientos.  Finalmente, en el cuarto capítulo, a modo de conclusiones se aporta una reflexión sobre los principales hallazgos de la investigación.

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El Escaramujo 84: LAS RAZONES DEL ÉXODO HONDUREÑO

 Los "Escaramujos" son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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El éxodo masivo del pueblo hondureño que dio inicio en octubre de 2018 en busca de refugio, ha conmocionado al mundo entero por su forma y cantidad de miles de personas y familias que huyen a toda prisa cruzando fronteras. Muchas razones y causas son las que han originado esta estampida de personas que por algunos sectores ha sido caracterizado con racismo y xenofobia para  descalificarla. Sin embargo, la violencia, la pobreza, la impunidad en la que se vive desde hace años en este país explica las razones de fondo para huir de un gobierno tutelado por las fuerzas militares, los grandes intereses corporativos y el narcotráfico pero también por la injerencia de los Estados Unidos, los bancos y las familias más ricas del país que mantienen al pueblo hondureño en condiciones de miseria y violencia que ha llegado el punto en que, según el Informe Global de Homicidios de Naciones Unidas, en 2014 fue catalogado como el país más inseguro del mundo. Con un ingreso per capita que lo posiciona como el segundo más bajo del continente, con el índice más alto de desigualdad e inequidad y la mayor tasa de homicidios del mundo con cifras históricas desde 1998.

ANTECEDENTES DEL REFUGIO

Honduras se ha caracterizado desde el Siglo XX por sus gobiernos militares golpistas, por la corrupción, la violencia, la impunidad y los índices de mayor pobreza y miseria de toda la región. Desde la década de los 80’s fue un objetivo de intervención militar y estratégico para el gobierno de los Estados Unidos con el fin de contrarrestar los procesos revolucionarios centroamericanos con financiamiento de la CIA y formar fuerzas armadas contrarrevolucionarias.

A partir de 1998 Honduras inicia la vorágine de firma de Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos Comerciales Preferenciales o Acuerdos Parciales con 60 países hasta la fecha. Simultáneamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) aplicaron medidas neoliberales obligando al país a reducir las barreras arancelarias, a privatizar empresas estatales en medio de un servicio deficiente y lleno de escándalos de corrupción como en el sector eléctrico, telefonía, salud, entre otros. También se impulsaron modificaciones legales para facilitar la llegada de inversiones extranjeras y de la oligarquía nacional, y por ello se aprobaron leyes para el fomento a la inversión como la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, la Ley de Ordenamiento Estructural, la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, la Ley Nacional de Empleo por Horas, la Ley de Incentivo al Turismo o la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Toda esta imposición de políticas neoliberales generó una agudización de la pobreza, de desempleo y pérdida de derechos laborales, de eliminación de subsidios, de la crisis del campo y de los sistemas de salud, educación y otros servicios públicos. Esta crisis económica del país, acompañada de la violencia del narcotráfico y las "maras" -cuyos integrantes jóvenes han sido excluidos del sistema y conforman históricamente parte de los fenómenos de migración-, empujó con mayor razón a una migración forzada y a un descontento social cuya respuesta fue la represión y la violación sistemática de los derechos humanos, tutelada por una estructura judicial débil, corrupta y vinculada los intereses del crimen organizado.

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[AUDIO] Represa impuesta con sangre: asesinan a dos defensores del río Pojom en Guatemala

Nota y audio de Radio Mundo Real - A 20 de diciembre 2018

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El Consejo de Pueblos Wuxhtaj y el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que integran el Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR), denunciaron que el 16 de diciembre fueron asesinados los hermanos Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, oriundos de la comunidad Bella Linda, microrregión de Ixquisis (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala).

Ambos eran defensores del río Pojom y se oponían a la construcción de las hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés. "Fueron asesinados a balazos, en el marco de una serie de ataques perpetrados por fuerzas oficiales y paramilitares encargadas de proteger estos tres proyectos, contra los cuales la población indígena Chuj lleva más de una década resistiendo de manera pacífica", denunciaron desde el Movimiento de Afectados por Represas.

Joel, responsable de la organización comunitaria de Bella Linda, dijo a RMR que el Ministerio Público Fiscal y la Policía Nacional Civil (PNC) actuaron con negligencia luego que organizaciones de derechos humanos denunciaran ante las autoridades la aparición de los cuerpos de los hermanos en la casa de máquinas de la empresa hidroeléctrica.

Desde el Consejo del Pueblo Maya (CPO) señalaron que estos crímenes son parte del hostigamiento y otros tipos de violencia ejercida por integrantes de la empresa panameña Energía y Renovación Holding S.A., que ha impuesto sus proyectos en el territorio con la complicidad del gobierno guatemalteco, la represión de la PNC y el apoyo de inversiones de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Francisco Rocael, integrante del CPO,  dijo a Radio Mundo Real que estos proyectos extractivistas han dividido a muchas comunidades, generando conflictos a través de "infiltrados" que enfrentan a pobladores entre sí. El defensor pidió justicia por los asesinatos de los Esteban Pedro y recordó que también sigue impune el crimen de Sebastián Alonso, cometido en enero de 2017, asesinado por fuerzas paramilitares durante una marcha pacífica organizada contra Pojom I.

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Mensaje de la REMA al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: "Coincidencias y Discordancias"

Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) - A 19 de diciembre 2018

LIC. ADELFO REGINO MONTES,

En REMA leímos con atención su repuesta a nuestro comunicado del 13 de diciembre 2018. De su respuesta apreciamos la importancia en la cual hace pública su postura y "reitera su firme convicción de llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar a los pueblos indígenas su derecho fundamental a sus tierras, territorios y recursos naturales", porque tomando en cuenta la legitimidad con la cual ingresan a tomar las riendas del mando en este sexenio, muchas y muchos no esperaremos menos de ninguno de los funcionarios del nuevo gobierno, porque en términos concretos es su obligación.

Sin embargo, no compartimos algunas de sus apreciaciones cuando usted señala: "es necesario enfatizar que en la Constitución Política Federal, en el Convenio número 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas, la consulta y el consentimiento no están previstos como una herramienta estatal, sino como un derecho fundamental de los pueblos indígenas”, porque son varios pueblos originarios en Latinoamérica que realizan álgidos debates sobre los cambios constitucionales que citan la importancia de los pueblos originarios y sin embargo, a través del uso de la consulta, han sufrido la imposición del modelo extractivo. También revisan y cuestionan el pero real que en verdad tienen tanto el convenio como la declaratoria, para los cuales mencionan por lo menos los siguientes argumentos: 1. El hecho de que exista un marco normativo sobre los derechos humanos y de los pueblos originarios, no significa que estén bien hechos ni que tengan efectos vinculantes de forma directa, porque si así fuera, nada de lo que ocurre actualmente con el modelo extractivo sucedería. 2. Tampoco se garantiza que los gobiernos hagan cabal cumplimiento de su uso, porque desde hace años, no se respeta los derechos reconocidos en la constitución, el convenio y la declaratoria. Por el contrario, hoy son utilizadas para manipular el marco ético y de buena fe que dichos documentos refrendan, para pasar encima de la historia de los pueblos originarios. Para REMA son temas para el debate, porque recurrentemente usan esos argumentos para imponer los megaproyectos.

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