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El Escaramujo

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México: el fracking y las profundas raíces de la violencia

Por Aroa de la Fuente López*
en Observatorio Petrolero Sur

La situación por la que atraviesa México es alarmante. Las más de 23 mil personas desaparecidas en el país entre 2007-2014, según cifras oficiales[1], nos hablan de un contexto de violencia e impunidad excepcional en el que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo indignante y doloroso que es, sólo representa la punta del iceberg. Rara vez se va a la raíz del problema, se señala al crimen organizado como el causante de las muertes, las desapariciones y los ataques. En este sentido, es necesario resaltar que la violencia que vive el país tiene raíces mucho más profundas en las cuales el Estado tiene una gran responsabilidad. Entre otras razones, por instrumentar políticas que priorizan los intereses privados y empresariales sobre los públicos, por la falta de espacios de participación, por la debilidad institucional inducida, y por la pobreza y la marginación en las que subsiste una gran parte de la población, en especial la indígena.

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Informe: Justicia fallida en el estado de Guerrero

Open Society

El 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes activistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos e introducidos en vehículos policiales en Iguala, Estado de Guerrero. Desde entonces, ninguno de los estudiantes—43 en total—ha sido visto de nuevo.

La desaparición de los 43 estudiantes, atribuida a intereses corruptos entre políticos locales, narcotraficantes y policías, desató protestas a lo largo y ancho del país debido a la frustración que provoca la impunidad. Esta atrocidad se convirtió en símbolo de la incapacidad de México de proteger a sus ciudadanos de homicidios y desapariciones, así como para investigar y sancionar a los culpables.

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Auténticos amigos de las trasnacionales

Silvia Ribeiro, ALAI

El Acuerdo de Comercio en Servicios que negocian en secreto gobiernos de 50 países, incluido México, (TISA por sus siglas en inglés) supera todo lo que se ha visto hasta el momento en materia de tratados internacionales en pos de dar beneficios irrestrictos a las empresas trasnacionales, contra los intereses y el bien público.  El término “servicios” en este contexto abarca desde agua y alimentación, a salud, educación, investigación, comunicaciones, correos, transportes, telecomunicaciones, comercio electrónico, venta minorista y mayorista, servicios financieros, y mucho más, incluso los mal llamados “servicios ambientales” relacionados a bosques, sistemas hidrológicos y otras funciones de los ecosistemas. ¡Hasta los migrantes se incluyen en el tratado como supuestos “proveedores de servicios”!  El sector servicios es además el mayor empleador de los países de ingresos altos y medios, son enormes los impactos contra derechos laborales y sindicales.

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